Aborto legal en Tucumán: impulsan la obligatoriedad de informar sobre secuelas y ecografías con sanciones a médicos, ¿en colisión con la ley nacional?

Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura de Tucumán por el legislador Walter Berarducci (foto inferior) busca instrumentar la provisión obligatoria de información científica, biológica y médica a toda persona gestante antes de someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o Interrupción Legal del Embarazo (ILE), y establece un severo régimen de sanciones para los profesionales y centros de salud que omitan su cumplimiento. La iniciativa tucumana plantea garantizar una tutela informativa integral que abarca desde la exhibición obligatoria de estudios ecográficos con imágenes y sonidos hasta la advertencia sobre posibles secuelas físicas y psíquicas y la difusión del régimen de adopción provincial. Sin embargo, el texto puede generar debates en el ámbito jurídico ante las eventuales contrariedades y roces normativos que sus disposiciones mantienen con la Ley Nacional 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, legislación de orden público que consagra expresamente el carácter voluntario de las prestaciones complementarias de información, el resguardo de la autonomía de la voluntad y el derecho a no recibir información inadecuada o no requerida.

En lo que respecta a la estructura del proyecto provincial, el expediente establece como objeto central en su primer artículo el deber de "garantizar la información plena, clara e integral, desde el punto de vista científico y biológico a toda madre gestante en los controles prenatales y previo a toda práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción legal del embarazo (ILE)". Para dar cumplimiento a esta premisa, el artículo segundo crea un "protocolo de información obligatorio a las madres gestantes", mientras que el artículo tercero determina que será de acatamiento forzoso para "todo profesional de los centros de salud públicos y privados de la Provincia", tanto en la etapa de control prenatal como ante la decisión de interrumpir la gestación.

El articulado de la norma impulsada por Berarducci detalla los contenidos mínimos de la información que debe suministrarse a la paciente de manera previa a la práctica. En su inciso a), exige entregar "la información y resultado obtenido mediante los estudios ecográficos realizados en relación con el embarazo, que abarca la visualización de las imágenes y sonidos durante el estudio, junto con la explicación clara, objetiva y científica acerca de su contenido y de los elementos clínicamente identificables que se aprecien en el seno materno, producto de dicho estudio". Asimismo, el inciso b) impone brindar "información íntegra sobre posibilidad de secuelas físicas y psíquicas que tengan apoyo científico y base estadística, que puedan derivar de las prácticas de la interrupción voluntaria y legal del embarazo IVE e ILE, en base a los métodos disponibles", en tanto que el inciso c) añade la obligación de poner a disposición "la información sobre el régimen de adopción existente en nuestra provincia, conforme sus leyes regulatorias y posibilidad de asesoramiento de los equipos interdisciplinarios del Poder Judicial de Tucumán".

Para asegurar la aplicabilidad del protocolo, el proyecto dispone en sus artículos cuarto, quinto y sexto que la comunicación debe efectuarse en términos claros y accesibles, constando por escrito en el consentimiento informado que se adjuntará a la historia clínica. Además, impone a los establecimientos públicos y privados el deber de contar con profesionales técnicamente capacitados para asistir al médico en la transmisión de los aspectos psicosociales y de adopción. La exigencia informativa se encuentra respaldada por un punitivo esquema de responsabilidades concurrentes fijado en el artículo séptimo: en el terreno civil y penal, se establece que el médico actuante y las autoridades o directivos del establecimiento "serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la paciente como consecuencia directa de la omisión de la información", sin perjuicio de las acciones penales por omisión dolosa o culposa; mientras que en el ámbito de la salud pública, la omisión del deber de informar "tipifica falta grave de carácter administrativo, la cual deberá ser sustanciada mediante el sumario administrativo correspondiente, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, inhabilitaciones o exoneraciones que pudieren corresponder". En sus fundamentos, Berarducci argumenta que el Código Civil y Comercial de la Nación consagra que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y sostiene que la autonomía de la voluntad "no es un mero acto burocrático o formal, sino una declaración de voluntad que exige una información clara, precisa, suficiente y adecuada sobre los hechos", por lo que omitir datos biológicos o alternativas vulneraría la esencia del consentimiento.

Al confrontar este plexo normativo con la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, emergen discrepancias sustanciales, particularmente al examinar los artículos 5 y 6 de la legislación federal. El artículo 5 de la norma nacional regula los derechos en la atención de la salud y fija principios rectores como el trato digno, la privacidad y la confidencialidad. En su inciso d), referido a la autonomía de la voluntad, la ley nacional estipula taxativamente que "el personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos" y añade que "las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad". A su vez, en materia informativa, el inciso e) del mismo artículo estatuye que "la paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada", al disponer que se debe suministrar información objetiva sobre los métodos de interrupción, sus alcances y consecuencias.

Las diferencias y eventuales contrariedades entre ambos marcos normativos se profundizan al analizar el artículo 6 de la Ley 27.610, el cual enumera las prestaciones de información, atención integral y acompañamiento en métodos anticonceptivos que los establecimientos de salud deben poner a disposición de la persona gestante tras la solicitud de la IVE. La norma nacional concluye dicho artículo con una salvaguarda inequívoca al dictaminar: "Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica".

El cotejo de ambas legislaciones expone así tres puntos centrales de fricción jurídica:

1. En primer término, surge una contradicción directa respecto a la obligatoriedad de las instancias informativas y de acompañamiento. Mientras la ley federal 27.610 consagra que el asesoramiento complementario y la información sobre opciones posteriores no pueden ser impuestos de forma obligatoria a la paciente ni constituir un requisito procedimental para acceder a la práctica, el proyecto provincial de Berarducci erige un protocolo de información previo de carácter compulsivo e ineludible, sin el cual el acto médico quedaría viciado e incurriría en falta grave.

2. En segundo lugar, se advierte una tensión en torno a los límites del derecho a la información y la tutela contra interferencias axiológicas. La legislación nacional garantiza a la persona solicitante el derecho a no recibir información inadecuada o no requerida, preservando su tranquilidad y su decisión soberana sin cargas emocionales añadidas. En contraste, la iniciativa provincial impone la exhibición forzosa de ecografías con sonido e imágenes del seno materno y la entrega obligada de datos sobre adopción y eventuales secuelas psíquicas, lo que puede ser señalado como una potencial barrera disuasiva o una injerencia contraria al espíritu del artículo 5 de la norma federal.

3. Por último, se plantea una controversia de jerarquía constitucional y orden público. El artículo 21 de la Ley 27.610 establece que sus disposiciones son "de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina". Al tratarse de una ley nacional que regula un derecho de fondo en materia de salud pública, la aprobación de protocolos provinciales que introduzcan requisitos adicionales, dilaciones o regímenes sancionatorios sobre los profesionales de la salud podría entrar en colisión con el principio de supremacía federal, abriendo la puerta a futuros planteos de inconstitucionalidad en los tribunales.