Nación y Tucumán frente a la salud mental: Reforma, polémica y un modelo alternativo sin estigmas

La decisión del Gobierno nacional de avanzar en 2026 con modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental volvió a colocar el tema en el centro de la escena política y social. La iniciativa, que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el próximo período ordinario de sesiones, ya genera una fuerte controversia entre profesionales, organizaciones del sector y defensores de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en un área particularmente sensible. En ese contexto, la reciente sanción de la Ley provincial 9.923 en Tucumán aparece como un contrapunto nítido: una normativa que propone un abordaje integral, interdisciplinario y comunitario, con especial énfasis en evitar la estigmatización de los padecimientos mentales.

Según trascendió desde ámbitos oficiales, la Casa Rosada trabaja en una reforma parcial de la Ley 26.657, vigente desde 2010, con el argumento de dar respuesta a reclamos formulados por familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad. El eje central de los cambios estaría puesto en las internaciones involuntarias, habilitando en determinados supuestos la intervención judicial para autorizar hospitalizaciones que hoy encuentran límites en el marco normativo actual. La intención, explican en el Ejecutivo, es “recuperar herramientas que funcionaban” antes de la sanción de la ley vigente, bajo la premisa de atender situaciones de urgencia y alta complejidad.

La normativa nacional, inspirada en el paradigma de la desmanicomialización y en la protección de los derechos de las personas con padecimientos mentales, arrastra desde su implementación debates sobre las dificultades prácticas para su aplicación. La falta de dispositivos intermedios, de recursos humanos suficientes y de una red comunitaria sólida expuso, con el paso de los años, tensiones entre el espíritu de la ley y la realidad cotidiana del sistema de salud. Sobre ese diagnóstico se apoya ahora el oficialismo para justificar la reforma, que incluiría la creación de centros especializados, una redefinición de los criterios de internación como “recurso terapéutico excepcional” y cambios en el funcionamiento del Órgano de Revisión.

No es la primera vez que la administración libertaria intenta avanzar en este sentido. Varias de estas modificaciones ya habían sido incorporadas a los borradores iniciales de la denominada Ley Bases, aunque finalmente quedaron fuera del texto sancionado. Desde el entorno presidencial deslizan que el propio Javier Milei podría anunciar el envío del proyecto durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo.

Las propuestas, sin embargo, encendieron alarmas en amplios sectores vinculados a la salud mental, que interpretan la iniciativa como un giro hacia esquemas de mayor encierro institucional. Activistas y especialistas advierten que la ampliación de internaciones involuntarias y la reapertura de neuropsiquiátricos contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Desde el Gobierno responden con casos emblemáticos de desenlace trágico y con testimonios de familiares que reclaman mayor capacidad de respuesta del Estado ante episodios agudos.

En ese marco, adquirió especial visibilidad la postura de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier y referente en la temática, quien expuso en el Congreso sobre las falencias del sistema actual. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, sostuvo en una de sus intervenciones públicas. También cuestionó el financiamiento del área y calificó como insuficiente el presupuesto destinado a salud mental: “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”.

Enfoque local

Frente a este escenario nacional, Tucumán avanzó en septiembre pasado con la sanción unánime de la Ley 9.923, una norma que aborda de manera integral la salud mental y la prevención del suicidio, y que fue construida a partir del consenso entre más de 20 proyectos legislativos. En tal sentido, la Legislatura provincial dio luz verde a un marco legal que reconoce a la salud mental como una prioridad de salud pública y busca desterrar estigmas históricos.

La ley provincial parte de un diagnóstico contundente: la salud mental se consolidó como una de las grandes pandemias del siglo XXI. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de mil millones de personas en el mundo atraviesan algún tipo de trastorno mental, una realidad que en Tucumán se expresa en el aumento de casos de adicciones, depresión y suicidios, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La pandemia de COVID-19 profundizó estas problemáticas, dejando secuelas que aún persisten.

A diferencia del debate que hoy se abre a nivel nacional, la normativa tucumana pone el acento en un enfoque comunitario, interdisciplinario y basado en derechos humanos. Establece un Plan Provincial de Salud Mental bajo la rectoría del Ministerio de Salud, prioriza la formación de recursos humanos, impulsa la georreferenciación de profesionales y crea una comisión interministerial que articula políticas entre Salud, Educación, Desarrollo Social, Seguridad e Interior. También conforma un Consejo Consultivo con colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los aspectos centrales de la ley es su decisión explícita de evitar la estigmatización. Reconoce el impacto de fenómenos contemporáneos como las redes sociales, el bullying y los discursos de odio —que afectan de manera particular a niños, adolescentes y adultos mayores— y promueve estrategias de prevención en ámbitos escolares, deportivos y laborales. Además, incorpora el programa “Volver a Casa”, orientado a la externación de pacientes internados por razones sociales, favoreciendo tratamientos ambulatorios y la reinserción comunitaria, desde un

modelo de atención no manicomializante.

El abordaje integral que propone Tucumán encuentra respaldo en los lineamientos elaborados por el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de Tucumán presentado a mediados de diciembre que incluye un informe específico sobre salud mental. Allí se subraya que estas problemáticas “deben ser abordadas desde la compasión, la comprensión y con recursos adecuados para mejorar la calidad de vida”, reconociendo su estrecha vinculación con la salud física, el trabajo y el entorno social.

El documento advierte que los primeros años de vida, la adolescencia y la vejez concentran altos niveles de vulnerabilidad. El consumo problemático de sustancias, las autolesiones y el suicidio en jóvenes, así como la depresión en adultos mayores, constituyen desafíos urgentes para la salud pública. En ese sentido, la Mesa de Ciencia y Tecnología de Tucumán (que propone la articulación entre universidades públicas y privadas y organismos de investigación como el Conicet y el INTA) plantea la necesidad de producir evidencia científica local: determinar la prevalencia de trastornos mentales en Tucumán, identificar factores de riesgo asociados y evaluar el impacto de los determinantes sociales en poblaciones vulnerables.

Desde el ámbito académico, se destaca que la Facultad de Psicología de la UNT desarrolla actualmente 18 proyectos de investigación vinculados a problemáticas actuales en salud mental, con foco en ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, conductas de riesgo en la adolescencia y las consecuencias psíquicas y sociales de la pandemia. Los resultados esperados, señala el informe, permitirán “mejorar el acceso a los servicios de salud mental y diseñar programas específicos de intervención”.

El contraste entre el debate nacional y la experiencia tucumana deja en evidencia dos miradas en tensión. Mientras el Gobierno nacional impulsa cambios que reabren discusiones sobre internaciones y dispositivos de encierro, Tucumán apuesta a fortalecer redes comunitarias, prevenir, investigar y garantizar derechos, con una mirada integral que busca cuidar sin señalar ni excluir. Una diferencia de enfoques que, lejos de ser técnica, interpela el modelo de sociedad que se pretende construir frente a uno de los desafíos sanitarios más complejos de la actualidad.