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El diputado nacional por Tucumán Carlos Cisneros (Unión por la Patria) acompañó un proyecto de resolución que busca expresar el rechazo de la Cámara de Diputados a la investigación iniciada contra el juez laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había dispuesto la suspensión cautelar de distintas disposiciones de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.
La iniciativa, a la que accedió Tendencia de Noticias, fue suscripta por otros siete diputados nacionales y cuestiona la decisión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de mantener abierta una denuncia contra el magistrado y avanzar con la producción de pruebas.
En el texto, los legisladores proponen expresar su "más enérgico repudio a la persecución institucional" contra Ojeda y manifestar su solidaridad frente a las presiones que, según sostienen, recibió por ejercer el control de constitucionalidad de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El magistrado, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, había dictado una medida cautelar en una causa promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de diferentes artículos de la normativa.
Tras esa resolución, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad y otra ante el Consejo de la Magistratura, en la que solicitó su suspensión preventiva y la promoción de un procedimiento por presunto mal desempeño.
La mayoría de la Comisión de Acusación rechazó desestimar la denuncia y dispuso la apertura a prueba de las actuaciones, decisión que motivó el cuestionamiento de los diputados.
Una advertencia sobre la independencia judicial
Uno de los principales argumentos del proyecto respaldado por Cisneros es que la investigación podría convertirse en un mecanismo de presión sobre otros magistrados.
Los legisladores advirtieron que avanzar con un procedimiento disciplinario por el contenido de una resolución judicial produce un "efecto amedrentador sobre el conjunto de la magistratura", al transmitir el mensaje de que fallar contra determinados intereses políticos o económicos podría poner en riesgo la continuidad de los jueces en sus cargos.4
"La independencia judicial no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía de toda la ciudadanía para contar con una justicia imparcial", señalaron en los fundamentos.
También recordaron que el artículo 14 de la Ley 24.937 garantiza la independencia de los jueces respecto del contenido de sus sentencias y sostuvieron que las discrepancias con sus decisiones deben resolverse mediante los recursos judiciales correspondientes.
En ese sentido, advirtieron que "la defensa de la división de poderes exige reafirmar que las sentencias se discuten con recursos, y no con denuncias".
El proyecto exhorta al Consejo de la Magistratura a disponer la inmediata desestimación de las actuaciones contra Ojeda y reafirma que el organismo no debe utilizar sus facultades disciplinarias para revisar criterios jurídicos.
Además de Carlos Cisneros, la iniciativa lleva las firmas de Kelly Olmos, Sergio Omar Palazzo, Vanesa Raquel Siley, Germán Pedro Martínez, Blanca Inés Osuna, José Gómez y Hugo Yasky.