El Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSPET) aprobó un aumento del 7,37% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la tarifa eléctrica para la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), en razón de la variación de los precios en la economía para los trimestres noviembre 2024 – enero 2025 y febrero 2025 – abril 2025. La decisión, que busca ajustar los ingresos de la distribuidora a sus costos operativos, ha generado controversia, especialmente tras el rechazo del ERSPET a la solicitud de la Defensoría del Pueblo de suspender la consulta pública previa a la autorización.
La Defensoría, encabezada por el ombudsman Eduardo Cobos, había argumentado que la consulta pública, realizada como paso previo a la aprobación del aumento, no garantizó una participación ciudadana efectiva ni consideró el impacto económico del incremento en los usuarios, particularmente en un contexto de alta inflación y dificultades financieras para los hogares tucumanos. “Pedimos la suspensión de la consulta porque no se dieron las condiciones para un debate transparente y representativo, pero lamentablemente no fue tenido en cuenta”, expresó Cobos, quien advirtió que el ajuste podría agravar la situación de muchas familias.
Pese a estas objeciones, el ERSPET, a partir de la Resolución 489/25, dio luz verde al incremento, que se reflejará en las facturas de los usuarios residenciales, comerciales e industriales. Sin embargo, la medida también contempla beneficios específicos para sectores vulnerables como los usuarios residenciales categorizados como beneficiarios del Régimen de Tarifa Social, asimismo, los electrodependientes, amparados por la Ley Provincial 9.023 y los bomberos voluntarios radicados en Tucumán, según la Ley Provincial 9.422. Estos descuentos entrarán en vigencia simultáneamente con el aumento.
Objeciones desestimadas
Durante la consulta pública, la representante de usuarios ante el ERSPET, Silvia López, reconoció la validez técnica de la solicitud de EDET: “Del análisis realizado, no existen, a criterio de esta representante, discrepancias en cuanto a la metodología de los cálculos y la evaluación de la actualización del costo total anual (CTA) sufrida por la variación de los precios en la economía”. Sin embargo, expresó su preocupación por el contexto social: “Encuentro pertinente considerar para el análisis de un posible incremento de la tarifa un aspecto muy importante que es la situación social y la actual capacidad de pago del usuario”. López solicitó no aplicar el nuevo cuadro tarifario, argumentando “la imposibilidad de pago que hoy tienen los usuarios del mercado rural disperso”, y, en caso de aprobarse, pidió mantener o mejorar los beneficios establecidos previamente.
El ERSPET desestimó esta solicitud, aclarando que las referencias de López al mercado rural disperso y a resoluciones previas no eran aplicables, ya que el proceso se centraba en la actualización del VAD para el mercado concentrado. El organismo sostuvo que las condiciones técnicas para el aumento estaban cumplidas.
La Defensoría del Pueblo, también se opuso al incremento, argumentando que “dado que muchos de los índices que componen el VAD han experimentado mermas y reducción de impuestos, la modificación del cuadro tarifario debería arrojar un porcentaje cercano al 0% o, incluso, una merma”. Sin embargo, el Ente de control, presidido por Ricardo Ascárate, rechazó estas afirmaciones por considerarlas “no fundamentadas” y “generales”, destacando que los índices de costos entre febrero y agosto de 2024 registraron subas, no reducciones, según el análisis técnico del expediente.
Por otro lado, la consulta pública contó con el respaldo de sectores vinculados a la distribuidora. La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) apoyó el ajuste, subrayando la necesidad de recursos adecuados para garantizar el servicio. El Sindicato de Luz y Fuerza y la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (APUAYE) también respaldaron la propuesta, solicitando un cuadro tarifario que contemple la sostenibilidad del servicio y los salarios del sector, sin descuidar el acceso de los sectores vulnerables.