El Tribunal de Cuentas anuló el nombramiento de Díaz en la Caja Popular y puso el caso en manos de la Justicia

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió declarar la nulidad absoluta de la designación del exinterventor de la Caja Popular de Ahorros, José César Díaz, en la planta permanente de la entidad crediticia, al considerar que el acto administrativo presenta “vicios graves y concurrentes en sus elementos esenciales”.

La decisión quedó formalizada en el Acuerdo N° 1348, firmado el pasado 29 de abril, donde además se dispuso la apertura de una comprobación sumaria para determinar posibles responsabilidades patrimoniales y administrativas, y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal ante la eventual comisión de delitos.

El caso se inscribe, además, en un escenario político sensible. Díaz responde al diputado nacional y dirigente de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, quien mantiene un fuerte enfrentamiento con las actuales autoridades del Tribunal de Cuentas y atraviesa un distanciamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo. Fue precisamente Jaldo quien, en enero de este año, dispuso la salida de Díaz de la intervención y su reemplazo por Guillermo Norry al frente de la Caja Popular.

Un acto “insanablemente nulo”

El núcleo de la Acordada del TC se centra en la Resolución de Intervención N° 494/23, mediante la cual Díaz fue designado como Sub Gerente General Adscripto Nivel 3 de la planta permanente, con funciones de asesor letrado y licencia simultánea por ejercicio de cargo político.

Para el organismo de control, ese acto “adolece de vicios en la competencia, el procedimiento, la causa, la motivación, la finalidad y el objeto”, lo que determina su “nulidad absoluta e insanable (Art. 43 Ley 4537)”.

En ese sentido, el Tribunal fue categórico al afirmar que la acumulación de irregularidades afecta todos los elementos esenciales del acto administrativo, lo que impide cualquier tipo de convalidación posterior.

Uno de los puntos más graves señalados es que la resolución fue firmada por el entonces subinterventor Hugo Ledesma, quien hoy ocupa una banca en la Legislatura, sin que existieran las condiciones legales para hacerlo.

“El Sub Interventor (…) asumió y ejerció una competencia que no le pertenecía”, sostiene el acuerdo, al remarcar que no se acreditó la ausencia ni impedimento del interventor titular.

Pero, además, el TC advierte una situación aún más delicada: el beneficiario del acto era el propio interventor en funciones. “Esa coincidencia entre emisor sustancial y beneficiario configura un conflicto de interés que imponía la excusación del titular”, señala el documento, subrayando que ese paso nunca se cumplió.

Una designación sin justificación institucional

El análisis también pone el foco en la finalidad del acto, que es considerada ilegítima.

“El acto (…) no se orienta a cubrir una vacante en interés del servicio sino a asegurar al titular del organismo intervenido un puesto de carrera”, concluye el Tribunal, al encuadrar la situación como un caso de desviación de poder.

Incluso, en el Acuerdo, que lleva las firmas del presidente del TC, Miguel Chaiben Terraf y del vocal, Marcelo Vidal, se describe una “paradoja manifiesta”, ya que el mismo acto que designa a Díaz en un cargo jerárquico le otorga simultáneamente una licencia que le impide ejercerlo.

De ese modo, “el cargo quedó formalmente cubierto pero materialmente inactivo”, mientras que la erogación presupuestaria se mantenía.

Graves consecuencias

Otro eje central del Acuerdo es la violación del artículo 9° de la Constitución provincial, que prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados. “El efecto jurídico es automático y de raíz constitucional: la sola aceptación del segundo puesto deja vacante el primero”, indica el TC.

En consecuencia, al aceptar el cargo en planta permanente en junio de 2023, Díaz habría cesado automáticamente como interventor.“La licencia por cargo político es jurídicamente inhábil para sortear la prohibición constitucional”, advierte el acuerdo, rechazando el mecanismo utilizado para intentar compatibilizar ambas funciones.

A partir de esa interpretación, el Tribunal introduce un elemento de fuerte impacto institucional, al señalar que todos los actos firmados por Díaz durante más de dos años podrían estar viciados. “Los actos administrativos suscriptos (…) habrían sido dictados por funcionario que había cesado de pleno derecho en el cargo”, señala el documento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso exclusivo

No obstante, el fallo del TC aclara que su validez deberá analizarse caso por caso, aplicando la doctrina del “funcionario de hecho”, para resguardar derechos de terceros de buena fe.

El dictamen también cuestiona el proceso administrativo que derivó en la designación. Entre otras observaciones, señala la ausencia de concurso, evaluación o cumplimiento de los requisitos del Estatuto del Personal, así como la falta de fundamentación para acceder directamente a un cargo jerárquico.

Además, el dictamen jurídico previo fue considerado insuficiente: “es genérico en grado tal que equivale, en términos funcionales, a omisión de dictamen jurídico previo”.

Derivación a la Justicia

Frente a este cuadro, el Tribunal dispuso la apertura de una comprobación sumaria para avanzar en la investigación. “La magnitud, complejidad y proyección temporal de los hechos (…) exigen un cauce de instrucción específico”, sostiene el acuerdo.

La pesquisa buscará determinar, entre otros puntos, los sueldos que cobró Díaz, la posible simultaneidad de ingresos, la equivalencia entre el cargo asignado y las funciones efectivamente cumplidas y la eventual existencia de perjuicio fiscal.

También se analizará la responsabilidad del actual legislador Ledesma y del propio exinterventor José Díaz.

En paralelo, el Tribunal resolvió poner el caso en conocimiento del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal, ante la posible configuración de delitos como “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Tendencia de Noticias intentó comunicarse con Díaz mediante un mensaje de WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. También se consultó al legislador Hugo Ledesma, quien señaló que estaba analizando la resolución del TC. En tanto, fuentes de la Asociación Bancaria dijeron a TDN que no descartan la emisión de un comunicado en las próximas horas. Las mismas fuentes interpretaron que la medida se inscribe en una nueva pulseada entre los jueces del Tribunal de Cuentas y Díaz, con quien mantienen desde hace años una marcada enemistad institucional.