Lograron un fallo para terminar con la intervención del IPLA y ahora van por la ley que lo sostiene

Tras conseguir que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordene al Gobierno ponerle fin a la intervención del IPLA después de 26 años y le otorgue un plazo de 60 días para normalizar el organismo, los impulsores de la demanda anticiparon que insistirán ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 7.243. Se trata de la norma que regula la comercialización de bebidas alcohólicas, define la lucha contra el consumo problemático y establece las facultades de recaudación, fiscalización y sanción del organismo.

El amparo que derivó en una sentencia que ordena ponerle fin de la prolongada intervención del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) (aunque el Gobierno todavía puede recurrir la sentencia) había sido iniciado en marzo de 2024 por propietarios de distintos salones de fiestas y entretenimientos. Los demandantes reclamaron la inconstitucionalidad de la Ley 7.243, el cese inmediato de la intervención, la nulidad de resoluciones y actos emanados de los interventores y la devolución de las sumas abonadas en concepto de cánones, multas, clausuras y levantamientos de clausura.

Sin embargo, la Cámara hizo lugar parcialmente al planteo. Además de ordenar la normalización del organismo, rechazó el pedido para declarar inconstitucional la Ley 7.243 y consideró inadmisibles, dentro de la vía del amparo, los reclamos relacionados con la nulidad de actos y la devolución de dinero.

María Constanza Bauque, vicepresidenta del Movimiento Nacional de Pymes (Monapy) en Tucumán y abogada de los demandantes, destacó el alcance de la decisión judicial respecto de la intervención, pero adelantó que la disputa continuará ante el máximo tribunal provincial.

“El IPLA es un ente autárquico que está intervenido hace 26 años. La naturaleza de la intervención dentro de cualquier instituto tiene que ver con la modificación de algo que está funcionando mal y, por ende, es temporal por su propia naturaleza. Yo intervengo un instituto y debo dejar de intervenirlo para que tenga una normalización”, explicó en declaraciones a Tendencia de Noticias.

Para la letrada, la extensión de esa situación durante más de dos décadas contradice ese carácter excepcional. “Te imaginás que en 26 años esa normalización obviamente no ha ocurrido y está siendo todo el tiempo manejado por el Poder Ejecutivo”, cuestionó.

Bauque recordó, además, que anteriormente hubo otros planteos judiciales dirigidos a terminar con la intervención, pero que no prosperaron por cuestiones vinculadas con la legitimación de quienes los promovieron. En ese sentido, remarcó una diferencia que considera central respecto del expediente actual: los comerciantes que representa están directamente alcanzados por las obligaciones que impone el régimen.

“La Corte ya dijo que las personas a las cuales represento, que son todos comerciantes que tienen que ver con salones de fiesta, son personas hábiles para hacer este pedido”, sostuvo. Y advirtió que el planteo excede a ese sector: “Detrás de esto vienen otros amparos con gente que tiene drugstores, bares y restaurantes”.

La pelea seguirá en la Corte

Pese al resultado favorable respecto de la intervención, Bauque dejó en claro que los demandantes buscarán revertir la parte del fallo que no hizo lugar al cuestionamiento contra la normativa que regula al IPLA. “Nuestra lucha no termina acá. Nosotros hemos solicitado que se declare inconstitucional el tributo”, afirmó.

Uno de los argumentos centrales de los comerciantes apunta al destino de los recursos que recauda el organismo. Según explicó la abogada, la distribución prevista originalmente por la normativa fue modificándose con el paso de los años hasta destinar la totalidad de esos ingresos al sostenimiento del propio instituto.

“Al principio era 80% para la lucha contra el alcoholismo y 20% para el mantenimiento del ente, y se ha ido modificando hasta llegar a un 100%. Es una locura”, cuestionó.

Bauque sostuvo que esa situación forma parte de los fundamentos con los que buscarán llevar la discusión ante la Corte. “Todo lo recaudado, el 100%, va al mantenimiento del IPLA, lo que lo hace profundamente inconstitucional, porque no podés recaudar un tributo que supuestamente es para la lucha contra el alcoholismo para mantener un ente y los sueldos de los empleados”, planteó.

Según explicó, la Cámara entendió que la discusión sobre la constitucionalidad debía canalizarse mediante una acción específica. La representación de los comerciantes, sin embargo, considera que esa cuestión debe resolverse dentro de este mismo proceso.

“El fallo específicamente dice que no puede pronunciarse sobre si es inconstitucional o nulo el tributo, sino que eso lo va a remitir para cuando hagamos una acción propia de inconstitucionalidad. Pero nosotros sostenemos que en este mismo fallo debe pronunciarse la Corte sobre la inconstitucionalidad”, señaló.

Por esa razón, confirmó cuál será el próximo paso judicial: “Vamos a ir en casación hacia la Corte para que declare inconstitucional el tributo y continuar así nuestra lucha”.

El impacto de las multas en los pequeños comercios

La representante de los demandantes también puso el foco en las consecuencias económicas que, según denunció, tienen los controles y sanciones del IPLA sobre pequeños establecimientos del interior provincial.

Bauque explicó que entre sus representados hay comerciantes de Concepción, Aguilares, La Cocha y Arcadia, entre otras localidades, y describió una situación marcada por la caída del consumo y el peso de las sanciones. “Mis representados son gente que tiene un pequeño drugstore, un barcito en el interior, una pequeña ventanita en donde vende alguna cosa. Están desesperados porque, primero, obviamente el consumo está planchado, pero aun así el IPLA les cae y les hace multas”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó sanciones por incumplimientos en los horarios permitidos para comercializar alcohol. “Venden una cerveza a las 11.05 de la noche y tienen multas de $8 millones o $10 millones, cuando, créeme, con suerte durante la semana venden $200.000 como mucho. Entonces, cuando les llega esa multa, directamente tienen que cerrar”, aseguró.

En ese contexto, lanzó una dura crítica contra el funcionamiento del organismo: “El IPLA, consuetudinariamente, ha sido un gran cerrador, por llamarlo de alguna manera, de comercios de la provincia”.

La abogada sostuvo que esta situación también está provocando un cambio de actitud entre los propietarios alcanzados por los controles. “La gente está perdiendo el miedo, está entendiendo que este tributo es inconstitucional, es ilegal y se enfrenta a los agentes del IPLA que vienen a clausurar”, aseguró.

El reclamo a Jaldo: “Que cumpla con su palabra”

Más allá de la batalla judicial, Bauque dirigió el reclamo al gobernador Osvaldo Jaldo y recordó un compromiso que, según afirmó, el mandatario había asumido cuando se encontraba al frente de la Legislatura. “El gobernador Jaldo, cuando era quien comandaba la Legislatura de Tucumán, nos reunió en su momento a todos los representantes de gastronomía y delante mío dijo que él sabía que el tributo del IPLA era ilegal, era inconstitucional”, aseguró.

Según relató, en aquella oportunidad Jaldo también habría expresado su intención de avanzar con cambios sobre el régimen. “Delante de todo el mundo nos dijo que él iba a velar para que se derogue la ley del IPLA y para que no exista más”, afirmó.

A partir de ese antecedente, Bauque reclamó una definición del mandatario frente al plazo de 60 días fijado por la Justicia para normalizar el organismo. “Nosotros esperamos que el gobernador ahora, en funciones, haga lo que tiene que hacer, que es derogar este tributo, que es único en el país”, expresó.

La abogada argumentó que la comercialización de alcohol constituye una actividad lícita y cuestionó que en Tucumán esté alcanzada por este régimen específico. “Solo en Tucumán se paga esto porque la venta de bebidas alcohólicas es una actividad legal, no es ilegal, es como la venta de cualquier otro producto y no tiene que estar gravada extraordinariamente como está en Tucumán”, sostuvo.

Para dimensionar el impacto sobre los pequeños negocios, afirmó que actualmente un comercio de esas características debe afrontar un canon de alrededor de $3 millones para poder vender bebidas alcohólicas. “Un comerciante me decía: ‘Es el colegio de mis tres hijos todo el año’. Es una locura lo que están pagando”, relató.

Finalmente, Bauque fue más allá del pedido de normalización dispuesto por la Cámara y planteó directamente la desaparición del organismo. “Quiero que la gente se saque la idea de que el IPLA tiene una función porque no tiene ninguna y ni siquiera tiene obligación de tenerla, porque su propia ley ha sido modificada para que no tenga función alguna”, aseveró. Y reiteró el mensaje dirigido al primer mandatario provincial: “Esperamos que el gobernador Jaldo cumpla con su palabra y elimine el IPLA definitivamente”.