Jaldo refuerza subsidios al transporte con otros $4.900 millones en marzo

El gobernador Osvaldo Jaldo autorizó una nueva asistencia millonaria para el sistema de transporte público de pasajeros en Tucumán, en el marco de la emergencia vigente para el sector. A través del Decreto N° 418/8, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó el otorgamiento de una compensación de $ 4.900 millones correspondiente al mes de marzo de 2026.

La medida se inscribe en la prórroga de la emergencia del transporte, establecida por la Ley N° 9.773 hasta el 31 de mayo, y busca “garantizar la continuidad del servicio” frente a un escenario marcado “por el incremento de costos operativos, que incluyen insumos, repuestos, servicios y salarios”, junto con los recortes de los subsidios nacionales.

Según lo establecido en la normativa, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, los fondos serán canalizados a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) y distribuidos entre las empresas prestatarias del servicio urbano e interurbano, tanto de jurisdicción provincial como municipal. La Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial fue facultada para autorizar y ejecutar el pago.

En los considerandos del decreto, el Gobierno provincial remarcó la necesidad de “asegurar el normal acceso de la población” a un servicio considerado esencial, subrayando su carácter de prestación obligatoria para atender “necesidades colectivas primordiales”.

La asistencia dispuesta para marzo se suma a un desembolso de características similares realizado el mes pasado, cuando la Provincia ya había destinado un monto equivalente para sostener el sistema. De este modo, en apenas semanas, el Estado provincial habrá inyectado cerca de $10.000 millones al sector, en un intento por amortiguar el impacto de la crisis que atraviesa el transporte público.

El esquema de subsidios provinciales cobra especial relevancia en un contexto de retracción o incertidumbre en los aportes nacionales, lo que obliga a las jurisdicciones a reforzar sus propios mecanismos de financiamiento para evitar conflictos, garantizar la prestación y contener eventuales subas en la tarifa.