
El ministro fiscal "Pirincho" Jiménez, en el ojo de la tormenta por una polémica cautelar judicial.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “enérgico repudio” ante una resolución del Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán que ordena el cese inmediato de la difusión —por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales— de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal y a sus funcionarios.
La medida cautelar, dispuesta por el juez penal Lucas Alfredo Taboada, a instancias del Ministerio Público Fiscal que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez, implica un virtual bozal legal contra CCC y sus periodistas.
En un comunicado difundido este lunes, ADEPA recordó que “ninguna autoridad estatal, sea judicial o administrativa, puede disponer la censura previa ni prohibir la difusión de información o de opiniones, en especial cuando se trata de expresiones referidas a funcionarios públicos o a hechos de interés institucional”.
El organismo destacó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda medida preventiva que limite la circulación de información constituye una restricción ilegítima de la libertad de pensamiento y de expresión, salvo en casos excepcionales vinculados con la protección de niños, niñas y adolescentes.
“En un sistema democrático, los actos de comunicación y crítica sobre la actuación de los poderes públicos sólo pueden dar lugar a responsabilidades ulteriores, pero nunca a prohibiciones preventivas de publicación o difusión”, subrayó ADEPA, al advertir que decisiones de este tipo resultan contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse y debatir sobre asuntos de relevancia pública.