Los denunciantes de Raquel Graneros evalúan convertirse en querellantes por la demora en la investigación

A más de un mes de haber denunciado penalmente a la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por presunto enriquecimiento ilícito, los impulsores de la presentación analizan dar un nuevo paso en la causa judicial. Ante la escasa actividad que registra el expediente, solicitarán ser admitidos como querellantes para intervenir directamente en la investigación y requerir nuevas medidas de prueba.

La denuncia contra Graneros fue presentada a principios de junio por el legislador Manuel Courel, el abogado y excandidato a intendente de Alberdi, Luis Díaz Augier y el concejal de Simoca Luis Escobar, luego de una investigación periodística que reveló que la jefa municipal habría adquirido una vivienda valuada en más de 1,2 millón de dólares en el country Las Yungas.

La investigación del caso está en manos del titular de la Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia, y según los denunciantes, todavía no registró avances y permanecería prácticamente paralizada hasta la finalización de la feria judicial.

Díaz Augier explicó que la decisión de constituirse como querellantes comenzó a tomar fuerza ante la falta de novedades sobre distintas medidas de prueba solicitadas por la Fiscalía. "Estábamos esperando novedades sobre el tema de la inmobiliaria y qué otra documentación iba a aportar el administrador del consorcio ante el requerimiento del fiscal, pero vino la feria judicial. Cabe plantearse por qué la Fiscalía no solicitó que se declare asunto de feria. Con estos casos hay que actuar con máxima celeridad", señaló el abogado a Tendencia de Noticias.

Díaz Augier sostuvo que la demora podría afectar el desarrollo de la investigación y consideró necesario que los denunciantes puedan intervenir activamente en el expediente contra Graneros, quien el 9 de Julio se ubicó en el palco junto al gobernador Osvaldo Jaldo y la vicepresidenta Victoria Villarruel para presenciar el desfile por el Día de la Independencia.

"El tiempo es oro en una investigación y no podemos dejar todo librado a la suerte de lo que haga el fiscal. Además de aportar pruebas y sugerir líneas de investigación, me parece que lo más acertado es constituirnos como querellantes para poder pedir otras medidas, incluso allanamientos. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó.

En ese sentido, Díaz Augier deslizó sospechas sobre la actitud adoptada por la administración del country donde se encuentra la vivienda, que habría sido adquirida en efectivo. "Por lo que estoy viendo hay falta de colaboración por parte del country con la investigación, lo que es muy llamativo ", advirtió.

El letrado también vinculó la investigación con la necesidad de fortalecer el control sobre los hechos de corrupción en la administración pública. "Este es un delito contra todos, contra la administración pública y contra el pueblo tucumano. ¿Cuántas cuadras de pavimento se podrían hacer en Graneros con 1,2 millón de dólares?", planteó.

El abogado cuestionó además la lentitud con la que, a su criterio, se tramitan este tipo de causas en la provincia. "Acá en Tucumán los delitos de corrupción no se investigan y hay que terminar con esta situación. En este tipo de delitos, con las pruebas ya aportadas, la causa debería avanzar rápidamente. Es importante actuar con celeridad para evitar la obstrucción de la investigación y la destrucción de pruebas. Vemos que no hubo colaboración del country ni de las dos inmobiliarias que publicaron la propiedad para la venta y esto tampoco permite avanzar con la investigación", sostuvo.

Las críticas a la investigación

Por su parte, Courel reveló que, tras la presentación de la denuncia, fueron recibidos por el fiscal Diego Hevia, quien les aseguró que la causa tendría un tratamiento ágil. "Estuvimos con el fiscal apenas presentamos la denuncia. Nos recibió muy bien y se comprometió a que la causa iba a avanzar con total celeridad, objetividad y sin ningún tipo de condicionamientos", recordó.

El legislador explicó que la Fiscalía dispuso una serie de medidas para verificar la situación patrimonial de la intendenta, entre ellas pedidos de informes al country Las Yungas. "Inmediatamente se enviaron pedidos de informe para que el country explicara por qué las expensas están a nombre de Raquel Graneros, que es lo más importante", indicó.

Según Courel, esos requerimientos fueron impulsados exclusivamente por el Ministerio Público Fiscal. "Entiendo que Las Yungas contestó de forma imprecisa, que la respuesta no fue concreta y que se iba a enviar un nuevo oficio. Pero eso pasó hace casi un mes", cuestionó.

Además, señaló que la investigación también buscaba determinar a nombre de quién figuran los servicios públicos de la vivienda, qué inmobiliarias participaron de la operación y si existen otras actividades registradas vinculadas a la intendenta.

"Se pidieron otras medidas para conocer a nombre de quién están los servicios de luz, gas y agua, qué inmobiliarias actuaron y si tiene otra actividad registrada. Son muchas medidas y hasta ahora no veo que haya avanzado mucho. Es como que le dieron trámite, pero un trámite muy lento", criticó.

"Ella debería explicar cómo compró esa casa"

Courel también consideró que, más allá del avance de la investigación judicial, la propia intendenta debería brindar explicaciones públicas sobre la adquisición del inmueble. "Ella debería justificar cómo compró esa casa. Sería importante que esté en la intendencia y explique cómo hizo para comprar semejante casa, con qué fondos y si esos fondos fueron lícitos. Son explicaciones que todos esperamos", sostuvo.

Finalmente, el legislador recordó que en las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito corresponde acreditar el origen de los bienes cuestionados.

"En una causa de este tipo se invierte la carga de la prueba. Ella tiene que demostrar con qué fondos compró esa casa. Debería presentarse y decir cuál fue el origen del dinero. Si no lo hace, se presume que no tiene cómo justificarlo", concluyó.

La posibilidad de que Courel, Díaz Augier y Escobar sean aceptados como querellantes les permitiría impulsar nuevas medidas de prueba, controlar el avance del expediente y participar activamente de la investigación que lleva adelante la Fiscalía una vez finalizada la feria judicial.

Mientras tanto, la intendenta Graneros elabora una estrategia de defensa junto a su abogada Paula Morales Soria, la misma letrada que representó al gobernador Jaldo como querellante contra la mujer que en junio 2025 le sustrajo el teléfono celular durante un acto político en La Cocha.