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La Provincia destinará más de $9.128 millones en 2026 para la alimentación de presos y personal penitenciario

La contratación contempla la elaboración de hasta 180.000 raciones mensuales para abastecer a internos, agentes penitenciarios y personas privadas de la libertad alojadas en comisarías, alcaldías, dependencias federales y otros establecimientos de la provincia.

PorTendencia de noticias
24 jul, 2026 04:53 p. m. Actualizado: 27 jul, 2026 10:43 a. m. AR
La Provincia destinará más de $9.128 millones en 2026 para la alimentación de presos y personal penitenciario

El Gobierno de Tucumán oficializó el monto total que prevé destinar durante 2026 para garantizar la provisión de alimentos en las unidades penitenciarias y otros centros de detención de la provincia. Mediante el Decreto N° 1.482/7 (SES), publicado en el Boletín Oficial, se estableció que la contratación demandará una inversión estimada de $9.128.520.000 durante el presente ejercicio.


La medida complementa el Decreto N° 538/7 (SES), firmado el 17 de marzo pasado, mediante el cual se había autorizado a la Dirección General de Institutos Penales a contratar de manera directa con el Departamento Producción de Institutos Penales la elaboración y provisión de hasta 180.000 raciones mensuales de comida (a razón de 6.000 viandas diarias), correspondientes al período comprendido entre marzo de 2026 y febrero de 2027.


De acuerdo con la normativa, el costo mensual estimado de esa prestación asciende a $912.852.000, monto destinado a cubrir la alimentación de los internos alojados en las distintas unidades penitenciarias provinciales, del personal de seguridad y defensa que presta servicios en esos establecimientos y también de personas privadas de la libertad alojadas en otros centros de detención.


Entre los lugares alcanzados por la provisión figuran los penales de Villa Urquiza y de Benjamín Paz, la Alcaidía de Delfín Gallo, el Centro de Menores, la Brigada Femenina, la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán, dependencias de Gendarmería Nacional, la Policía Federal, las Alcaldías de Tribunales y distintas comisarías de la provincia.


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Qué dijo el Tribunal de Cuentas


El decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, explica que, tras analizar la contratación, el Honorable Tribunal de Cuentas emitió el Acuerdo N° 903, mediante el cual decidió no formular observaciones a la medida, aunque condicionó su ejecución a que el Poder Ejecutivo incorporara expresamente el monto total estimado que demandaría la contratación durante el ejercicio fiscal.


En ese marco, la Dirección General de Institutos Penales informó que el gasto proyectado para 2026 asciende a $9.128.520.000, cifra que finalmente fue incorporada mediante el nuevo decreto.


En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que el acto administrativo tiene por finalidad dar cumplimiento a esa observación del organismo de control. Por ese motivo, el decreto dispone: "Amplíase el Artículo 1° del Decreto N° 538/7 (SES) (...) a efectos de establecer que el monto total estimado para el ejercicio 2026, de la contratación allí autorizada, asciende a la suma de Pesos Nueve Mil Ciento Veintiocho Millones Quinientos Veinte Mil ($9.128.520.000,00)".


La contratación garantiza el abastecimiento de alimentos para un universo que incluye tanto a la población carcelaria como al personal afectado a la custodia de las distintas dependencias de detención, mediante una producción de hasta 180.000 raciones por mes, lo que representa uno de los principales gastos corrientes del sistema penitenciario provincial.


El esquema de provisión de alimentos tiene su origen en una sentencia de hábeas corpus correctivo dictada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2015, vinculada a las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Además, el contrato prevé que el valor de cada ración no será fijo, sino que se actualizará de acuerdo con la evolución de la Canasta Básica Total que publica mensualmente la Dirección de Estadística de Tucumán. De esta manera, el costo mensual de la prestación podrá incrementarse o disminuir en función de las variaciones de ese indicador oficial.


La contratación fue autorizada mediante el mecanismo de contratación directa entre organismos estatales, previsto como una excepción en la Ley Provincial N° 6.970. En este caso, la Dirección General de Institutos Penales adquiere el servicio al Departamento Producción de Institutos Penales, sin recurrir a una licitación pública.

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