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El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aceleró en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la República Argentina.
La primera reunión informativa fue fijada para el miércoles 30 de septiembre, cuando comenzará el debate conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El oficialismo apunta a realizar una segunda jornada de discusión y llegar al 6 de octubre con los dictámenes firmados. Si ese cronograma se cumple, el proyecto podría ser llevado al recinto el 7 de octubre, junto con otras iniciativas que la Casa Rosada busca aprobar durante la primera mitad del mes.
Funcionarios explicarán el proyecto en la Cámara Baja
La primera reunión tendrá un carácter principalmente informativo. La intención de La Libertad Avanza es convocar a funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia para que expliquen los alcances de la iniciativa y respondan las preguntas de los diputados.
El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre, después de queel Presidente Javier Milei profundizara su reclamo por Malvinas en distintos discursos oficiales y ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Las comisiones encargadas de comenzar el tratamiento están presididas por los libertarios Carlos Zapata, en Defensa Nacional; Juliana Santillán, en Relaciones Exteriores y Culto; y Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal.
Mecanismo para que las empresas abandonen las actividades
El proyecto también contempla una alternativa para quienes actualmente desarrollen actividades que quedarían alcanzadas por el nuevo régimen.
La iniciativa establece un mecanismo de regularización, mediante el cual los involucrados podrían desistir de esas operaciones y optar por el pago de una suma de dinero o por la reconversión de sus inversiones hacia actividades permitidas.
La autoridad de aplicación de este régimen sería designada por el PEN.
El Gobierno plantea que el objetivo es generar incentivos para que las empresas abandonen actividades consideradas ilegítimas y, al mismo tiempo, aumentar el costo de aquellas operaciones que continúen desarrollándose sin autorización argentina.
Un proyecto ambicioso
Aunque el proyecto fue presentado como una herramienta para defender la soberanía sobre Malvinas y sus recursos, el texto incorpora además modificaciones vinculadas con seguridad nacional, defensa, inteligencia e infraestructura crítica.
Uno de los capítulos centrales crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Estado.
La propuesta busca coordinar las políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia frente a amenazas consideradas estratégicas.
El Gobierno sostiene que esta estructura permitiría evitar que distintas áreas actúen de manera aislada ante situaciones que puedan afectar los intereses estratégicos del país.
La iniciativa incorpora herramientas para la protección de espacios marítimos, fluviales y aeroespaciales, junto con mecanismos destinados a resguardar infraestructura crítica.
El objetivo es que se debata en octubre
Con este paquete de medidas, la Casa Rosada intenta convertir la defensa de la soberanía en una agenda legislativa prioritaria.
El primer paso será el plenario de las tres comisiones previsto para el 30 de septiembre. Después, el oficialismo buscará avanzar con una segunda jornada de discusión y firmar los dictámenes el 6 de octubre.
El objetivo es que el proyecto pueda llegar al recinto el 7 de octubre, aunque esa fecha dependerá de que el oficialismo consiga los acuerdos necesarios para avanzar.
En esa eventual sesión también podrían incorporarse el nuevo Régimen de Discapacidad y proyectos vinculados con morosidad y endeudamiento familiar, de acuerdo con el cronograma que maneja el oficialismo.