El Ministerio Fiscal profundiza su perfil de asistencia social con entregas a merenderos y organizaciones comunitarias

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán profundizó durante 2026 una política de intervención comunitaria que incluye la entrega de alimentos, electrodomésticos, indumentaria, útiles escolares, materiales de construcción y equipamiento tecnológico, educativo y recreativo a merenderos, comedores, fundaciones y organizaciones sociales de distintos puntos de la provincia.

Esta semana, el organismo que conduce el ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez sumó una nueva acción a esa agenda con la entrega de equipamiento al merendero móvil “Caminito de Luz”, destinado a desarrollar funciones cinematográficas para niños y familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa vuelve a poner en primer plano una faceta que el MPF fortaleció en los últimos años y particularmente durante 2026, como es la asistencia directa a sectores vulnerables, una tarea habitualmente asociada a las áreas sociales y educativas de los poderes ejecutivos provincial y municipales y que no aparece enumerada entre las funciones penales específicas que la legislación asigna a los fiscales.

La Ley Orgánica establece que los fiscales tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal pública y, entre otras atribuciones, deben dirigir las investigaciones, formular acusaciones o requerimientos de sobreseimiento, intervenir en los juicios y aplicar criterios de oportunidad dentro de los márgenes establecidos por la legislación. A su vez, el Código Procesal Penal determina que el MPF ejerce la acción penal pública, dirige la investigación e interviene en todas las etapas del proceso.

El Ministerio Fiscal, sin embargo, encuadra su creciente presencia territorial y comunitaria dentro de una política de “justicia restaurativa” y de reparación integral, a través de la cual recursos provenientes de soluciones alternativas de causas penales o bienes recuperados en investigaciones son destinados a instituciones de bien público.

Cine para niños de sectores vulnerables

La última intervención se concretó en el barrio Ciudad Oculta, ubicado en Villa Carmela, Tafí Viejo, donde el MPF entregó al merendero móvil “Caminito de Luz” una notebook, un proyector, una pantalla, una potencia, un gazebo y una máquina pochoclera.

Los elementos serán utilizados para desarrollar el proyecto “Cine bajo las Estrellas”, que busca llevar funciones cinematográficas itinerantes y actividades recreativas a niños y familias de barrios periféricos que, por razones económicas o geográficas, tienen dificultades para acceder a salas convencionales.

La actividad contó con la presencia del propio Jiménez y fue supervisada por las Unidades Fiscales de Robos y Hurtos, Criminal II y Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Centro Judicial Capital.

Fernando Alincastro, presidente del merendero móvil Caminito de Luz, explicó que la organización trabaja con aproximadamente 70 niños en Ciudad Oculta. “Esta es una zona muy vulnerable en la que hemos enfocado nuestro trabajo. Es muy importante la colaboración que nos da el Ministro Fiscal, porque nos permite llevar el Cine Móvil a distintos sectores de la provincia”, señaló.

Erika Leiva, voluntaria de la organización, destacó que el proyecto era una iniciativa que el merendero pretendía concretar desde hacía tiempo. “El Cine Móvil es algo con lo que soñábamos hace rato, así que estamos muy contentos”, expresó. La voluntaria explicó que durante la jornada también se organizaron una merienda, juegos y premios para los niños.

Guillermo Scherf, encargado de la cocina del merendero, señaló que la organización funciona principalmente mediante aportes voluntarios. “Es un trabajo arduo que hacemos a pulmón y está basado en las donaciones que recibimos de la gente de manera voluntaria. De esa manera nos vamos organizando y planificando semana a semana”, indicó.

Una política que se expandió durante 2026

La actividad realizada en Villa Carmela no constituye un hecho aislado. Desde comienzos de año, el Ministerio Fiscal difundió numerosas intervenciones destinadas a organizaciones que trabajan con población vulnerable.

En enero, en vísperas de Reyes, el programa “Ayudemos a los que ayudan” distribuyó juguetes educativos entre 42 organizaciones sociales, merenderos, cocinas comunitarias y fundaciones. De acuerdo con la información difundida entonces, la iniciativa alcanzó a más de 3.000 niños y utilizó recursos recuperados del delito.

En abril, el MPF entregó mobiliario, una computadora y una impresora a la Fundación Nueva Generación, de Acheral, una institución dedicada a la asistencia de niños con autismo y discapacidad y a la orientación de familias vulnerables.

Ese mismo mes, el merendero móvil “Bendiciones”, de Bella Vista, recibió una amasadora y una sobadora para fortalecer la elaboración de alimentos y la distribución de viandas.

En mayo, la Asociación Civil Crecer Juntos recibió elementos de cocina y bazar, artículos de librería, materiales de construcción y equipamiento. También durante ese mes, el Ministerio Fiscal lanzó una intervención de mayor escala dentro del programa “Promoviendo Futuro”: distribuyó 20 kits de apoyo escolar y más de 1.300 pares de zapatillas entre 20 instituciones de distintos puntos de Tucumán.

El propio Jiménez participó de aquella entrega y explicó que la iniciativa surgió, entre otros motivos, después de conocer casos de alumnos que tenían dificultades para concurrir a clases por no contar con calzado. Las instituciones beneficiadas estaban distribuidas en localidades de prácticamente toda la provincia.

De cocinas comunitarias a alfabetización de adultos

Las acciones continuaron durante junio. La Cocina Comunitaria Santa Rosa, de Aguilares, que brinda asistencia alimentaria a más de 70 personas, recibió un freezer, mesas, sillas, ollas y elementos de bazar recuperados de causas penales.

A fines de ese mes, la cocina comunitaria “Rayito de Sol”, de Villa Quinteros, recibió un freezer, un horno pizzero, chapas, perfiles, aislantes y alimentos. La intervención permitió, entre otras cosas, terminar el techo del espacio donde se preparan viandas para unas 20 familias.

En julio, el MPF colaboró con la Biblioteca Popular “Creando en Libertad”, de Aguilares, mediante la entrega de mobiliario y artículos de librería destinados a actividades educativas y recreativas para niños y adolescentes.

Durante agosto, la política asistencial alcanzó también a una escuela de alta montaña de San José de Chasquivil, que recibió decenas de bolsas de ropa nueva, freezers, una cocina, calefones y camperas.

En ese mismo período, una fundación que desarrolla un programa de inclusión mediante el vóley recibió pelotas, redes, vallas, conos, bandas elásticas, pesas y otros elementos para trabajar con más de 200 niños y adolescentes.

También fue beneficiado el merendero “La Nena”, de Trancas, al que se entregaron un freezer, pavas eléctricas, elementos de bazar, palas y útiles escolares.

Electrodomésticos y bienes secuestrados

La política adquirió otra dimensión a comienzos de septiembre con el programa “Segundas Oportunidades”. El Ministerio Fiscal distribuyó 75 bienes entre 20 instituciones y organizaciones sin fines de lucro de Tucumán.

Heladeras, cocinas, bicicletas, herramientas, computadoras, caloventores y equipos de aire acondicionado que habían permanecido secuestrados en causas judiciales fueron reasignados a entidades comunitarias una vez que dejaron de resultar necesarios como evidencia.

Según explicó el propio organismo, las instituciones beneficiadas también reciben a personas que deben cumplir reglas de conducta o realizar tareas comunitarias dentro de procesos judiciales.

Días después, el MPF entregó una impresora, una consola de sonido, un proyector, una pantalla y artículos de librería al Centro de Jubilados Nuestro Señor de la Divina Misericordia, del barrio San Pedro I, para desarrollar talleres de alfabetización destinados a adultos mayores y actividades culturales.

La intervención inmediatamente anterior a la realizada con “Caminito de Luz” tuvo lugar este lunes en Piedrabuena. Allí, el Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias entregó una heladera, un freezer, una cocina y artículos de bazar a la

Cocina Comunitaria Alto Verde, ubicada en el paraje La Soledad.

El espacio atiende a 23 familias integradas por 118 personas y distribuye viandas de lunes a viernes.

Justicia Restaurativa

El Ministerio Fiscal fundamenta estas intervenciones en el modelo de Justicia Restaurativa que comenzó a desarrollar a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

En la comunicación institucional difundida por el propio organismo sobre la asistencia realizada en Piedrabuena, el MPF señaló que el artículo 33 del Código contempla la reparación integral como uno de los criterios de oportunidad para determinadas causas y que, a partir de esa herramienta, se creó un equipo interdisciplinario con presencia en los tres centros judiciales de la provincia.

El objetivo declarado es que las soluciones alternativas a los procesos penales no solamente reparen a las víctimas directamente involucradas, sino que produzcan también un impacto sobre la comunidad.

La legislación procesal efectivamente contempla los criterios de oportunidad como herramientas que los fiscales pueden aplicar dentro de los márgenes legales. La Ley Orgánica establece expresamente entre las funciones de los fiscales la posibilidad de utilizarlos.

Las acciones difundidas durante 2026 muestran que el MPF ya no limita las reparaciones a intervenciones directamente vinculadas con víctimas o consecuencias concretas de un delito, sino que desarrolló programas propios con objetivos alimentarios, educativos, recreativos, deportivos y de inclusión social.

“Promoviendo Futuro”, “Ayudemos a los que ayudan”, “Segundas Oportunidades” y ahora “Cine bajo las Estrellas” exhiben una estructura organizada para identificar instituciones, seleccionar destinatarios y canalizar bienes y recursos hacia sectores vulnerables.

De esa manera, una institución cuya misión específica dentro del sistema judicial está centrada en la investigación de los delitos, el ejercicio de la acción penal pública y la defensa de la legalidad consolidó paralelamente una creciente presencia en ámbitos de asistencia comunitaria.

La sucesión de intervenciones desarrolladas durante 2026 muestra que la asistencia comunitaria dejó de ser una actividad ocasional dentro del Ministerio Fiscal para convertirse en una política sostenida y con presencia territorial en distintos puntos de Tucumán.

De dónde salen los fondos

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán tuvo asignado para el ejercicio 2026 un presupuesto inicial de $ 52.508 millones, al cual se sumaron ampliaciones y adecuaciones durante el año, monto que fue destinado en gran parte al pago de sueldos, aportes y gastos en personal.

Esto quedó en evidencia con las sucesivas ampliaciones presupuestarias solicitadas directamente por el MPF durante 2026, las cuales fueron destinadas íntegramente a esta partida (por ejemplo, el refuerzo de $5.720 millones mediante el Decreto Nº 1.985/3 (SH) y otro previo de $5.000 millones bajo el Decreto Nº 1.587).

El porcentaje restante de los $52.508 millones iniciales se asigna a los gastos de funcionamiento operativos, que incluyen insumos de oficina, mantenimiento de los centros judiciales (Capital, Concepción y Monteros) y servicios de conectividad e infraestructura informática.

Otra parte de los recursos se destina a sostener laboratorios de investigación forense y herramientas de digitalización (como los sistemas informáticos de gestión de causas y expedientes digitales), áreas que han impulsado la expansión del organismo.

El presupuesto del MPF no incluye partidas tradicionales de asistencia social o subsidios, ya que estas funciones corresponden constitucionalmente a ministerios del Poder Ejecutivo (como Desarrollo Social). Sin embargo, el organismo ejecuta una política muy activa de ayuda social y donaciones institucionales utilizando el mecanismo de Justicia Restaurativa y el recupero de bienes del delito.

A través de esta modalidad, el organismo asiste a comunidades vulnerables sin comprometer los fondos de sus partidas presupuestarias tradicionales.

Por ejemplo, los elementos secuestrados en causas penales (como estafas, robos o fraudes) que no pueden ser devueltos a sus dueños originales o que forman parte de decomisos, se reasignan directamente a la sociedad. Según información oficial, el MPF de Tucumán ha equipado a más de 1.300 proyectos sociales y organizaciones sin fines de lucro con este mecanismo.

También se obtienen fondos mediante resarcimientos económicos por delitos leves, en casos de salidas alternativas al juicio (como la suspensión del juicio a prueba o conciliaciones por delitos menores), donde los fiscales acuerdan con los imputados reparaciones del daño de carácter social. En lugar de multas destinadas a Rentas Generales, se exige a los procesados la compra y donación de elementos específicos solicitados por instituciones comunitarias. Por ejemplo, insumos deportivos (pelotas, colchonetas, conos) destinados a clubes de barrio de zonas vulnerables para alejar a los jóvenes del consumo de drogas.

Bajo el lema institucional de "Lo que le quitamos a la delincuencia se lo devolvemos a la comunidad", el MPF viene financiando acciones de fuerte impacto social.