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La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable al proyecto presentado por la parlamentaria del PJ Carolina Vargas Aignasse (foto inferior) para prevenir y sancionar la difusión de noticias falsas y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial durante las campañas electorales. El instrumento aprobado fija como objetivo primordial prevenir y castigar aquellas conductas intencionales destinadas a incidir en la voluntad del electorado o afectar la integridad del sistema democrático. Para ello, el despacho establece sanciones económicas que oscilan entre uno y diez salarios mínimos vital y móvil —con esquemas de responsabilidad solidaria para las agrupaciones políticas y penas triplicadas ante el uso de redes automatizadas—, al tiempo que impone a las plataformas digitales el deber perentorio de identificar, ocultar o remover los contenidos denunciados en un plazo máximo de 12 horas, bajo la obligación de remitir metadatos y colaborar con las autoridades comiciales.
En el marco del trabajo de comisión, el dictamen aconseja la sanción de una norma cuyo primer artículo precisa que la ley tiene por objeto "prevenir y sancionar la generación y difusión intencional de contenidos falsos, engañosos o manipulados que puedan afectar de manera directa y significativa el desarrollo del proceso electoral provincial, la voluntad del electorado o la integridad del sistema democrático". Asimismo, el articulado fija cuatro principios rectores: el resguardo de la libertad de expresión conforme a las constituciones y tratados internacionales, la protección del proceso electoral y del sufragio libre e informado, la responsabilidad diferenciada según la escala de los medios digitales y la proporcionalidad en las sanciones. A su vez, se define al "contenido sintético manipulado" como toda "imagen, video, audio o combinación de ellos, generado o alterado mediante tecnología digital o inteligencia artificial, que simule de forma realista la apariencia, la voz o las acciones de una persona, induciendo a error sobre su identidad o conducta".
El dictamen emitido recepta y da forma normativa a los fundamentos expuestos por Vargas Aignasse al momento de presentar su proyecto en noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, la legisladora advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el debate público, al señalar que las redes sociales corren el riesgo de convertirse en terreno fértil para la desinformación. Apoyándose en conceptos del jurista Daniel Schurjin Almenar, la parlamentaria remarcó que los deepfakes no solo distorsionan hechos puntuales, sino que "erosionan la confianza en toda la información electoral e instauran una crisis de la verdad pública". Asimismo, Vargas Aignasse invocó el dictamen del fiscal electoral federal Ramiro González en la causa Gil Domínguez, subrayando que las plataformas de internet no pueden ser consideradas "zonas liberadas" ajenas al control institucional ni al resguardo de la ciudadanía.

En lo concerniente al régimen de prohibiciones y castigos, el Capítulo II del dictamen sanciona las conductas realizadas desde el inicio de la campaña electoral y hasta la finalización del acto comicial. Las faltas serán penalizadas con multas de uno a diez salarios mínimos vital y móvil (SMVM). El texto aclara que "si los responsables de los hechos previstos en el artículo anterior fuesen autoridades de una agrupación política participante del proceso electoral, la agrupación será solidariamente responsable y sancionada con multa de cinco (5) a diez (10) smvm". En tanto, el despacho incorpora una figura agravada al determinar que "cuando la difusión de los contenidos prohibidos se realice mediante sistemas automatizados, redes coordinadas o campañas organizadas, la multa se triplicará".
En sentido contrapuesto, no serán pasibles de sanción los contenidos paródicos o de sátira política que no busquen el engaño, las ediciones mínimas propias de la propaganda que no alteren sustancialmente los hechos, y aquellos materiales que incorporen "etiquetado o marca de agua visible y persistente que indique su carácter de no auténtico o generado artificialmente".
Esta arquitectura punitiva se alinea con la doctrina planteada por la autora del proyecto, quien al fundamentar su iniciativa enfatizó la necesidad de articular medidas de prevención, alfabetización digital y regulación sin menoscabar la libertad de expresión ni la crítica política legítima. Vargas Aignasse sostuvo que "la inacción estatal no es neutral" ante el avance de las tecnologías disruptivas en el terreno comicial, concluyendo que la protección de las instituciones requiere respuestas normativas concretas, bajo la premisa de que "la democracia no se defiende con silencio, sino con verdad".

En relación con la fiscalización del entorno virtual, el Capítulo III del dictamen establece que ante la denuncia de contenidos prohibidos, la Autoridad de Aplicación podrá requerir a las plataformas digitales que, en el plazo de 12 horas, procedan a "identificar el material como presuntamente falso o manipulado digitalmente" u "ocultarlo, desmonetizarlo o removerlo, según la gravedad del caso". Las empresas deberán informar el cumplimiento del requerimiento y remitir copia del material, interacciones y metadatos de acceso como IP, fecha, hora y usuario. La solicitud podrá ser promovida por cualquier elector habilitado en la provincia o por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el Capítulo IV designa como Autoridad de Aplicación a la Junta Electoral Provincial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, facultándola a suscribir convenios de cooperación con plataformas, partidos políticos y universidades para el monitoreo de buenas prácticas.
El dictamen dictado por la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales cuenta con las firmas de Vargas Aignasse (preside el órgano de trabajo), sus pares de bancada, Gerónimo Vargas Aignasse, Tulio Caponio y el radical Agustín Romano Norri, lo que habilita la llegada del proyecto al recinto para su eventual sanción definitiva en la próxima convocatoria a sesión.