Instan al PE a una revisión integral y pública de la concesión en el contrato de EDET

El legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán-foto inferior) presentó un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo y al ERSEPT a iniciar una auditoría profunda sobre la empresa EDET S.A., motivado por las constantes deficiencias en el suministro y la falta de información clara sobre el cumplimiento de las inversiones pactadas. La iniciativa surge en un momento crítico, coincidiendo con el proceso de transferencia del paquete accionario de la distribuidora, y busca establecer de manera documental si la prestación fue satisfactoria antes de revalidar cualquier vínculo contractual. El objetivo central es transparentar la gestión de un servicio esencial que impacta directamente en la economía de los hogares tucumanos, evaluando incluso la posibilidad legal de rescindir la concesión si se acreditan incumplimientos graves.

El texto legislativo solicita formalmente que el Poder Ejecutivo, a través del ERSEPT, “disponga la apertura de un procedimiento integral, público y documentado de revisión del cumplimiento del contrato de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica otorgado a EDET S.A.”. Según los términos del proyecto, este examen no debe ser superficial, sino que debe comprender, como mínimo, la evaluación del “cumplimiento de las inversiones comprometidas y necesarias para asegurar los niveles de calidad exigidos”, así como el análisis detallado de la “frecuencia y duración de las interrupciones, los problemas de tensión y los restantes indicadores de calidad técnica y comercial del servicio”.

Además, Courel hace especial hincapié en que la revisión debe abarcar el comportamiento administrativo de la empresa frente a sus clientes. Para ello, solicita auditar los “criterios y procedimientos aplicados por EDET S.A. para determinar los montos facturados y gestionar la mora, incluyendo la composición de las facturas; las tasas de interés, recargos y gastos administrativos; los planes de pago; las intimaciones; los plazos y condiciones para suspender el suministro”.

En los fundamentos de la iniciativa, se resalta que la energía eléctrica es un insumo vital que “incide directamente sobre la calidad de vida, la economía familiar y el desarrollo de las actividades comerciales y productivas de la Provincia”. El legislador opositor advierte que la exclusividad de 90 años otorgada a la empresa no es un cheque en blanco, ya que “la extensión temporal de la concesión no implica que ésta resulte irrevocable”, recordando que la normativa vigente prevé la extinción del contrato por “rescisión o rescate” ante incumplimientos de obligaciones sustanciales.

La propuesta también pone el foco en la actuación del ente regulador, al señalar que la evaluación debe permitir conocer “no sólo la conducta de la empresa, sino también la actuación desarrollada por el organismo de control”. En este sentido, se exige información sobre las “inspecciones, intimaciones, sanciones y multas aplicadas por el ERSEPT; su grado de cumplimiento; los montos efectivamente cobrados; y las compensaciones acreditadas a los usuarios”.

Transparencia ante el cambio de accionistas

Un punto clave del proyecto es la vinculación de esta revisión con el proceso de venta de las acciones de la compañía. Courel sostiene que “la sustitución de los accionistas o del operador no equivale al otorgamiento de una nueva concesión” y que, por lo tanto, es imperativo determinar si las obligaciones asumidas fueron cumplidas satisfactoriamente antes de adoptar decisiones de largo plazo.

Al respecto, el documento es categórico al afirmar que “el contrato sólo permite reconocer una preferencia razonable al actual titular del paquete mayoritario cuando el servicio haya sido prestado satisfactoriamente”, y que tal calificación “no puede consistir en una afirmación genérica: debe fundarse en información pública sobre inversiones, interrupciones, calidad, sanciones, reclamos y compensaciones”.

Finalmente, el proyecto propone que toda la información producida sea “publicada en formatos abiertos y accesibles” y que se convoque a una “audiencia pública destinada a considerar la calidad del servicio”, asegurando la participación de usuarios del interior provincial, asociaciones de consumidores y sectores productivos. En caso de que se prueben fallas graves, el legislador camperista concluye que corresponderá convocar a un “nuevo procedimiento licitatorio bajo condiciones que aseguren inversiones verificables, indicadores territoriales de calidad, compensaciones automáticas y controles efectivos”.