Amplían la denuncia contra el titular del Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en Benjamín Paz

Los periodistas del medio Enterate, Mauricio Formoso, Roque Galeano y Martín Faciano, ratificaron y ampliaron ante la Legislatura provincial el pedido de juicio político contra el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, a quien acusan de presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una polémica vinculada a una obra ejecutada en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

La presentación legislativa impulsada por los periodistas del medio vinculado al diputado nacional Carlos Cisneros cuestiona la actuación del Tribunal de Cuentas respecto de la construcción del Pabellón N° 8 destinado a adolescentes, obra que formó parte de un proyecto ejecutado por la empresa HAGA U.T.E.

Según los denunciantes, un expediente de pago por $294.852.768,52 habría quedado frenado luego de detectarse que los trabajos se realizaron sin los controles preventivos previstos por la normativa vigente. En ese contexto, sostienen que existieron irregularidades administrativas y responsabilidades funcionales dentro del organismo de control.

A fines de esta semana, los denunciantes presentaron una ampliación del pedido original, en la que ratificaron todos los términos de la acusación y sumaron nuevos elementos documentales, hechos posteriores y pedidos de prueba.

En el escrito, los periodistas señalan que la ampliación busca “incorporar nuevos hechos, secuencia temporal, elementos documentales y hechos posteriores a la presentación originaria”, además de solicitar “producción de prueba documental, informativa y testimonial” y la citación de funcionarios intervinientes.

Uno de los párrafos más duros de la presentación, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, apunta directamente al funcionamiento institucional del organismo. Allí, los denunciantes sostienen que “los cargos formulados son de naturaleza político-institucional y se vinculan con el desempeño funcional, la observancia de los deberes de control y la eventual afectación a principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa”.

En otro tramo del documento, remarcan que el planteo “no persigue la atribución de responsabilidad penal”, sino que busca determinar si existió incumplimiento en las obligaciones propias del cargo por parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas.

La ampliación también incorpora referencias a actuaciones administrativas, acuerdos internos y decretos oficiales vinculados con el expediente de la obra penitenciaria. Entre ellos, se menciona el expediente N.º 414/860-M-2026 y el Decreto N.º 850/8, además de un comunicado institucional difundido por jefes de área del propio Tribunal de Cuentas.

Asimismo, los denunciantes solicitaron resguardar la imparcialidad del proceso legislativo y pidieron informes sobre “posibles causales de excusación y trazabilidad de la circulación de la denuncia”, además de mantener “reserva de fuente periodística”.

El pedido de juicio político contra Chaibén Terraf generó repercusiones políticas e institucionales en Tucumán, especialmente por involucrar al principal órgano de control externo de la provincia y por las derivaciones administrativas vinculadas a una obra pública millonaria ejecutada en el complejo penitenciario de Benjamín Paz.