Con antecedentes azucareros y el pragmatismo político, Tucumán aparece cerca de la postura de Milei sobre eliminar el etiquetado frontal

El gobierno de Javier Milei avanzó en el Senado con un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la normativa que obliga a incluir octógonos negros en envases de productos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. En ese escenario, Tucumán podría transformarse en un apoyo decisivo para la administración libertaria: cuando la iniciativa original se debatió en 2020, los representantes tucumanos rechazaron el proyecto por considerar que afectaba a la industria azucarera, y hoy la cercanía política y pragmática entre la gestión de Osvaldo Jaldo y la Casa Rosada alimenta las especulaciones sobre un posible acompañamiento provincial.

La propuesta enviada por el Ejecutivo nacional ingresó esta semana a la Cámara alta y apunta a eliminar completamente la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, sancionada en 2021 tras un extenso debate parlamentario. La normativa había sido aprobada primero en el Senado, en octubre de 2020, con 64 votos afirmativos y apenas tres rechazos.

Dos de esos votos negativos correspondieron a las entonces senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (PJ), quienes cuestionaron el impacto que la regulación podía generar sobre la producción azucarera provincial. El tercer rechazo había sido de la riojana Clara Vega. En aquella sesión, el entonces senador José Alperovich estuvo ausente.

El proyecto original había sido impulsado por los mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos y obligó a las empresas alimenticias a incorporar advertencias visibles sobre nutrientes críticos. También prohibió la utilización de personajes infantiles, celebridades o dibujos animados en productos que presentaran al menos un sello.

Durante el tratamiento legislativo de 2020, el debate expuso un fuerte contrapunto entre Tucumán y el resto de las provincias. Las representantes tucumanas sostuvieron que la iniciativa perjudicaba a una de las principales actividades económicas locales.

“Acá se van a cerrar industrias. No estamos en una situación fácil para el etiquetado. Falta una calavera, como si el azúcar fuera lo que mata”, había afirmado Mirkin en el plenario de comisiones del Senado.

En la misma línea, Elías de Pérez sostuvo: “Esta ley ataca al azúcar, la demoniza injustamente y, por lo tanto, intenta también una vez más traer desamparo a mi provincia”. Además, remarcó: “Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias”.

La entonces senadora radical también había señalado que el azúcar “es un nutriente natural, orgánico, no sintético, no merece ser demonizado”, mientras que Mirkin aclaró que respaldaba “una ley de etiquetado” pero pedía “establecer otro criterio que no afecte injustamente a nuestra principal industria”.

En aquel contexto, la discusión también generó preocupación en el gobierno provincial encabezado entonces por Juan Manzur. Entidades empresariales y gremiales vinculadas a la actividad azucarera, como la Federación Económica de Tucumán y Fotia, reclamaron una intervención ante el Gobierno nacional para frenar el avance del proyecto.

Ese antecedente alimenta ahora las especulaciones sobre el posicionamiento que podrían adoptar los actuales representantes tucumanos en el Senado. En el oficialismo nacional consideran que el alineamiento político entre Jaldo y la administración libertaria podría traducirse en respaldo parlamentario al proyecto de derogación.

En ese esquema, las miradas apuntan especialmente a las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas vinculadas políticamente al gobernador tucumano. En cuanto a Manzur, si bien conserva mayor autonomía legislativa, el antecedente de su gestión provincial también permite prever una posición favorable a revisar la norma.

La Libertad Avanza, que no existía cuando la ley fue aprobada, cuenta actualmente con 21 senadores y necesita sumar al menos otras 16 voluntades para alcanzar la mayoría. Allí aparecen como determinantes los bloques dialoguistas y los espacios provinciales ligados a gobernadores.

En la Unión Cívica Radical reconocen que todavía no fijaron postura, aunque recuerdan que en 2020 casi toda la bancada había acompañado la ley. Desde el PRO tampoco anticiparon una definición, aunque algunos dirigentes ya promovieron iniciativas similares junto al oficialismo.

Sin precisiones

Mientras tanto, en el Senado aseguran que el proyecto aún no tiene fecha de debate y que primero deberán resolverse otros temas impulsados por la Casa Rosada, como la reforma electoral, los pliegos judiciales, la Ley de Salud Mental, la denominada “Ley Hojarasca”, las modificaciones al régimen de Zonas Frías y la iniciativa vinculada a la ludopatía.

La propuesta de derogación lleva las firmas de Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. El texto consta de un único artículo que elimina la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la normativa presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justifican una “revisión íntegra”. Además, plantea que el sistema actual “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos”. El Gobierno también argumenta que el país ya dispone de mecanismos de información nutricional armonizados con el MERCOSUR y considera que la ley vigente introduce restricciones sobre “actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.

Desde sectores opositores, en cambio, atribuyen la iniciativa a una visión “ideológica y de mercado” y sostienen que responde a reclamos empresariales históricos contra el etiquetado frontal. También cuestionan que el proyecto no incorpore estudios oficiales sobre el impacto concreto que tuvo la implementación de la norma en el consumo o en la actividad industrial.