Escala la tensión: la AFA frena la jornada y desafía a la denuncia judicial emitida por el Estado

El fútbol argentino ingresó en un terreno de máxima tensión institucional. Tras una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los dirigentes resolvieron de manera unánime frenar la novena jornada del campeonato y detener también la actividad en el resto de las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La determinación se adoptó como reacción directa a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero contra la Asociación del Fútbol Argentino, en un contexto de creciente disputa entre la conducción del fútbol y el Poder Ejecutivo.

El conflicto judicial se originó a partir de una presentación en la que se investigan presuntas irregularidades impositivas y previsionales correspondientes a distintos períodos de 2024 y 2025, por una cifra que supera los 19 mil millones de pesos. Sin embargo, durante el encuentro en Ezeiza, la cúpula de la AFA exhibió documentación ante los clubes para sostener que no existe deuda exigible. Según la postura oficial, los compromisos fiscales fueron cancelados antes de los vencimientos y el planteo ya fue elevado a la instancia de apelación, donde aguarda resolución.

La causa incluye citaciones a declaración indagatoria para el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, entre otros dirigentes. Incluso Tapia debió gestionar ante la Justicia una autorización especial para salir del país y cumplir compromisos internacionales vinculados a la actividad oficial. Puertas adentro, varios dirigentes interpretan que el avance judicial busca condicionar la estructura actual del fútbol argentino, en medio de debates políticos que exceden lo estrictamente deportivo.

La suspensión impacta de lleno en la fecha que debía comenzar el 5 de marzo y que contemplaba una agenda cargada de partidos tanto en la máxima categoría como en el Ascenso y divisiones formativas. La logística que rodea cada jornada —con operativos de seguridad, apertura de estadios y cientos de trabajadores involucrados— también queda paralizada. El respaldo gremial resulta determinante para que la medida tenga alcance total, lo que complejiza aún más cualquier intento de sostener los encuentros programados.

En su comunicado oficial, la AFA remarcó que no registra obligaciones pendientes vinculadas a la denuncia y cuestionó que se pretenda configurar un delito tributario sobre montos que, según afirma, no están vencidos ni son exigibles. Mientras tanto, el calendario queda en suspenso. Por ahora, el fútbol argentino decidió plantarse y trasladar el conflicto institucional al corazón mismo de la competencia.