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Gustavo Morales intentó volver a los tribunales por la vía judicial y por ahora no lo consiguió. El abogado, que en julio de 2025 aceptó una condena por cinco delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, pidió a la Justicia que suspendiera la sanción que lo dejó fuera de la matrícula por cinco años. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el planteo, de modo que la exclusión sigue vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La decisión fue firmada el 11 de noviembre por la vocal presidenta de la Sala II, María Felicitas Masaguer, en el expediente en el que el letrado apeló la Resolución N° 86/2026, que el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados dictó el 21 de septiembre y que dispuso su exclusión del ejercicio profesional por cinco años, además de la cancelación y baja de la matrícula N° 3.924.
Morales presentó el recurso el 3 de octubre, con el patrocinio de Luis Romero Abadie. En subsidio, planteó la inconstitucionalidad de los artículos 30, 35 y 37 de la Ley 5.233, que regula el ejercicio de la abogacía en la provincia. Como medida cautelar, pidió que se ordenara al Colegio abstenerse de ejecutar la sanción hasta que hubiera una sentencia firme sobre el fondo.
Para justificar el pedido, sostuvo que el Tribunal de Ética no respondió sus planteos sobre competencia y convencionalidad. También le atribuyó un uso fragmentario del juicio abreviado, una interpretación del artículo 35 de la ley como si obligara a aplicar la exclusión sin opción de otra sanción y la imposición del máximo de la pena sin fundamentar su graduación. En cuanto al peligro en la demora, alegó que la abogacía es su única fuente de ingresos, de carácter alimentario, que es padre de dos hijas menores de edad y que la sanción también perjudica a sus clientes, porque debe intervenir como defensor en numerosas audiencias en los centros judiciales Capital y Concepción.
El 14 de octubre, el Colegio remitió a la Cámara una copia certificada del sumario disciplinario. Con ese expediente a la vista, Masaguer repasó los fundamentos de la sanción. El Tribunal de Ética actuó de oficio, en los términos del artículo 37 de la Ley 5.233, a partir de la sentencia que el Colegio de Jueces de la Capital dictó el 3 de julio de 2025.
En esa audiencia de juicio abreviado pleno, Morales reconoció todos los hechos que le imputaba la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y aceptó el acuerdo. Fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos durante seis años. Las partes renunciaron a recurrir, por lo que la sentencia quedó firme.
Los hechos reconocidos fueron cinco, en concurso real. El primero fue una desobediencia judicial: Morales incumplió la orden de confidencialidad que el juez de Impugnación Agustín Puppio dictó en marzo de 2022 en la causa por abuso sexual infantil. El segundo fue una turbación de un acto legítimo de autoridad: el 17 de abril de 2023 se ausentó deliberadamente del inicio de un juicio oral, fijado con cuatro meses de antelación, en la causa "Neufeld, Rodolfo s/ Violación de los deberes de funcionario público", para frustrar la audiencia.
El tercero fue la instigación a cometer sedición. Entre enero y febrero de 2024, mediante videos en TikTok y YouTube desde la cuenta "@todalaveradok" y mensajes en el grupo de WhatsApp "Sueldo Policial 2024", incitó a efectivos de la Policía de Tucumán a declararse en huelga y acuartelarse contra sus superiores y el Gobierno provincial. Por esa causa, Morales había sido detenido con prisión preventiva a fines de febrero de 2025.
El cuarto hecho fue una desobediencia judicial reiterada. En diciembre de 2024 violó la prohibición que el juez Gonzalo Ortega le había impuesto en octubre de ese año de hacer manifestaciones injuriosas sobre el ministro fiscal Edmundo Jiménez y su familia, al calificarlo en los medios como "principal corrupto de la provincia". El quinto fue el falso testimonio reiterado en calidad de instigador: llevó a Raúl Roberto Aniquín, su exchofer, a declarar como supuesto testigo presencial en las causas "Cattaneo", "Juárez" y "Rivas", en las que Morales actuaba como abogado. Un análisis del ECIF sobre las celdas telefónicas ubicó a Aniquín en antenas de Yerba Buena a las mismas horas en que decía haber presenciado los delitos. Aniquín también fue condenado en un juicio abreviado, a dos años y seis meses de prisión condicional.
Con ese cuadro, la camarista concluyó que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho. Señaló que, en principio y sin adelantar opinión sobre el fondo, la sanción fue dictada tras un sumario en el que se respetó el debido proceso.
La causa se abrió a prueba y Morales no ofreció ninguna. Masaguer escribió lo siguiente. "Se encontraría fundada en una sentencia judicial consentida y firme, en la que expresamente el solicitante reconoció la autoría de los delitos de acción pública por los que fue condenado".
La vocal agregó que el Tribunal de Ética actuó dentro de la competencia que le otorga el artículo 35.2 de la Ley 5.233. Aunque Morales cuestionó la constitucionalidad de esa norma, sigue plenamente vigente mientras no se declare lo contrario. Por esos motivos, la Cámara no hizo lugar a la medida cautelar. La resolución aclara que la decisión es provisoria, no implica prejuzgamiento y se limita a esta etapa inicial del proceso. La apelación de fondo contra la Resolución N° 86/2026 sigue en trámite.