Jones Huala cuestionó desde la cárcel las pruebas en su contra y explicó por qué aceptó un juicio abreviado

Noticias Argentinas difundió que el dirigente mapuche Facundo Jones Huala cuestionó desde la cárcel la investigación que derivó en su condena a cinco años y dos meses de prisión y sostuvo que “no existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos” que acrediten su participación en los hechos que se le atribuyeron durante el proceso.

En declaraciones al portal sumario.com.ar, Jones Huala reconstruyó el recorrido de la causa iniciada después de la presentación de su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”, realizada en febrero de 2025 en la Biblioteca Popular Aimé Painé, en Bariloche.

“Yo había presentado un libro de poesía en la Biblioteca Popular Aimé Painé, en Bariloche, y di un discurso político con respecto a mi militancia, a mi hermano y a mi vida”, recordó. Según su interpretación, aquella intervención vinculada con la causa mapuche y su militancia terminó teniendo consecuencias penales que meses después derivaron en su detención.

Jones Huala también cuestionó las circunstancias en las que fue detenido por la Policía Federal en El Bolsón. “Yo fui detenido antes de que haya una orden judicial”, afirmó. Incluso aseguró que el jefe del operativo le manifestó reparos respecto del procedimiento.

Su abogado, Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, coincidió con esos cuestionamientos y calificó la detención como “absolutamente irregular”. Según la defensa, la Policía Federal conocía los movimientos del dirigente y lo había seguido y fotografiado, pero al momento del procedimiento no existía una orden judicial ni una situación de flagrancia que justificara la detención sin ella.

Tras permanecer en dependencias de la Policía Federal en Bariloche, Jones Huala fue trasladado a Rawson, a unos 800 kilómetros de su entorno familiar. Según relató, inicialmente permaneció en un sector de aislamiento y tuvo dificultades para comunicarse con sus familiares y abogados.

Durante la entrevista, el dirigente reconoció su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aunque rechazó que esa condición demostrara por sí misma su responsabilidad penal en los distintos episodios investigados. “No existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos. Entonces tuvieron que inventar muchas cosas”, afirmó.

También negó que existieran comunicaciones en las que apareciera dando instrucciones para cometer ataques. Consultado específicamente sobre la existencia de escuchas en las que ordenara incendiar una vivienda, respondió: “Jamás. No existe eso, eso no pasa”.

Jones Huala sostuvo que durante el último período su función había sido principalmente la de vocero público de la organización y aseguró que algunos de los hechos que se intentaron relacionar con la RAM ocurrieron mientras se encontraba detenido por otras causas. Desde su perspectiva, la condena estuvo vinculada con su pertenencia a la organización y sus manifestaciones públicas. “El solo hecho de ser parte de la organización, de reivindicarla, de haber hablado de la organización, es el delito”, afirmó.

Jones Huala fue condenado a cinco años y dos meses de prisión mediante un juicio abreviado homologado el 16 de septiembre por el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla. Como parte del acuerdo, admitió haber integrado la Resistencia Ancestral Mapuche.

La sentencia se encuadró en el artículo 213 bis del Código Penal, referido a agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza. La condena finalmente acordada no incluyó otras figuras contempladas durante la investigación, entre ellas intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, asociación ilícita y apología del delito.

Jones Huala permanece detenido desde el 6 de junio de 2025 y, de acuerdo con el cálculo efectuado durante el proceso, agotaría la pena en agosto de 2030.

El dirigente explicó que el riesgo de afrontar una condena considerablemente mayor fue determinante para aceptar el juicio abreviado. “Era muy posible que llegando a un juicio oral y público terminara con condena sin prueba y sin testigos, sin nada, sin cosas reales”, sostuvo. Según afirmó, consideraba que podía recibir una pena superior a los 15 años si la causa llegaba al debate oral.

Jones Huala relató que mantuvo una conversación con el fiscal Fernando Arrigo durante la negociación del acuerdo y la describió como cordial, aunque cuestionó las condiciones en las que se desarrolló. “Termina siendo como una negociación: esto sí, esto no; si no, vamos a juicio”, afirmó.

Según la reconstrucción realizada por el condenado y su defensa, inicialmente se discutió una pena de cinco años y seis meses bajo la figura de asociación ilícita vinculada a una organización destinada a poner en peligro la vigencia de la Constitución. Jones Huala rechazó esa calificación y finalmente se acordó una pena de cinco años y dos meses bajo otra figura penal.

“En el acuerdo con la Fiscalía hubo que aceptar incluso cosas que no eran ciertas”, aseguró. Como ejemplo, cuestionó referencias a supuestos materiales de formación de la RAM y diferenció el reconocimiento de su pertenencia a la organización de la responsabilidad por hechos concretos. “Me hago cargo de mi identidad política, de mi militancia, de mis ideas”, sostuvo.

Franquet cuestionó también las condiciones bajo las cuales se alcanzó el acuerdo y consideró que la alternativa entre aceptar una pena determinada o afrontar el riesgo de una condena de 10 o 15 años convierte al juicio abreviado, en casos como este, en “una herramienta de extorsión”.

“Yo no le voy a decir a nadie que arriesgue 10 o 15 años de su libertad confiando en que vamos a poder demostrar la inocencia”, afirmó el abogado. Consultado sobre si consideraba que Jones Huala podía haber sido condenado sin pruebas suficientes en un juicio oral, respondió: “Absolutamente. Y Facundo también”.

María Isabel Huala, madre del dirigente, también cuestionó el proceso y lo vinculó con una serie de conflictos y procedimientos anteriores en la Argentina y Chile.

Según su interpretación, la investigación iniciada después de la presentación del libro constituye una nueva etapa de una persecución política relacionada con la militancia mapuche de su hijo.

La defensa señaló especialmente la actuación del fiscal Arrigo, a quien atribuyó la dirección general de la investigación y la participación en las negociaciones que derivaron en el juicio abreviado. Franquet indicó que, si bien la fiscal Ángela Pagano Mata intervino en buena parte de las audiencias y otros fiscales formaron parte del equipo, Arrigo encabezó el proceso acusatorio que concluyó con el acuerdo.

Jones Huala cerró su planteo reivindicando su identidad política y su militancia, pero insistió en diferenciarlas de la responsabilidad penal por hechos específicos. “Yo tengo una condena por expresar mi ideología, por expresar mi militancia, por decir ‘yo soy esto’”, afirmó.