La Libertad Avanza sale en defensa de Molinuevo y denuncia un “bozal legal” contra la oposición

Referentes de La Libertad Avanza reaccionaron con dureza a la medida cautelar dictada por la Justicia provincial a pedido del gobernador Osvaldo Jaldo, que obliga a la diputada nacional Soledad Molinuevo a eliminar publicaciones en redes sociales y abstenerse de realizar nuevas afirmaciones que lo vinculen con el ataque al legislador Federico Pelli.

En medio de un escenario de fuerte tensión política, que tuvo su pico más alto en plena crisis por las inundaciones en Tucumán, dirigentes libertarios denunciaron un intento de censura a la oposición y salieron a respaldar públicamente a la parlamentaria a través de sus cuentas en X.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, quien cuestionó la decisión judicial y apuntó directamente contra el mandatario provincial. “Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia”, aseveró el exministro del Interior de la Nación y actual miembro del directorio de YPF.

En la misma línea, Catalán expresó su respaldo a la parlamentaria opositora. “Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura. En una República, las diferencias se debaten, no se silencian”, denunció. En la misma línea, el referente opositor reforzó el posicionamiento político de LLA sobre el tema. “Como sostiene el presidente Javier Milei, la libertad no se negocia”, completó.

A su turno, el diputado nacional por Tucumán, Gerardo Huesen, se sumó a las críticas y cuestionó la judicialización del conflicto político. “Perseguir judicialmente a una diputada por opinar no es gobernar, es querer disciplinar”, sentenció. Y agregó: “En una República, al que piensa distinto se lo debate, no se lo calla”.

También sumó sus críticas el diputado salteño de LLA Carlos Zapata, quien utilizó un tono más duro para referirse a la situación. “En algunas provincias del norte, bien al estilo mandrilandia, el artículo 68 de la Constitución Nacional es inexistente”, apuntó el dirigente libertario en alusión al apartado de la Carta Magna nacional que determina que ningún miembro del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato, garantizando su libertad de expresión.

Por su parte, la exdiputada nacional de CREO, Paula Omodeo, aliada política de La Libertad Avanza Tucumán, también se expresó en respaldo a Molinuevo y apuntó contra el oficialismo provincial. “No podrán callarnos, porque tampoco se puede tapar el sol con la mano. Hay una realidad que todos en Tucumán conocemos bien: la corrupción está a la vista”, arremetió.

Además, valoró la postura de la diputada denunciada por Jaldo. “Bien por Soledad Molinuevo que se animó a denunciar la corrupción”, completó.

El fallo de la polémica

La reacción del espacio libertario se produjo luego de que la Justicia hiciera lugar parcialmente a una cautelar presentada por Jaldo, en la que se cuestionan publicaciones de Molinuevo en las que atribuyó al gobernador responsabilidad indirecta en la agresión sufrida por Pelli en la ciudad de La Madrid.

El fallo, firmado por el juez Pedro Daniel Cagna, ordena la eliminación de esos contenidos y establece que la diputada deberá abstenerse de realizar expresiones similares, aunque no hizo lugar al pedido de retractación pública solicitado por el mandatario.

Según surge del expediente al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el mandatario había denunciado que la legisladora lo acusó públicamente -a través de redes sociales y declaraciones mediáticas- de haber instigado la agresión contra dirigentes políticos, puntualmente el diputado Pelli, además de responsabilizarlo por eventuales hechos futuros contra ella y su entorno. La Justicia entendió que esas afirmaciones no constituyen meras opiniones políticas, sino “acusaciones fácticas graves” sin respaldo acreditado.

En ese marco, el juez consideró que la permanencia de los posteos en plataformas digitales generaba un “daño actual, continuo y expansivo”, agravado por la lógica de viralización propia de las redes sociales. Por ello, resolvió ordenar su eliminación inmediata y la abstención de realizar manifestaciones similares en el futuro.

No obstante, el fallo introduce un límite relevante: rechazó el pedido del gobernador para que Molinuevo se retracte públicamente y publique disculpas. El magistrado sostuvo que imponer una retractación forzada podría vulnerar la libertad de expresión, al obligar a emitir un mensaje determinado sin que exista aún una sentencia definitiva que acredite la ilicitud de los dichos.

Desde el oficialismo provincial sostienen que las declaraciones de la legisladora forman parte de una campaña de agravios sin sustento que afecta la investidura del gobernador y la institucionalidad.