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Foto: Xinhua/Jorge Villegas
El gobierno de Javier Milei anunció este miércoles que ampliará su ofensiva judicial contra empresas que estarían desarrollando actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y anticipó que las próximas denuncias penales no se limitarán a las compañías, sino que buscarán determinar eventuales responsabilidades individuales de sus principales directivos.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que sostuvo que las actividades bajo investigación estarían infringiendo las prohibiciones contempladas en la ley 26.659. La estrategia de la Casa Rosada contempla tanto ampliar procesos judiciales que ya se encuentran abiertos como promover nuevas causas.
Uno de los aspectos centrales del anuncio es el cambio de alcance de las acciones legales. El Gobierno buscará individualizar a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que, desde sus funciones dentro de las empresas involucradas, hayan participado en decisiones relacionadas con las actividades consideradas ilegales por la Argentina.
De esta manera, la administración libertaria pretende que las acciones judiciales no queden circunscriptas a las personas jurídicas. “El Estado nacional sigue y seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional”, señaló el comunicado oficial.
El anuncio vuelve a colocar la cuestión Malvinas y la explotación de los recursos naturales en el centro de la agenda de soberanía del Gobierno. La posición argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización nacional en las áreas alcanzadas por el reclamo argentino deben ajustarse al régimen establecido por la legislación vigente.
La Casa Rosada dejó en claro, además, que la estrategia judicial tendrá continuidad. “El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”, concluyó el comunicado difundido por la Oficina del Presidente.