Como si se tratase de una especie de delivery judicial y no del cumplimiento de una condena a seis años de cárcel por delitos de corrupción, la expresidenta Cristina Kirchner solicitó que le autoricen el arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, que no la obliguen a usar tobillera electrónica y mantener su actual custodia a costas del Estado.
Un día después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el fallo en su contra en la causa Vialidad, donde también se le impuso la pena de habilitación perpetua para ocupar cargos públicos, la actual presidenta del PJ nacional hizo todos esos pedidos a través de su abogado, Carlos Beraldi, ante el juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la pena del caso Vialidad.
En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de calle San José 1111, en el departamento del barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde la expresidenta actualmente reside, para que cumpla ahí con el arresto, y le al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente la custodia. El letrado fundamentó su pedido de detención domiciliaria en el hecho de como ex presidenta, Cristina “tiene secretos de Estado”, además de que “sufrió un intento de homicidio”, en referencia al atentado del 1° de septiembre de 2022.
Desde la defensa de Cristina, inclusive, pretenden que se le permita realizar reuniones políticas y hasta brindar entrevistas y conferencias.
Según información judicial filtrada en las últimas horas, la exvicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández antes de que se defina si le dan o no esos beneficios, debería pasar un tiempo detenida en una dependencia de las fuerzas federales. Esto debido a que también existe un pedido en de los fiscales que impulsaron la acusación en la causa Vialidad para que todos los condenados sean encarcelados.
De todos modos, en Comodoro Py sus abogados negocian alternativas para evitar que la expresidenta quede detenida en una alcaidía.
Frente a los planteos opuestos, el juez Gorini, mediante un oficio enviado ayer a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, le requirió que “en el término de 24 horas” procure asignar una dependencia de las fuerzas federales, ya sea Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval o Policía Federal que cumplan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas condenadas.
Fuentes judiciales indicaron que el Ministerio de Seguridad aún no presentó una respuesta.
En Comodoro Py creen que es viable que la expresidenta cumpla el arresto domiciliario en Constitución. “No hay indicios de fuga”, señaló una fuente del tribunal que juzgó a Cristina ante la consulta del diario La Nación. También es probable que se le habilite estar sin tobillera electrónica. No descartan, además, que la expresidenta tenga permitido dar entrevistas y hacer uso de sus redes sociales, según detalla el matutino porteño.
En las últimas jornadas, cuando se daba por hecho el fallo condenatorio de la Corte Suprema de Justicia, se dispararon las versiones sobre negociaciones del entorno de la expresidenta para definir un domicilio alternativo donde cumplir la prisión.
Diego Carbone, su jefe de custodia, estuvo la semana pasada con Julio Zamora, intendente de Tigre, uno de los municipios que se barajan para su residencia. Fuentes cercanas al mandatario dijeron a este medio que no se conversó sobre el establecimiento de un posible domicilio allí.
También se barajó Ezeiza, gobernada por Gastón Granados, cercano a la exvicepresidenta. Incluso se mencionó la posibilidad de recluirse en Santa Cruz, en El Calafate o Río Gallegos.
El entorno Cristina Kirchner minimizó esta posibilidad, que dejaría a la expresidenta lejos del escenario político, que pretende continuar protagonizando con visitas de dirigentes, pero especialmente de su hija y nieta, que viven en el departamento de Constitución al que la expresidenta se mudó tras el atentado en Recoleta y que hoy convoca en vigilias a sus militantes.
“Nosotros preparamos un escrito en donde detallamos cuáles son las razones por las cuales Cristina Kirchner sólo puede cumplir esta injusta condena en su domicilio. Por eso lo que pedimos es un arresto o prisión domiciliaria que se le da a las personas que tienen más de 70 años, Cristina tiene 72”, señaló Beraldi en declaraciones a C5N.
Agregó que se justifican una serie de circunstancias especiales en la prisión domiciliaria, como la presencia de su custodia, dada su condición de exmandataria. “Esto no es un privilegio, esta es una imposición que hace el Estado para proteger a personas que cumplieron la función de presidente de la nación”, explicó el abogado.
Tras la confirmación del fallo por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal N°2 le otorgó a Cristina Kirchner y el resto de los condenados un plazo de cinco días hábiles (es decir, hasta el miércoles próximo) para presentarse en Comodoro Py y quedar detenidos.
El juez Gorini, que es el encargado de velar por la ejecución de la sentencia de los condenados en esta causa, notificó además a la Cámara Nacional Electoral de la inhabilitación de la expresidenta.
El magistrado dispuso que los condenados Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich deben presentarse en los tribunales de Comodoro Py dentro del quinto día hábil de notificados de su condena.
Allí se “harán efectivas sus detenciones”. Se dispuso este “plazo prudencial” atento que “algunos de los convocados se domicilian en distintas provincias argentinas”.
Los condenados deben acudir al sexto piso del edificio de Comodoro Py 2002, donde está el tribunal oral para quedar presos. La expresidenta y su entorno negocian una alternativa para evitar esa instancia.
Con información de La Nación y Clarín.