Con críticas a las demoras en tomar medidas oficiales y al uso de un DNU, hubo unanimidad legislativa para avalar la intervención en Alberdi

La Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad, en una sesión especial extraordinaria, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el Poder Ejecutivo provincial, que dispone la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi y el cese en sus funciones del intendente Luis Campos y del Concejo Deliberante. La medida, fundamentada en una crisis institucional de extrema gravedad por presuntos vínculos entre el narcotráfico y sectores políticos locales, generó un amplio consenso, aunque no estuvo exenta de críticas por parte de la oposición, que cuestionó el uso de un DNU en lugar de una ley y la demora en actuar frente a denuncias que datan de años atrás.

La sesión comenzó con la Cámara puesta en Comisión para debatir el único punto del orden del día: el DNU y un proyecto de ley presentado por los legisladores opositores Silvia Elías de Pérez, José Cano, Claudio Viña, entre otros, que proponía la intervención por vía legislativa. La ausencia de dictámenes previos obligó a este formato excepcional.

Pese al apoyo generalizado a la intervención, la oposición expresó reparos sobre la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de recurrir a un DNU en lugar de una ley, argumentando que la Legislatura no estaba en receso y que el artículo 67 inciso 25 de la Constitución provincial y el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N° 5529) establecen que las intervenciones deben ser sancionadas por ley. Sin embargo, los parlamentarios reconocieron la gravedad de la crisis institucional suscitada Alberdi, lo que justificó su acompañamiento al Decreto.

Una problemática provincial

Elías de Pérez (Valores por Tucumán), oriunda de Alberdi y coautora del proyecto de ley, expresó su disconformidad con el uso del DNU, pero respaldó la intervención: “No me gusta que en esta Cámara se utilice un DNU para un tema tan dramático, pero con absoluta honestidad intelectual debo decir que el artículo 139 de la Constitución permite esta vía. La causa grave está justificada: funcionarios denunciados por vínculos con el narcotráfico, irregularidades en obras públicas, cuentas usadas para lavar dinero, grupos de choque que sembraban terror. Alberdi se convirtió en el Macondo de García Márquez”. La radical destacó los avances del interventor, Guillermo Norry, en varias aristas de gestión concretadas en apenas 48 horas desde su puesta en funciones, como la reapertura del acceso principal a la ciudad, cerrado por nueve años y la limpieza de cloacas desbordadas, pero lamentó: “Hace 20 años, Alberdi era próspera y pacífica; hoy es una cloaca a cielo abierto”.

Por su parte, José Cano (Radicalismo Federal), quien ya había denunciado judicialmente los sucedido en Alberdi años atrás, subrayó la magnitud de la crisis: “Se armó una serie de empresas para desviar fondos, lavar activos y extorsionar al propio intendente. Un funcionario vinculado a un doble crimen narco con tinte de sicariato no generó ninguna reacción en su momento. Esto no es solo Alberdi; el narcotráfico está enquistado en la provincia. La intervención es necesaria, pero debe ser la punta para cambiar Tucumán”. Además, cuestionó la selectividad en la lucha contra la droga: “¿Capital y Gran San Miguel no, pero el sur sí?”.

En tanto, Manuel Courel (Cambia Tucumán) apoyó el DNU, pero advirtió: “No alcanza con aprobar esto si no miramos el contexto. Alberdi no es un caso aislado. Hace años denunciamos compra de votos con droga, contrataciones irregulares, cloacas desbordadas, y no fuimos escuchados. El nepotismo en Tucumán se naturalizó; en 15 de 19 municipios hay parientes en el poder. Hay que reformar el sistema político, terminar con los acoples y sancionar una nueva ley de coparticipación”, señaló en referencia a que en Alberdi se sucedieron consecutivamente, a lo largo de 22 años en el cargo ejecutivo municipal, Campos y su esposa, la legisladora Sandra Figueroa (en uso de licencia por estar investigada también por la justicia a raíz de estos hechos).

Al momento de hacer uso de la palabra, Agustín Romano Norri (Movimiento Radical) insistió en la necesidad de una ley para abordar este tipo de temáticas sensibles institucionalmente: “La Legislatura no está en receso; deberíamos tratar una ley, como dice el artículo 50 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este DNU es una reacción espasmódica del Gobernador para autopreservarse. La autonomía municipal está en la Constitución. No somos una escribanía; debemos cumplir los procesos”. Sin embargo, adelantó su apoyo al DNU: “Acompañaremos porque las causales son graves, pero debe hacerse bien”.

José Macome (Compromiso con la Libertad) priorizó las necesidades de los ciudadanos: “Podemos discutir si es DNU o ley, pero eso no le importa a la gente de Alberdi. Un audio aberrante mostró la magnitud del problema. La intervención genera esperanza; la gente necesita un nuevo comienzo. Propongo crear una comisión investigadora para no abandonar el tema”.

Por su parte, José Seleme (Avanza Tucumán) también cuestionó la forma, pero respaldó la decisión: “El DNU es una medida para la prensa, pero no podemos permitir que el narcotráfico y la corrupción permeen nuestras instituciones. En Alberdi hubo denuncias desde 2017: doble crimen, bandas narco, irregularidades. La intervención debe ser transparente y fiscalizaremos cada paso”, advirtió el radical ligado al mileísmo.

Pedidos sin respuestas

Otra de las parlamentarias que lamentó la situación acaecida en el municipio del sur tucumano fue Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) al sostener que “somos noticia nacional por narcos, no por autopistas o escuelas. Alberdi es una aldea por su atraso. Desde 2017 venimos denunciando con José Cano y Roberto Sánchez (actual diputado nacional, quien en 2023 alertó a la justicia por la presunta compra de votos a cambio de drogas en dicha ciudad), pero nos ignoraron. Nuestro concejal Luis Díaz Augier presentó 20 pedidos de informe sin respuesta. ¿Por qué intervenir el Concejo Deliberante si controlaba? Exigimos informes mensuales sobre esta intervención”.

Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) reflexionó sobre el actual panorama que presenta la provincia: “Hay dos Tucumán: uno que muestra superávit fiscal y otro de municipios hereditarios y narcos. ¿No valían las denuncias de hace 10 años? ¿Hacía falta un audio para actuar? Alberdi no es una isla; el narco es un entramado provincial. El sistema electoral con acoples perpetúa estas redes. En mayo, Alberdi recibió $1.512 millones para sueldos; ¿tantos empleados tiene una ciudad sin cloacas?”, se preguntó el opositor en razón de los montos girados por el Ejecutivo para la cobertura de la planilla salarial, que no concordaría con la dimensión geográfica y administrativa del municipio.

En defensa del ex intendente

Desde el peronismo, la mayoría de los legisladores respaldaron el DNU sin cuestionamientos, destacando la celeridad del gobernador Jaldo y pidiendo no hacer conjeturas políticas hasta que la Justicia determine responsabilidades. Sin embargo, Sergio Mansilla fue el único que defendió explícitamente al ex intendente y a su esposa: “Conocí a Luis Campos; empezamos en política hace años. Gobernó democráticamente en un contexto social complejo, con un 76% de apoyo en 2023. Eso no se logra con droga, sino con trabajo social. La droga es un problema nacional, no solo de Alberdi. Acompañaré el DNU, pero estaré con los Campos como compañero y militante”, esbozó el presidente subrogante de la Cámara.

Carolina Vargas Aignasse destacó el consenso logrado durante el debate, más allá del tenor de las críticas procedimentales surgidas desde las bancadas refractarias al Justicialismo: “Nunca un DNU tuvo un apoyo tan unánime de la oposición. La intervención es un remedio fuerte, pero justificado por la crisis. No compartimos que debió ser una ley; el artículo 50 de la Ley Orgánica permite el DNU. Esto es una decisión política, no judicial. Dejemos que la Justicia actúe”, instó la peronista a sus pares.

Desde Fuerza Republicana, Carlos Verón Guerra citó al gobernador en las justificaciones que avalan la intervención y resaltó que "hay causas federales y provinciales que vinculan a personas cercanas a las autoridades locales con el narco. El interventor recibe aplausos de esperanza por parte de los vecinos de Alberdi, pero no necesariamente esos aplausos se reflejen en optimismo, y por eso queremos liberar a Tucumán de este flagelo”, subrayó.

Pacto y elecciones

Otro representante del oficialismo, como es el caso de Mario Leito subrayó la constitucionalidad del instrumento legal dictado por el Primer Mandatario: “El artículo 139 y el 101 inciso 2 de la Constitución avalan el DNU. La intervención es una decisión política con celeridad para resolver una crisis grave. Jaldo cumplió su pacto con los tucumanos contra la inseguridad, como con la ley de narcomenudeo”, recordó.

Finalmente, quien cerró las alocuciones fue el titular de la bancada peronista, Roque Tobías Álvarez quien, primeramente, minimizó la discusión técnica: “Si es DNU o ley es secundario. La cuestión es la decisión política en defensa de la democracia. La Justicia determinará responsabilidades. Agradezco a la oposición por el respeto institucional que tuvo en el debate para no transformarlo en una discusión bizantina. El DNU está anunciando, no solo la intervención, sino también que habrá elecciones dentro de los plazos que marca la Constitución. Entonces no es que venimos a enquistarnos con un interventor. El vecino tendrá la posibilidad de elegir o reelegir a los funcionarios que se presenten", recalcó el taficeño.

Al término de la sesión, el vicegobernador Miguel Acevedo se refirió sobre la posible conformación de una comisión especial por parte de legisladores para realizar un seguimiento institucional, el vicegobernador respondió: “Eso no fue una expresión de deseo de algunos legisladores. Si hay intenciones concretas, deberá tratarse en una próxima sesión. Pero será importante que exista un seguimiento real sobre lo que sucede en los municipios, sobre las denuncias que muchas veces provienen de los propios vecinos o concejales. Tenemos que ejercer con responsabilidad cada accionar de la democracia, en todos los niveles: municipios, comunas, provincias, intendencias, concejos deliberantes. Por eso es clave que, cuando se convoque a elecciones, los ciudadanos voten con conciencia. Esa es la mejor forma de garantizar los controles necesarios y fortalecer nuestras instituciones".

Además, el presidente de la Legislatura se refirió a la problemática de fondo que motivó la intervención: "La droga es un flagelo que atraviesa a toda la provincia. Desde esta Legislatura vamos a dar todas las herramientas necesarias para combatir este flagelo. De hecho, estamos trabajando con las organizaciones intermedias y los distintos niveles del Estado. No se trata solo de combatir a través de la seguridad o de la policía, sino también de prevenir, dar contención a quienes han caído y a quienes se están recuperando, brindándoles todo el apoyo para que puedan salir adelante y volver a integrarse plenamente a la sociedad".

El debate dejó en claro que, más allá del consenso, persisten interrogantes sobre por qué las denuncias previas no fueron atendidas y cómo prevenir que situaciones similares se repitan. Los legisladores coincidieron en que la Justicia, tanto federal como provincial, debe actuar con celeridad para esclarecer las responsabilidades.

La intervención, que durará un máximo de 180 días según la Constitución, busca restablecer el orden institucional en Alberdi, pero los opositores insistieron en la necesidad de reformas estructurales, como la eliminación de los acoples electorales y una nueva ley de coparticipación, para evitar la perpetuación de redes clientelares.

La sesión culminó con un mensaje de esperanza para los vecinos de Alberdi, pero también con un desafío para los poderes del Estado: garantizar que esta intervención sea el comienzo de un cambio profundo en el sistema político e institucional provincial.