La fallida reforma de la Ley de Tierras: cuáles eran las críticas y por qué el Gobierno desistió de su tratamiento

El Senado de la Nación debatirá este jueves el polémico Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del oficialismo que busca otorgar "mayor seguridad jurídica" y "atraer inversiones".

Tras varios intentos fallidos por falta de votos, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un nuevo dictamen e intentará ratificar su última versión en la próxima sesión legislativa. La tenencia de tierras rurales por parte de capitales extranjeros fue la gran batalla perdida del oficialismo.

Extranjerización, expropiaciones y Ley de Manejo del Fuego: las claves del proyecto

Entre las modificaciones más trascendentes del dictamen final, se destacaba un punto central: el límite a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La norma actual (Ley 26.737) fija un tope del 15% para la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal. Inicialmente, el proyecto eliminaba ese límite. Debido a la falta de consenso, uno de sus últimos dictámenes buscaba elevarlo al 25%, aunque aplicando la restricción únicamente a escala provincial. Sin embargo, tras el rechazo de los senadores que responden a los gobernadores dialoguistas, como Osvaldo Jaldo, el oficialismo desistió de incluir esta modificación y la eliminó del proyecto.

Aun así, la iniciativa que se debatirá este jueves mantiene otras reformas. Por ejemplo, se limitan las expropiaciones estatales al incorporar la exigencia de que la declaración de utilidad pública sea de “interpretación restrictiva” e identifique con precisión un fin “necesario y proporcional”.

También se modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto incluye la eliminación de la prohibición que impedía cambiar el destino productivo de una tierra incendiada durante 60 años, manteniendo la protección únicamente para los bosques nativos.

Qué afirman los defensores del proyecto

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), defendió el proyecto tanto desde su origen hasta las últimas modificaciones que realizaron para alcanzar su aprobación. Según el oficialismo, esta ley busca blindar la seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras.

En el Senado, Bullrich aseguró que se trata de una norma “clara” y que es resultado de acuerdos con todos los sectores que “aportaron” al debate. “Hemos llegado a un acuerdo que es muy bueno para el país y que va a generar más valor, más transacciones y más productividad”, había afirmado antes de la eliminación del capítulo sobre la Ley de Tierras.

El debate en Tucumán: rechazo de diversas organizaciones

Los críticos del proyecto afirman que esta ley debilitará la soberanía nacional, facilitará la extranjerización de tierras y recursos estratégicos, y reducirá la capacidad de regulación del Estado en áreas ambientales y sociales.

En Tucumán, organizaciones políticas, ambientales, estudiantiles y feministas se habían expresado en contra, como la rama local de Jóvenes por el Clima. “Desregular no nos hace más competitivos, nos hace más baratos”, había afirmado la organización en sus redes sociales. Aunque se eliminó lo concerniente a la Ley de Tierras, estas agrupaciones siguen preocupadas por el resto de las reformas.

La opinión del agro tucumano y la situación actual

El proyecto también generaba posturas encontradas en el agro provincial. En diálogo exclusivo con Tendencia de Noticias, dos figuras centrales mostraron miradas opuestas sobre el impacto que habría podido tener la medida.

Por un lado, Hugo Meloni, presidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), había advertido que una apertura irrestricta del mercado inmobiliario rural colocará en desventaja a los productores locales frente al capital internacional. En la vereda opuesta, José Frías Silva, titular de la Sociedad Rural de Tucumán, había sostenido que una mayor inyección de inversión extranjera no representa un peligro siempre que funcione bajo un marco institucional sólido.

En cuanto a la situación actual de la provincia, el Mapa de Extranjerización elaborado por el Observatorio de Tierras indica que el 4% del territorio tucumano pertenece a capitales extranjeros. Sin embargo, Cruz Alta posee un 16,42% de sus tierras en manos extranjeras, seguido por Burruyacu (9,02%), Río Chico (7,52%) y Famaillá (5,32%).

Qué se espera mañana en el Senado

El oficialismo había asegurado que contaba con el respaldo de 44 senadores, siete votos por encima de la mayoría simple. Sin embargo, a lo largo de la jornada, los senadores que responden a los gobernadores dialoguistas expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras. Este fue el caso de los parlamentarios afines a Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Esta retirada de apoyos importantes fue lo que precipitó la eliminación de las modificaciones relacionadas con la tenencia extranjera de tierras rurales. Aun así, La Libertad Avanza habló de una "postergación", más que una resignación.

"Se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio", aclaró el bloque libertario del Congreso.