La defensa de Cisneros dice que la causa federal está en etapa preliminar y niega que exista un pedido de desafuero

La defensa técnica del diputado nacional y dirigente bancario, Carlos Aníbal Cisneros, aclaró que la causa por presuntos delitos de trata de personas y extorsión que se tramita en la justicia federal de Tucumán se encuentra en una etapa preliminar de investigación, y remarcó que, hasta el momento, no existe ninguna resolución judicial que disponga o tramite su desafuero.

El pronunciamiento fue difundido a través de un comunicado firmado por el abogado Juan Andrés Robles, quien representa al legislador en el expediente que se tramita en el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán.

Según precisó el letrado, el caso corresponde al expediente 23/2026 y se encuentra en una fase inicial del proceso penal, en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de medidas de prueba.

En el documento, la defensa explicó que el reciente dictamen del fiscal federal, que solicitó su indagatoria en la causa y comunicó sobre el avance de la investigación a la Cámara de Diputados de la Nación, forma parte del procedimiento habitual para iniciar una investigación judicial.

“Se ha presentado un requerimiento de instrucción solicitando que se inicien las medidas de prueba pertinentes y se convoque a brindar declaración en sede judicial a las personas mencionadas en la investigación”, señaló el abogado.

De acuerdo con el comunicado, este paso constituye una instancia preliminar del proceso penal y tiene como objetivo permitir el ejercicio del derecho de defensa y el esclarecimiento de los hechos.

Situación parlamentaria

La defensa también se refirió a la situación institucional del legislador y aclaró que, hasta el momento, no existe una decisión judicial vinculada a su eventual desafuero, más allá de la avanzada de La Libertad Avanza, que impulsa un proyecto de resolución en el que se sugiere evaluar una posible sanción o el desafuero de Cisneros por estar implicado en esta causa.

“Es fundamental precisar que, a la fecha, no existe ninguna resolución jurisdiccional que ordene o tramite el desafuero del legislador”, sostuvo Robles.

En ese sentido, remarcó que las inmunidades parlamentarias vigentes no impiden el avance de la investigación ni el desarrollo de la actividad judicial.

En el comunicado, la defensa aseguró además que Cisneros se encuentra a disposición de la justicia federal para prestar declaración cuando sea convocado. “El diputado se encuentra, como ha sido su conducta histórica, a entera disposición de la Justicia Federal”, afirmó el abogado.

Según señaló Robles, la estrategia jurídica se centrará en aportar pruebas que, a su entender, demostrarán la “absoluta ajenidad” del legislador respecto de los hechos investigados.

Embate político y judicial

La causa judicial cobró relevancia pública en las últimas horas luego de que la diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentara un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que se analice el eventual desafuero de Cisneros en el marco de la investigación.

El expediente judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el futbolista José Florentín, en el contexto de la causa vinculada al caso que involucra a exjugadores de Club Atlético Vélez Sarsfield, que fueron absueltos en un juicio por presunto abuso sexual contra una joven tucumana.

Florentín acusó a Cisneros de integrar una estructura destinada a falsificar pruebas para “armar una causa” en su contra en el marco del expediente por abuso sexual grupal que involucra a exjugadores de Club Atlético Vélez Sarsfield.

Según el requerimiento del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, en esta etapa procesal existe “una hipótesis razonable” de la posible comisión del delito de trata de personas, previsto en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la presunta conducta investigada no estaría vinculada al encuentro sexual en sí mismo, sino a hechos posteriores que habrían implicado presiones o condicionamientos sobre la denunciante en un contexto de vulnerabilidad.

Como parte de las medidas solicitadas, el Ministerio Público Fiscal pidió informes a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán para determinar vínculos laborales de personas mencionadas en el expediente y solicitó la citación a indagatoria de Cisneros, y de los abogados Patricia Neme y Franco Venditti.

Frente a ese escenario, desde la defensa de Cisneros insistieron en que el proceso judicial recién comienza y que la resolución del caso deberá darse en el ámbito de los tribunales. “La prioridad de esta defensa es la resolución técnica y jurídica del caso en sede judicial, donde los hechos y las evidencias se imponen sobre las interpretaciones interesadas”, concluye el comunicado firmado por Robles.