Tucumán institucionaliza la Educación Ambiental Integral como política de Estado en medio de advertencias por "adoctrinamiento"

La provincia de Tucumán dio un paso fundamental en materia legislativa al sancionar la adhesión a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral, buscando que la preservación del entorno deje de ser una acción voluntarista de los gobiernos de turno para transformarse en un derecho jurídico permanente. El proyecto, que amalgama diversas iniciativas de distintos parlamentarios, propone que el cuidado de la "casa común" se integre de forma transversal en la currícula escolar, asegurando que las futuras generaciones cuenten con herramientas críticas frente a desafíos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable establece en su Artículo 1° la adhesión formal a la Ley Nacional 27.621, la cual reconoce el derecho a la educación ambiental integral con perspectiva de desarrollo sostenible como una política pública irrenunciable.

La legisladora Adriana Najar, miembro informante del proyecto (foto inferior), destacó que esta norma es el resultado de una voluntad política sostenida desde el año 2021 y del diálogo con diversos sectores sociales y técnicos. Durante su intervención, Najar subrayó la necesidad de previsibilidad: “Lo que estamos discutiendo es si Tucumán va a garantizar jurídicamente que esas acciones continúen dentro de 10, 20 o 30 años, independientemente de quién esté en el gobierno. La educación ambiental no puede ser una herramienta circunstancial, debe ser un derecho consolidado”. En este sentido, el articulado del proyecto designa en su Artículo 2° al Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Ambiente como autoridades de aplicación conjuntas, encargadas de velar por el cumplimiento de los objetivos ambientales en el territorio provincial.

Por su parte, el legislador Hugo Ledesma celebró la incorporación de Tucumán a la lista de provincias que ya cuentan con este marco normativo, resaltando que la educación es la mejor inversión ante la falta de recursos actuales. “La enseñanza y el cuidado del ambiente en nuestras escuelas es invertir en futuro. Es apostar para tener un país mejor. No se puede cuidar lo que no se conoce. Y en este caso lo que no se conoce cómo cuidarlo”, manifestó Ledesma, haciendo hincapié en que la provincia tiene un patrimonio natural bendecido que requiere protección urgente. Para operativizar esta visión, el Artículo 3° obliga al Ministerio de Educación a incorporar contenidos de manera transversal en todos los niveles y modalidades, promoviendo un “enfoque interdisciplinario y una visión integral de los problemas ambientales”.

Sin embargo, el clima de consenso se rompió con la intervención de la bancada de Fuerza Republicana. El legislador Eduardo Verón Guerra (foto inferior) fundamentó el voto negativo de su bloque denunciando que la ley nacional tiene un trasfondo de manipulación política. “Usar el tema del medio ambiente para adoctrinar es el peligro... incorpora conceptos ideológicos ambiguos dentro del sistema escolar como distribución de riqueza, igualdad de género, diversidad cultural, temas netamente ideológicos”, sentenció el parlamentario. Además, Verón Guerra calificó a la norma como una "ley muerta", argumentando que fue concebida bajo una estructura ministerial nacional que hoy ya no existe o está desfinanciada: “Hoy después de que el país ha cambiado en la forma que cambió, hay organismos que no están funcionando y están dentro de la ley, por lo que me parece que estamos legislando en una ley muerta”.

Además, el referente del bussismo señaló que solamente ocho provincias del país adhirieron a la ley. "Las demás como Tierra del Fuego, CABA, Buenos Aires, hicieron su propia ley. Así que propongo que esto se revise y desligar todo lo ideológico y hablar realmente de una ley de medio ambiente para Tucumán con todas las particularidades que tiene la provincia”.

A pesar de estas objeciones, la mayoría legislativa ratificó la importancia de la norma, que también incluye en su Artículo 6° el deber de promover la formación docente continua para garantizar que los educadores posean las herramientas pedagógicas adecuadas. Asimismo, se crea un Registro Provincial de Instituciones y Organizaciones de Educación Ambiental para integrar a la sociedad civil y a las universidades en este proceso formativo no formal. Hacia el cierre del debate, se recordó que la ley también modifica la Ley Provincial de Educación N° 8391 para fortalecer la toma de conciencia sobre la biodiversidad, la equidad intergeneracional y la justicia ambiental como pilares del sistema educativo tucumano.