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No uno, sino dos boquetes encontró la policía en los arrestos en que permanece alojada Daniela Fernanda Ávila, a la espera del inicio del juicio por la muerte de su hija Kiara Caro. Uno se encontró en el número uno y, el otro, en el número dos, al cual fue trasladada. Además, se le encontró un encendedor y eso disparó las alarmas: cuatro meses antes había intentado prender fuego el lugar.
Ávila está acusada de haber abandonado a su hija de siete años en el río Lules, mientras lo cruzaban de madrugada volviendo de los corsos. La pequeña murió ahogada, su madre volvió al baile, luego fue a su casa y, horas más tarde, dijo que no sabía dónde estaba. Cuando la policía comenzó a buscarla, dio mal la indicación del lugar, por lo que el hallazgo se demoró aún más. Ocurrió el 2 de marzo de 2025.

Desde entonces, Ávila está detenida. En la Brigada de Investigaciones su presencia es conflictiva, según se lee en el legajo. "Registra de su ingreso una conducta hostil y de constante desafío a la autoridad, no adaptándose a las normas de convivencia, higiene y respeto establecidas en esta unidad especial, generando bastante discordias entre las demás detenidas", sostiene un informe de novedad del 3 de octubre de este año. En ese documento, también consta el descubrimiento de los dos boquetes en las paredes y el secuestro de un encendedor.
Que Ávila haya tenido un elemento para iniciar fuego fue considerado grave: el 15 de junio de este año había intentado generar un incendio . Ocurrió durante un intento de motín, un reclamo violento de las internas contra la Policía por las condiciones de detención. Para controlar la situación debió intervenir Infantería, la Patrulla Motorizada de Concepción y la división Bomberos.
Eran seis las internas que protagonizaron la protesta pero, en el acta de intervención policial, sólo se destaca la actitud de una: Álvila, a quien le secuestraron el encendedor con el que se inició el fuego. En ese mismo documento, se destaca especialmente su historial: "se hace constar que le encartada Avila mantiene una conducta conflictiva y no se adapta a las normas de convivencia y disciplina que rigen en el lugar de alojamiento, adoptando una actitud desafiante hacia el personal policial como así también hacia las demás Internas. Asimismo, se caracteriza por generar constantes situaciones de alteración del orden interno y promover conflictos que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de seguridad y custodia".
Ávila no solo fue protagonista de la noticia que conmovió al país durante el carnaval del año pasado, también lo fue de una situación procesal inusual, quizás inédita. Porque el juicio en su contra ya comenzó: la primera audiencia fue el 29 de junio, justo dos semanas después del principio de incendio en la Brigada. Pero se suspendió casi de inmediato.

Ocurre que la fiscalía de Homicidios a cargo de Pedro Gallo la acusó del delito de abandono seguido de muerte, pero la querella formuló cargos mucho más graves. Para Marilina Olimecha González, que representa a la familia paterna de la niña, Ávila era culpable de homicidio agravado por el vínculo. La diferencia no es menor: eleva la pena de posibles 20 años en prisión a una condena a perpetua.
Los hechos que se juzgan ocurrieron durante los carnavales del año pasado. Ávila llevó a su hija de siete años a los corsos del ex Ingenio Lules. Allí, discutió con su novio (que no es el padre de la niña) y él se fue del lugar. La mujer decidió ir a su casa a buscarlo y, para hacerlo más rápido, cortó camino por el río Lules, que estaba crecido. Allí perdió a la pequeña. Según la acusación, consiguió un remise y volvió al baile, luego fue a su casa, se baño y tres horas más tarde avisó a la policía, pero mintió sobre el lugar, impidiendo que los uniformados la encontraran rápidamente.
Su defensa protestó. Aseguró que no podía defenderse de dos acusaciones distintas y el tribunal, integrado por Cynthia Lorena Rocha, Criss Rosa Luz Correa y Alejandro David Abdala le dio la razón. Mandaron a unificar los cargos. El juicio quedó suspendido.

La querella apeló y consiguió poder sostener su acusación de manera independiente de la fiscalía y, por eso, el proceso deberá comenzar nuevamente con otro tribunal, aunque todavía no hay fecha. Las posturas serán las mismas: la fiscalía acusará por abandono seguido de muerte, la querella por homicidio y la defensa, seguramente, sostendrá que todo se trató de un infortunado accidente que la mujer no pudo resolver por haber estado alcoholizada. Hasta tanto, seguirá con prisión preventiva.