Soberanía energética en juego: el reclamo para que las hidroeléctricas vuelvan a jurisdicción provincial en 2026

En un escenario marcado por la incertidumbre sobre las definiciones del Gobierno nacional, la Legislatura de Tucumán analiza una propuesta para el futuro energético regional. El proyecto de Resolución, presentado por el legislador José Seleme (Avanza Tucumán) surge ante la proximidad del vencimiento de la concesión otorgada en los años 90 a la firma Hidroeléctrica Tucumán S.A.. El planteo se suscita mientras la administración nacional aún no definió si prorrogará el vínculo con la actual prestataria o iniciará un nuevo proceso licitatorio, lo que motivó al parlamentario a solicitar que el Estado provincial actúe de manera urgente para reasumir la jurisdicción y explotación de los complejos hidroeléctricos estratégicos para el territorio.

El núcleo de la iniciativa de Seleme consiste en instar al Poder Ejecutivo provincial a que, mediante sus organismos técnicos, inicie las gestiones necesarias ante la Nación para que Tucumán “retome la jurisdicción, administración y explotación de las centrales hidroeléctricas de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo”. El legislador advierte sobre la urgencia de estas tramitaciones, dado que el contrato vigente caduca en julio de 2026, y considera fundamental que los ingresos generados por la energía queden en manos locales para impactar favorablemente en el costo del servicio que pagan los usuarios tucumanos.

Paralelamente, el Gobierno de la provincia mantiene una actitud de vigilancia ante la falta de directivas desde la Casa Rosada, aunque ya se bosquejaron planes para lograr una participación local que permita abaratar costos energéticos y generar recursos destinados a la modernización de la infraestructura.

La preocupación legislativa se apoya en los problemas estructurales detectados recientemente, en particular los suscitados en 2023 en la Presa Lateral N° 3 del Embalse Celestino Gelsi (El Cadillal). Seleme destaca que la aparición de filtraciones y oquedades puso en riesgo la estabilidad de la obra, lo que obligó al Estado provincial a intervenir financieramente. Según el documento, ante la supuesta incapacidad de la concesionaria, el Ejecutivo debió “salir en auxilio de la empresa Hidroeléctrica Tucumán S.A. para hacer las obras de reparación necesarias” mediante una inversión millonaria que, según el bloque, no habría resuelto definitivamente el problema.

En este sentido, las autoridades provinciales dividieron sus esfuerzos en tres frentes operativos: el Ministerio de Obras Públicas finalizó la reparación técnica de la presa lateral tras dos años de trabajos; la Fiscalía de Estado inició una demanda judicial para que la Nación o la empresa devuelvan los fondos desembolsados por Tucumán; y el Ministerio de Economía lidera el diálogo político con la Secretaría de Energía de la Nación para determinar el futuro del complejo.

El proyecto de Seleme detalla las estructuras que estarían bajo la nueva órbita provincial: la Presa de Escaba (sobre el río Marapa), la Central Hidroeléctrica Pueblo Viejo (sobre los ríos Los Reales y La Horqueta) y la Central El Cadillal (sobre el río Salí). La intención es aprovechar la ventana que abre el vencimiento de la concesión para jerarquizar estas estructuras y asegurar que su administración sea “beneficiosa en el costo de las tarifas” y segura para la población.