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El Poder Judicial es el más criticado por los tucumanos, según Grupo Borgia.
La percepción de los ciudadanos tucumanos respecto de los poderes del Estado se encuentra en un nivel crítico, según el último informe de la consultora Grupo Borgia. El trabajo se titula “La trinidad de la desconfianza institucional” y traza una radiografía de la desconfianza en las instituciones provinciales.
De acuerdo con la consultora, la experiencia económica cotidiana actúa como un "filtro" que condiciona la lectura de las instituciones. Solo el 13,3% de los tucumanos declara llegar a fin de mes con comodidad, mientras que el grupo que directamente no llega creció un 8,9% respecto a la medición previa.
En ese marco, aunque los bajos ingresos encabezan el ranking de preocupaciones (61,6%), la corrupción escaló al segundo lugar con el 58%. El número representa un salto drástico de casi 50 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior.
La consultora explicó que este ascenso se encuentra directamente ligado a hechos de fuerte impacto público. Entre ellos, la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros.
La evaluación de los tres poderes del Estado
El análisis de Grupo Borgia muestra un escenario de legitimidad fragmentada en la provincia. El Poder Ejecutivo presenta una imagen de gestión estable, con un 44,3% de aprobación frente a un 18,8% de imagen negativa. Aun así, el informe precisa que esta aprobación se encuentra solapada con la base electoral propia del oficialismo, mientras que es marginal por fuera del voto partidario.
En cuanto al Poder Legislativo, el 50,6% considera que su desempeño es malo o muy malo. El 60,1% directamente cree que es una institución “no transparente”, mientras que el 74,4% califica de excesivo su presupuesto. Casi la totalidad de los encuestados, más del 90%, exige mayores controles y rendición de cuentas.

Por último, el Poder Judicial presenta el panorama más crítico. El 64,4% de los encuestados cree que existe “mucha” influencia política en los tribunales. A su vez, más del 76% afirma que la Justicia impacta “poco o nada” en reducir la corrupción.
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