El estudio que negociaba con el BCRA la reconversión de la Caja Popular renunció al patrocinio

El estudio porteño Saravia Frías Abogados renunció a la representación letrada de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán ante el Banco Central, en un paso que pone en riesgo la reconversión financiera de la entidad provincial, que buscaba regularizar su situación y avanzar hacia la operación de créditos y una billetera virtual propia. La renuncia, fechada el 8 de julio y dirigida al interventor Guillermo Norry, invoca dos causas: la falta de pago de honorarios profesionales devengados y la ausencia de instrucciones y colaboración por parte de la Caja, lo que -según el escrito- entorpece el seguimiento del expediente.

El trámite ante el BCRA se originó en 2019, cuando el organismo abrió el Sumario Financiero N° 1558 (Expte. N° 100.616/15) por intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin autorización previa. El sumario concluyó en noviembre de 2023 con la Resolución N° 425/23, que dispuso el cese inmediato de esa actividad, condicionó la reanudación de las operaciones a la adecuación de la Caja a la Ley de Entidades Financieras y fijó plazo hasta el 5 de diciembre de 2024 para cumplir los requisitos, además de una multa cercana a los 108 millones de pesos.

Para resolver esa situación, la Caja contrató al estudio Saravia Frías, que propuso como eje del plan de acción la figura de Proveedor de Servicios de Pago, una interpretación normativa que no había sido considerada hasta entonces. La manda fue autorizada por el gobernador Osvaldo Jaldo y refrendada por la fiscal de Estado y el ministro de Economía, Daniel Abad. En marzo, el diputado nacional Carlos Cisneros había anticipado en Tendencia de Noticias que el Banco Central estaba "a días, semanas" de habilitar la operatoria, y describió el mismo circuito de reuniones entre el estudio porteño, el gobernador, la fiscal de Estado y el interventor de la Caja.

El esquema se plasmó en dos inscripciones sucesivas. El 6 de marzo, el BCRA registró a Red de Pagos CPA S.A.U. -sociedad unipersonal cuyo único accionista es la Caja- en el Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito bajo el número 34.744, lo que la habilita a otorgar crédito al público. El 31 de marzo, la misma sociedad quedó inscripta en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago que Ofrecen Cuentas de Pago bajo el número 55.591, habilitación que permite abrir cuentas de pago en pesos y procesar transferencias.

Norry y el subinterventor Antonio Bustamante confirmaron ambos registros públicamente a mediados de abril, aclarando entonces que el avance no implicaba la constitución de la Caja como banco, sino su incorporación a esquemas regulados específicos.

Ahí es donde la carta de renuncia introduce un dato que no había sido difundido: las normas sobre proveedores de servicios de pago otorgan un plazo de 12 meses desde la inscripción para el inicio efectivo de las operaciones, plazo que para Red de Pagos CPA vence el 31 de marzo de 2027, bajo apercibimiento de baja automática del registro. El estudio dice haber informado ese requisito a Bustamante y a las demás autoridades de la Caja mediante un memorando del 10 de abril, y sostiene que, pese a sucesivos comunicados señalando los riesgos de no cumplirlo, el trámite sigue sin finiquitarse.

El texto detalla además el estado del expediente: el último escrito presentado por el estudio data del 8 de abril, en respuesta a una nota del BCRA del 17 de marzo, y desde entonces no hubo nueva comunicación del organismo ni instrucciones de la Caja para continuar las gestiones. Entre los puntos pendientes de cumplimiento por parte de Red de Pagos CPA figuran informar al Banco Central la fecha de inicio de operaciones del servicio de cuentas de pago, celebrar un convenio con al menos una entidad financiera para el respaldo de los fondos de los clientes, cumplir los regímenes informativos ante el BCRA y, eventualmente, gestionar la inscripción en el Registro de Billeteras Digitales Interoperables.

En cuanto a la deuda que motiva la renuncia, el escrito precisa que la última factura abonada por la Caja fue la N° 2034, mientras permanecen impagas las facturas N° 2058 y N° 2098, a lo que se suman honorarios de éxito adeudados por los objetivos ya alcanzados en el expediente. El estudio solicita a la Caja que designe nuevos letrados para evitar que la falta de representación activa genere consecuencias adversas en el trámite, y que salde las facturas pendientes.