El Gobierno amplió las investigaciones por actividades petroleras en Malvinas y ya alcanza a 60 personas y empresas

El Gobierno de Javier Milei avanzó con nuevos procedimientos sancionatorios contra 15 personas y empresas por presuntas violaciones a la Ley 26.659 vinculadas con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

Los nuevos expedientes se suman a los procedimientos que el Ejecutivo ya había iniciado contra otros 45 sujetos, por lo que el universo investigado asciende ahora a 60 personas humanas y jurídicas.

Según la información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas y que fue confirmada por fuentes del Poder Ejecutivo, la nueva nómina está integrada por ocho empresas y siete personas vinculadas como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras que participan en los proyectos cuestionados.

Entre las compañías incluidas se encuentra Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, identificada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.

El listado también incorpora a cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco; y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.

En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, también identificado en el documento como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.

También fueron incluidos seis accionistas y directivos vinculados con Eco: Gil Holzman, accionista y director ejecutivo; Keith Hill, accionista y director; Peter Nicol, accionista y director; Alan Friedman, accionista y director; Alice Carroll, accionista y miembro de la empresa; y Gadi Levin, accionista y director financiero.

La nómina se completa con tres compañías relacionadas con la provisión de infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido; y Noble Corporation UK Ltd., también británica e identificada como casa matriz de un proveedor estratégico.

La Oficina del Presidente había anticipado que continuaría identificando a los actores involucrados en la explotación de recursos sin autorización argentina y que avanzaría con los correspondientes sumarios administrativos.

“La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, sostuvo el Gobierno al anunciar la ampliación de los procedimientos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que las sanciones previstas por la Ley 26.659 alcanzarán tanto a las empresas operadoras como a sus accionistas, directivos y proveedores.

“Cualquier empresa o proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en la zona de Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, aseguró durante su conferencia de prensa de los martes.

Según explicó el vocero, las firmas alcanzadas tampoco podrán adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acceder a beneficios fiscales ni participar en proyectos energéticos como Vaca Muerta.