Proponen jubilar la ley policial de hace medio siglo para dar paso a la inteligencia criminal y el control externo

La seguridad pública en Tucumán se encuentra ante la posibilidad de una transformación estructural con el proyecto de ley presentado por el legislador José Cano (Radicalismo Federal -foto inferior-), el cual tiene por objeto la derogación de la actual Ley Orgánica de la Policía (Ley 3.656) y la sanción de un nuevo ordenamiento normativo. La necesidad de esta reforma radica en que la ley vigente data de hace 56 años, resultando “obsoleta y de tiempos antiguos que necesitan inevitablemente adecuarse a las nuevas modalidades delictivas y avances en materia penal y derechos humanos”. El proyecto propone una modernización integral que se asienta sobre pilares fundamentales detallados en sus fundamentos: la creación de un Departamento de Inteligencia Criminal para anticiparse al delito, la implementación de un control y auditoría externa bajo la figura de una Inspectoría General de Asuntos Internos, y la especialización en el combate de ciberdelitos y el uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

El cuerpo de la propuesta legislativa pone especial énfasis en el uso estratégico de la información para combatir la criminalidad compleja. A través de la creación de la Dirección de Análisis e Investigación del Delito, se busca “recopilar, procesar y analizar información criminal para apoyar la investigación y persecución del delito, generar inteligencia, diseñar políticas de seguridad, fortalecer la eficiencia policial con análisis científico y tecnológico”. De esta dirección dependerá el Departamento de Inteligencia Criminal, cuya misión es vital para el mapeo delictivo: “Su importancia radica en la estrategia de anticiparse al delito, analizando patrones y tendencias, identificando a los presuntos responsables de los hechos delictivos lo cual es, esencial para la realización del mapeo de estructuras criminales complejas, identificando líderes y miembros y los métodos de operación de estas bandas”.

En materia de transparencia e integridad institucional, el proyecto de Cano incorpora una figura clave para romper con la endogamia en las investigaciones disciplinarias: el control externo. La Inspectoría General de Asuntos Internos estará constituida dentro del Ministerio de Seguridad y conformada por “profesionales civiles del ámbito legal”, siendo la encargada del monitoreo e investigación de conductas contrarias a las normas por parte de los funcionarios. Según los fundamentos, este tipo de control es esencial para fortalecer la confianza ciudadana, ya que permitirá “revisar el uso de la fuerza, la conducta, la legalidad de los procedimientos y el manejo de los recursos”, garantizando que no se persiga a los buenos policías que denuncien irregularidades.

La adaptación a los desafíos del siglo XXI se manifiesta también en la creación del Comando Unificado de Delitos Especiales y Ciberdelitos. Esta área será la responsable de diseñar políticas de prevención y persecución de modalidades como el “narcotráfico/narcomenudeo, trata de personas, lavado de activos, las cometidas en el espacio digital mediante el uso de computadoras o internet, delitos contra menores e incapaces”, entre otros. El legislador advierte que es imperioso que la estructura policial se adapte a los desafíos que proyectan las sociedades modernas, mencionando específicamente “el ciberdelito y los que se generan a través del uso incorrecto e inapropiado de la Inteligencia artificial”.

Finalmente, el proyecto persigue la consolidación de una "policía de cercanía", estableciendo que la totalidad de los móviles policiales —a excepción de brigadas especiales— contengan una leyenda de "Vehículo Oficial" y número telefónico visible para transmitir “identidad y pertenencia policial, la transparencia y la sensación de seguridad”. En palabras del autor del proyecto, el objetivo es tener una “Institución con bases sólidas, que permita enfocarse en la prevención del delito, la profundización de las investigaciones, la cercanía con la comunidad y respeto pleno de los derechos humanos en el accionar del uso de la fuerza”, superando un modelo normativo detenido en el tiempo frente a una delincuencia que avanza a pasos agigantados.