Informe de la oposición advierte sobre el alto gasto y la superposición de áreas en la Defensoría del Pueblo

La reciente designación de Agustín Fernández como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de Tucumán volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento y la dimensión del organismo, en medio de cuestionamientos por su estructura administrativa, su elevado gasto y su grado de independencia institucional.

En ese contexto, el legislador José Seleme, del bloque Avanza Tucumán, lanzó duras críticas y planteó la necesidad de una reforma de fondo en la institución. “Esto confirma que la Defensoría del Pueblo en Tucumán dejó de ser una herramienta para defender a los ciudadanos y se convirtió en una estructura política gigantesca que consume recursos sin dar respuestas”, afirmó el parlamentario.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse un informe legislativo que detalla el tamaño del organismo, con cerca de 500 empleados de planta, entre 250 y 300 contratados, más de 60 oficinas jerárquicas y múltiples áreas con funciones superpuestas. “Tenés casi 500 empleados de planta, cientos de contratados, más de 60 oficinas, secretarías por todos lados… y el 97% del presupuesto se va en sueldos”, remarcó Seleme, en referencia a los datos difundidos sobre la ejecución presupuestaria del organismo.

El legislador también cuestionó el volumen de recursos asignados a la Defensoría en el actual contexto económico. “Estamos hablando de más de 10.000 millones de pesos. En una provincia con pobreza, con problemas de infraestructura y con servicios que no funcionan, es un despropósito total”, sostuvo.

En esa línea, vinculó la situación con lo que definió como un modelo político sostenido durante décadas. “Esto no es casualidad. Es el modelo que han instalado en la provincia: agrandar el Estado para sostener la política. La Defensoría hoy funciona más como una agencia de empleo para amigos que como un organismo de control”, afirmó.

Otro de los ejes de la crítica estuvo centrado en la designación de un dirigente político del peronismo, como el exdiputado nacional Fernández, al frente de la institución. Para Seleme, esa situación compromete la independencia que debería tener el organismo. “¿Quién va a controlar al poder si el que tiene que controlar viene del mismo palo? El defensor del pueblo debería ser independiente, con autoridad moral, no alguien surgido de la estructura que tiene que auditar”, cuestionó Seleme (foto inferior).

Expansión de la estructura y aumento del gasto

La polémica se profundizó luego de que el legislador difundiera un informe que analiza la evolución de la estructura interna de la Defensoría en las últimas gestiones.

El estudio, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, compara los organigramas correspondientes a las administraciones de Fernando Juri Debo y Eduardo Cobos, previas a la actual conducción del organismo.

De acuerdo con ese análisis, si bien la estructura superior del organismo se mantuvo formalmente sin grandes cambios —con el Defensor del Pueblo, los defensores adjuntos y cuatro grandes secretarías—, en los niveles intermedios y operativos se produjo una expansión significativa de áreas, oficinas y cargos jerárquicos.

Durante la gestión de Juri Debo, el esquema institucional presentaba una organización relativamente más compacta. Debajo de las secretarías principales funcionaban un número acotado de direcciones y áreas técnicas, entre ellas la Dirección de Relatores, la Dirección Legal y Técnica, la Dirección de Relaciones Institucionales, la Dirección de Desarrollo y Monitoreo Institucional y la Dirección de Despacho. Estas dependencias concentraban buena parte de las funciones operativas del organismo, con equipos de trabajo que abordaban distintos temas dentro de estructuras más generales.

El organigrama correspondiente a la gestión de Cobos, en cambio, muestra una estructura notablemente más segmentada. En ese período se incorporaron nuevas direcciones, secretarías ejecutivas, coordinaciones y jefaturas, además de oficinas especializadas en distintas temáticas vinculadas a la defensa de derechos y a la gestión administrativa interna.

Entre las áreas que aparecen desarrolladas o ampliadas en la estructura más reciente figuran dependencias vinculadas a Políticas Sociales, Defensa del Consumidor, Servicios Públicos, Medio Ambiente, Comunicación Institucional, Informática, Transparencia, Atención al Usuario y distintas áreas administrativas y de gestión interna.

El informe también señala la creación de nuevas unidades de apoyo y coordinación, así como la multiplicación de secretarías ejecutivas y jefaturas intermedias, lo que derivó en una mayor fragmentación del organigrama y en la coexistencia de áreas con funciones similares o superpuestas.

Según el análisis presentado, esta ampliación de la estructura administrativa tuvo un impacto directo en el crecimiento del organismo en términos de personal y presupuesto. De acuerdo con datos oficiales previos a la asunción de Fernández, la Defensoría llegó a contar con 486 empleados de planta, además de personal contratado, y un presupuesto cercano a los 10.000 millones de pesos.

La mayor parte de esos recursos se destina al pago de salarios. Los registros presupuestarios indican que alrededor del 97% del gasto total del organismo se encuentra comprometido en sueldos, lo que deja un margen reducido para programas, acciones territoriales o iniciativas vinculadas directamente con la defensa de derechos.

En ese marco, el informe sostiene que la expansión de la estructura interna y la creación de nuevas áreas durante las últimas gestiones aparece como uno de los factores centrales que explican el aumento del gasto del organismo en los últimos años.

“O se reforma o se elimina”

 

Frente a este escenario, Seleme planteó alternativas de fondo para el futuro de la institución. “O se elimina la Defensoría o se la reformula. Porque con mucha menos gente y menos gasto, este organismo podría funcionar y estar realmente al servicio de los tucumanos”, afirmó.

Finalmente, el legislador dejó una advertencia sobre el debate que se abre en torno al organismo. “Los tucumanos necesitan soluciones, no oficinas. Si no se reforma de raíz, hay que eliminarlo. Porque esto va a seguir siendo mucho gasto, mucha política y cero resultados”, concluyó.