Cuatro meses de prisión preventiva para “Pichón” Segura por la brutal agresión al diputado Federico Pelli

El juez Raúl Robin Márquez dictó la prisión preventiva por el término de cuatro meses para Marcelo Claudio "Pichón" Segura, quien será alojado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz. La medida se tomó en el marco de la causa caratulada como lesiones graves agravadas por alevosía en calidad de autor, tras el ataque perpetrado contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, Agustín Pelli, en la localidad de La Madrid. El magistrado consideró que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, validando así el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) ante un hecho que calificó de "brutal" y con impacto institucional.

Durante la audiencia, que se desarrolló de manera virtual, el diputado Pelli presenció los cargos desde la clínica donde permanece internado. Debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido por fracturas múltiples en el tabique nasal y los huesos propios de la nariz, además de un traumatismo encéfalocraneano leve, el parlamentario no pudo hacer uso de la palabra por las dificultades físicas derivadas de la operación en su rostro. Los fiscales Gabriela Ghilardi y Juan José Ibañez describieron que el ataque se produjo de manera sorpresiva cuando Pelli caminaba por la ruta nacional 157 entregando provisiones a los inundados, momento en que Segura le asestó un violento cabezazo aprovechando que la víctima tenía ambas manos ocupadas con bolsas de donaciones.

En su declaración testimonial, Segura admitió la autoría del golpe, pidió disculpas y manifestó su voluntad de resarcir económicamente a la víctima. Sin embargo, justificó su reacción alegando una supuesta provocación: "Yo no sabía que era diputado, no lo conozco, pero me dio bronca porque llegaron a las risotadas y con arrogancia, eso me ofuscó y me sacó. Además me dijo (por Pelli) 'negro chorro' y por eso reaccioné mal". El imputado relató que se encontraba "devastado" tras pasar días ayudando a los damnificados y que le molestó la actitud de los funcionarios: "Uno estaba todo el día anterior, toda esa noche, todo ese día colaborando, mojado, embarrado... no me parecía la actitud de que aparezcan con unas cuantas cosas, buscando con cámara para que le saquen foto".

La fiscalía resaltó que el imputado ya contaba con un antecedente judicial de 1997 por portación de armas de guerra. Además, se informó que en un allanamiento reciente en su domicilio de El Cadillal se hallaron múltiples municiones de escopeta y balas de revólver, aunque no se encontró su teléfono celular. El paradero de este dispositivo es un punto de conflicto central; el MPF sospecha que Segura se lo entregó a un efectivo policial antes de ser trasladado, mientras que el acusado sostuvo haberlo perdido en el lugar de los hechos. "A mí particularmente me cuesta creer de que lo haya perdido... posiblemente luego de la apertura del mismo se podrá obtener información valiosa respecto del hecho o descartar también la comisión de algún otro tipo de delito", señaló el fiscal Ibañez.

Por su parte, el abogado defensor Ernesto Baaclini se opuso a la preventiva y solicitó el arresto domiciliario, ya sea con dispositivo electrónico o guardia policial permanente. Baaclini argumentó que Segura se entregó voluntariamente y que no existe peligro de fuga: "Mi defendido ya le ha determinado cuál es el domicilio a usted. Además, señor juez, no existe el peligro de fuga y tampoco existe el peligro de tratar de entorpecer la investigación". No obstante, el magistrado rechazó esta opción señalando la falta de informes de factibilidad para la pulsera y cuestionando la idoneidad de una consigna policial cuando se investiga la posible connivencia de uniformados en la desaparición del celular del imputado.

Finalmente, Segura reconoció ser empleado público de la Comuna de Los Bulacio, pero se negó a profundizar en los detalles de su labor política. Al momento de ser interrogado por la querella sobre bajo qué funcionario trabajaba y qué funciones cumplía específicamente en La Madrid, el acusado se negó a seguir respondiendo consultas, por consejo de su defensa. Tras conocerse la resolución del juez, Baaclini interpuso un recurso de impugnación, alegando que la calificación de lesiones graves es excesiva y que el plazo de cuatro meses no es razonable: "No puede extenderse una prisión preventiva en un plazo de cuatro meses... el hecho ya está determinado quién es el autor por confesión del autor". El recurso fue aceptado por el magistrado para su posterior tratamiento en el órgano revisor.