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Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán.
El espacio de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán lanzó duras críticas contra el Poder Legislativo provincial tras la publicación de un estudio de opinión pública en Tendencia de Noticias. La medición, realizada por Grupo Borgia, expuso un elevado nivel de descontento social con el funcionamiento de los poderes Legislativo y Judicial.
La crítica de Catalán
La reacción estuvo encabezada por el presidente provincial de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán. “Estos son los resultados de tener instituciones totalmente cooptadas por la política”, criticó.
El libertario aseguró que los resultados del informe “tienen razón” y que “es una vergüenza” que la política destine “recursos desproporcionados a su estructura” mientras los tucumanos esperan obras.
En ese sentido, Catalán recordó una de sus propuestas: reducir el presupuesto de la Legislatura hasta el 1% del presupuesto provincial. “Con solo ese ahorro podemos destinar recursos a obras que permitan solucionar problemas históricos de los tucumanos, como las inundaciones que afectan a La Madrid”, planteó.
Los cuestionamientos libertarios
Otros referentes libertarios se sumaron al debate. Federico Pelli, diputado nacional, remarcó que la provincia requiere "reformas estructurales" y una "Justicia imparcial e independiente" para garantizar un desarrollo próspero. “La voluntad política de hacerlo es condición imprescindible”, advirtió.
La diputada Soledad Molinuevo, por su parte, afirmó que no se quedan en la crítica, sino que también proponen “soluciones concretas” para que esos recursos “vuelvan donde tienen que estar”.
Los números de la desconfianza institucional
El informe de Grupo Borgia, publicado en Tendencia de Noticias y titulado "La trinidad de la desconfianza institucional", expuso cifras categóricas respecto a la percepción ciudadana sobre las instituciones tucumanas.
En cuanto al Poder Legislativo, la mayoría de los encuestados calificó el desempeño de la Cámara de "malo o muy malo" y la identificó como una entidad carente de transparencia. Además, más del 90% demandó mayores controles y rendición de cuentas.
Respecto al Poder Judicial, un 64,4% de los participantes consideró que existe "mucha" influencia política sobre los tribunales. El 76% también afirmó que la actuación judicial incide "poco o nada" en la disminución de la corrupción.
Así, ambas instituciones quedaron en el centro de los cuestionamientos tanto de los ciudadanos como del arco político opositor.
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