Fin de la ANDIS y el laberinto de auditorías en Tucumán: 32 mil citaciones por posibles irregularidades sin entregar

El Poder Ejecutivo Nacional decidió eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como entidad independiente, integrando sus competencias directamente al Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones. Alejandro Vilches, quien hasta ahora actuaba como interventor del organismo, asumirá el rol de secretario responsable del área.

Durante su conferencia de prensa habitual en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la medida (foto inferior): “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”. El funcionario destacó que el ente, establecido en 2017 mediante decreto durante la gestión de Mauricio Macri como un organismo descentralizado para articular políticas en materia de discapacidad, derivó en una estructura con excesiva independencia que fomentó acumulaciones administrativas, falta de supervisión y prácticas opacas.

Adorni detalló ejemplos de anomalías detectadas, como cobros continuos por parte de familiares de beneficiarios ya fallecidos, aprobaciones de beneficios sin soportes documentales adecuados, certificados médicos sin fundamentos clínicos y entidades que cobraban por servicios no prestados.

Con la integración al Ministerio de Salud, se prevé una gestión más clara y controlada. “Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, quien agregó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

El funcionario mileísta enfatizó repetidamente que el cambio estructural no afectará los beneficios vigentes. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.

Fuentes cercanas al Ministerio de Salud indicaron que el objetivo es racionalizar el sistema, asegurar el uso adecuado de fondos públicos, mejorar la atención a beneficiarios y familias, unificar estándares médicos y presupuestarios, y eliminar duplicidades. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, recalcó el Gobierno. Esta reestructuración, que la gestión libertaria venía evaluando desde hace meses, busca mayor eficiencia en un área sensible.

Auditorías con altos índices de notificaciones fallidas

Según datos del último informe remitido por la Jefatura de Gabinete al Congreso Nacional sobre los controles de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC-IL), en Tucumán se enviaron 57.342 citaciones para revisiones. De ellas, 32.607 no pudieron entregarse exitosamente, lo que equivale a cerca del 43% de fallos en la notificación, atribuibles a domicilios desactualizados o cuestiones relacionadas con los beneficiarios.

El protocolo establece que, ante una primera entrega fallida, se envía una segunda carta documento; si persiste el problema, se aplica la suspensión conforme al Decreto 432/97.

De acuerdo con los registros actualizados al 1 de agosto de 2025, Tucumán cuenta con 66.245 personas con Certificado Único de Discapacidad vigente, lo que representa el 3,6% del total de certificados en todo el país. La caracterización de esta población arroja los siguientes datos específicos:

• Población infantil y juvenil: Del total de certificados en la provincia, 19.063 corresponden a menores de 18 años, lo que posiciona a nuestra provincia como la sexta jurisdicción con mayor cantidad de menores con CUD (4,5% del total nacional en esa franja etaria).

• Situación de calle: Se han identificado 15 personas con CUD vigente en situación de calle en el territorio tucumano, según los datos declarativos tomados al momento de la evaluación.

• Inclusión laboral: El sistema público nacional emplea a personas con discapacidad bajo el régimen de cupo de la Ley 22.431; sin embargo, las fuentes indican que la verificación del cumplimiento de estos cupos es responsabilidad de los titulares de recursos humanos de cada organismo y de sus unidades de auditoría interna.

Para facilitar el proceso y garantizar accesibilidad, la ANDIS coordinaba con PAMI para evaluaciones presenciales y con ANSES para digitalizar trámites en casos de dificultades con la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Antecedente judicial

En octubre pasado, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, bajo la titularidad del juez José Manuel Díaz Vélez, dictó una cautelar que ordenó la inmediata reposición de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en la provincia, afectando a numerosos residentes con discapacidad.

La decisión surgió de un amparo colectivo promovido por la Defensoría del Pueblo local, a cargo de Eduardo Cobos, en conjunto con la Federación Regional de Ayuda Social al Insuficiente Mental (FRASIM), con patrocinio legal de María Fernanda Prado y Guillermo Federico Anabia. La medida abarcó la restitución de pagos, cobertura médica y liberación de fondos retenidos, exigiendo solo una caución juratoria a los demandantes.

El magistrado argumentó que las suspensiones, basadas en modificaciones regresivas del Decreto 843/2024, alteraban el carácter protector de los beneficios, impactando derechos básicos como salud y subsistencia. Criticó las revisiones masivas, automáticas, con evaluaciones médicas irregulares y notificaciones defectuosas, generando indefensión y violación al debido proceso.

El fallo invocó normas nacionales e internacionales de protección a personas con discapacidad, incluyendo la Convención correspondiente y precedentes de la Corte Suprema, como el caso “Halabi” para acciones colectivas. Díaz Vélez señaló que el Estado colocaba a los afectados en “una situación de extrema vulnerabilidad, conculcando derechos humanos esenciales”.

Aunque limitada a Tucumán, la sentencia generó un precedente que se extendió a otras jurisdicciones, en un contexto de múltiples reclamos acumulados durante 2024 y 2025 por ajustes en el sector.

Escándalo

La eliminación de la ANDIS se produce además en medio de las denuncias por un supuesto esquema de sobornos en la adquisición de medicamentos para personas con discapacidad.

La polémica surgió a raíz de la difusión de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo (foto inferior) exdirector del organismo, en las que se describía una posible estructura de retornos ilegales, direccionamientos en contratos y pagos inflados en fármacos, involucrando a proveedores farmacéuticos, intermediarios y autoridades de alto nivel.

La investigación judicial se centra en presuntos sobreprecios en la provisión de tratamientos para beneficiarios con discapacidad, así como en el cobro de comisiones por parte de farmacias mayoristas para obtener adjudicaciones favorables.

El tribunal de apelaciones de Comodoro Py puso especial atención en esas grabaciones, donde se detalla un mecanismo de sobornos dentro del ente, aunque estas no se emplearon directamente como evidencia para impulsar el proceso, que ya cuenta con 15 personas llamadas a declarar en calidad de acusadas. Los jueces dispusieron verificar su procedencia y autenticidad.