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Fotos: Belén Rodríguez
La Liga Tucumana de Fútbol vive momentos decisivos en su estructura institucional. El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA dispuso la suspensión por tres (3) meses con efecto inmediato de sus máximas autoridades: el presidente Eduardo Francisco Monteros, el secretario Juan De La Cruz Roldán y el tesorero Ricardo René Elías.
El fallo, formalizado en el Boletín Oficial N° 84/26 (Expediente N° 5848/26), determinó que los dirigentes incurrieron en faltas graves e incumplieron las obligaciones del Artículo 8° del Reglamento General del Consejo Federal (RGCF) —incisos a, s y u— y diversos artículos del Reglamento de Transgresiones y Penas[1].
Las causas de la sanción y las anomalías detectadas
La investigación se originó a partir de una presentación formulada por el Secretario General del Consejo Federal, Javier Treuque, basada en denuncias de los propios clubes afiliados. Entre las irregularidades constatadas figuran:
Omisión de la Asamblea General Ordinaria: No se presentó ni trató la Memoria, Balance General ni la cuenta de gastos del ejercicio 2025.
Falta de órganos de control: Ausencia de un Tribunal de Cuentas regularmente integrado.
Manejo financiero irregular: Cobro de pólizas de seguro sin documentación respaldatoria y administración de fondos en cuentas bancarias personales del tesorero.
"El Tribunal de Penas considera que hay un acto de irregularidad en la Liga, por eso manifiesta que tiene que haber tres meses de normalización", explicó Javier Treuque durante su visita a la provincia.

El respaldo político del Consejo Federal a Zamoratte
A pesar de la gravedad de la sanción, el Consejo Federal resolvió no aplicar una intervención formal externa y dejar la conducción ejecutiva en manos del vicepresidente en ejercicio, Darío Zamoratte, para encabezar el proceso de reordenamiento.
Durante la Jornada Institucional de Dirigentes de la Región Norte, Treuque ratificó el apoyo de la cúpula nacional y del presidente del organismo, Pablo Toviggino:
"Creemos que es la persona indicada para normalizar esta institución tan importante, porque creemos y confiamos en la persona de Darío. Por eso nuestro apoyo hacia él".
Por su parte, Zamoratte reconoció el complejo panorama institucional y convocó a la unidad dirigencial: "Fue un año muy difícil. Se perdió credibilidad (...). Convoco a todos los presidentes a una reunión en la cual tenemos que definir el futuro del fútbol tucumano".
¿Qué dice el Reglamento General del Consejo Federal?
El Reglamento General (RGCF) establece los fundamentos legales que respaldan y, al mismo tiempo, delimitan la gestión transitoria de normalización:
Autonomía y vía de sucesión (Artículos 4° y 6°): El RGCF consagra la autonomía de las ligas afiliadas y exige que las autoridades sean elegidas o designadas según sus propios estatutos. Al no enviar un interventor externo, se respeta la línea de sucesión estatutaria interna, permitiendo que el vicepresidente asuma la responsabilidad ejecutiva.
Potestad disciplinaria y tutela institucional (Artículos 22° y 45°): El Tribunal actuó bajo su competencia originaria para juzgar las infracciones a la normativa. A su vez, el Artículo 22° (inciso VII) faculta a las autoridades del Consejo Federal a velar por la "buena marcha" del fútbol en su jurisdicción, fundamentando el respaldo político otorgado.
Obligación de regularización asamblearia (Artículo 8°, incisos b y m): Impone la obligación estricta de realizar la Asamblea General Ordinaria y garantizar el funcionamiento de los órganos de decisión. Zamoratte no cuenta con un mandato indefinido; debe ordenar la contabilidad y convocar a la brevedad a la asamblea soberana de clubes.
Prohibición de actos fuera de estatuto (Artículo 6°): Determina que no se reconocerán autoridades o decisiones adoptadas sin observar los procedimientos estatutarios. Esto exige que toda resolución adoptada durante esta etapa de transición cuente con la debida convalidación reglamentaria de los clubes.
La situación de la Liga Tucumana de Fútbol demuestra la aplicación del marco normativo del Consejo Federal de la AFA para resolver crisis de gobernanza sin desplazar las estructuras locales. La decisión del Tribunal de Disciplina de sancionar a la cúpula directiva por la omisión de asambleas y manejos financieros irregulares aplica el régimen de control del Reglamento General (RGCF).
Al optar por el mecanismo de sucesión estatutaria en lugar de una intervención externa formal, el Consejo Federal preserva la autonomía de la liga afiliada y le confiere a Darío Zamoratte la tarea de liderar este período de normalización de tres meses.
El respaldo político de la conducción nacional le otorga legitimidad a Zamoratte, pero el marco reglamentario delimita estrictamente su mandato: su gestión debe enfocarse en subsanar el pasivo administrativo, garantizar la transparencia contable y convocar a la Asamblea General Ordinaria para que los clubes afiliados determinen democráticamente el futuro de la institución.
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