Árbitras tucumanas presentaron una denuncia formal contra Nelson Bejas y reclaman que se lo aparte de las designaciones

Quien decide quién dirige cada fin de semana quedó en el centro de una acusación que sacude al arbitraje tucumano. El viernes ingresó por Mesa de Entrada de la Liga Tucumana de Fútbol una denuncia institucional firmada por integrantes del plantel arbitral femenino contra Nelson Matías Bejas, miembro del Colegio de Árbitros y responsable de las designaciones. Lo señalan por presunto abuso de autoridad, hostigamiento y trato inapropiado.

Según el escrito, Bejas habría aprovechado su lugar dentro del Colegio para presionar personalmente a algunas árbitras, condicionando su trabajo y sus designaciones a pretensiones ajenas a la actividad deportiva. Las denunciantes sostienen además que, cuando esas propuestas fueron rechazadas, aparecieron las exclusiones de ternas y los partidos quitados, decisiones que habrían afectado de manera directa su labor y sus ingresos.

A ese cuadro suman episodios de trato despectivo que, aseguran, derivaron en un clima de temor e incertidumbre dentro del grupo. El arbitraje tucumano ya conocía a Bejas, con actuaciones en torneos de alcance nacional como el Federal, y hoy forma parte de la estructura directiva del Colegio. Desde ese lugar maneja la herramienta que más pesa en la carrera de cualquier árbitro: la confección de las ternas de cada partido.

Frente a ese escenario, las firmantes piden a la Mesa Ejecutiva que lo aparte de forma urgente y preventiva de las designaciones y de cualquier otra responsabilidad en el Colegio mientras dure la investigación. Argumentan que la medida permitiría indagar sin interferencias ni represalias, resguardar la tranquilidad y la continuidad deportiva de las denunciantes y sostener la transparencia en las designaciones. Aclaran que no se trata de una sanción ni de un juicio anticipado sobre su responsabilidad.

El petitorio incluye otros reclamos: que intervenga el órgano competente con garantías de defensa para las partes, confidencialidad y protección ante posibles represalias, y que las árbitras sigan trabajando en igualdad de condiciones. También exigen que, una vez determinadas las responsabilidades, se apliquen las sanciones que correspondan. Para respaldar su versión, ofrecen aportar conversaciones, mensajes, registros de designaciones y testimonios.

Las denunciantes prefieren que el conflicto se resuelva puertas adentro, pero se reservan el derecho de recurrir a organismos administrativos y judiciales si la respuesta no es adecuada o si las conductas persisten. Advierten, además, que mantener en funciones a una persona bajo acusaciones de esta gravedad, sin medidas preventivas ni investigación, podría minar la confianza del plantel arbitral y de toda la comunidad futbolera.