
La senadora nacional Patricia Bullrich presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero y secretario ejecutivo de la entidad, Pablo Toviggino, a quienes acusa de presuntas irregularidades en la conducción del fútbol argentino. La presentación apunta a posibles maniobras fraudulentas y solicita que el organismo sudamericano investigue el manejo institucional y financiero de la casa madre del fútbol local.
La dirigente dio a conocer la denuncia a través de sus redes sociales, con un mensaje de fuerte tono político. Allí reclamó que se investigue lo que definió como un entramado que “ensucia al fútbol argentino” y cuestionó el destino de los ingresos generados por la Selección nacional y los contratos publicitarios. También puso bajo la lupa premios deportivos, viajes oficiales y un presunto crecimiento patrimonial que consideró incompatible con los cargos que ocupan los dirigentes denunciados.

Según el escrito elevado a Conmebol, Tapia y Toviggino habrían incurrido en supuestas violaciones al Código de Ética del organismo, especialmente en lo referido a principios de integridad, conflictos de intereses, transparencia en las contrataciones, uso de recursos y prevención del lavado de activos. La denuncia menciona además investigaciones judiciales en curso vinculadas a sociedades interpuestas, contrataciones cruzadas y la relación entre la AFA y la financiera Sur Finanzas.
La presentación también sostiene que estos hechos trascienden el plano local y afectan la credibilidad del sistema del fútbol sudamericano, motivo por el cual solicita la intervención del Tribunal de Ética de la Conmebol como órgano competente para analizar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas. Bullrich dejó abierta la posibilidad de ampliar la acusación si surgen nuevos elementos probatorios durante el avance de las causas judiciales y administrativas.
La respuesta desde la AFA no tardó en llegar. A través de un mensaje público, Pablo Toviggino rechazó las acusaciones, remarcó que la AFA es una asociación privada y no un organismo estatal, y sostuvo que sus fondos no son públicos ni están sujetos a las normas de compras del Estado. Además, defendió el destino de los recursos que genera la Selección y atribuyó la denuncia a una ofensiva política contra la actual conducción, profundizando un cruce que ya se instaló tanto en el plano judicial como en el institucional.

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