
La exponencial escalada de falsas alarmas y amenazas de tiroteos que sacude a las instituciones educativas de todo el país encendió las alarmas de los especialistas en salud mental. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas (NA), el abogado y psicólogo Nicolás Papalia analizó esta preocupante coyuntura social, advirtiendo que los jóvenes actúan permeados por un clima de época donde "la violencia es celebrada como un mecanismo de construcción política". El máster en derecho y especialista en violencias remarcó que las hostilidades y el bullying vienen creciendo de manera sostenida, un panorama que empeora drásticamente cuando los discursos de odio bajan directamente desde el Poder Ejecutivo, señalando que si un mandatario agrede a opositores y periodistas, esa violencia discursiva habilita a las nuevas generaciones a reproducir lo que cultivan los adultos.
Otro de los factores determinantes detrás de este complejo fenómeno es el impacto ineludible de las redes sociales en la construcción subjetiva de los denominados "nativos digitales". Papalia explicó que los adolescentes crecidos al calor de las pantallas desde el año 2010 poseen menos herramientas para la interacción real y cotidiana, encontrando en la agresividad un modo posible de relacionarse. Además, alertó sobre la peligrosa influencia de la subcultura conocida como True Crime Community, un espacio virtual donde los menores buscan integrarse y generar un sentido de pertenencia en una etapa de vulnerabilidad, moviéndose en un entorno donde la frontera entre el mundo físico y el peligroso contenido de la web se vuelve extremadamente difusa ante la pasividad del control parental.
A la hora de buscar soluciones concretas para desactivar esta bomba de tiempo, el experto subrayó la necesidad imperiosa de escuchar a los chicos y brindarles verdaderos espacios de contención adulta. Sin embargo, advirtió que es injusto responsabilizar únicamente a las escuelas por una crisis que es estructural, especialmente cuando los docentes padecen salarios precarizados y carecen de recursos interdisciplinarios para abordar el conflicto. Por ello, instó a impulsar políticas públicas firmes que incluyan la regulación del acceso de los menores a las plataformas digitales, la incorporación de un plan educativo que fomente la mirada crítica sobre el uso de la tecnología y, fundamentalmente, la garantía estatal para acceder a espacios de cuidado de la salud mental.