Los colegios privados tucumanos se sienten atrapados entre la necesidad de aumentar la cuota y el riesgo de más morosidad

El sistema educativo de gestión privada en Tucumán enfrenta un panorama crítico al inicio de la segunda etapa del ciclo lectivo, marcado por un preocupante incremento en la morosidad que ya supera el 15% respecto a los niveles históricos. Esta situación, que en algunas instituciones alcanza a la mitad de su población escolar, coincide con el anuncio de un nuevo ajuste en las cuotas para el mes de septiembre basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a fuertes críticas por la "insignificancia" y la carga burocrática de los vouchers educativos nacionales. Según Daniel Nacusse, delegado episcopal de Educación (foto inferior), las instituciones se encuentran en una encrucijada financiera donde la necesidad de actualizar aranceles para cubrir salarios amenaza con profundizar aún más el incumplimiento en los pagos.

El crecimiento de la deuda por parte de las familias encendió las alarmas en el Arzobispado. Nacusse explicó que, si bien es difícil establecer un promedio general, en los colegios parroquiales se registra un aumento de la morosidad que se sitúa un 15% por encima de lo habitual. Detalló que, sobre bases históricas que oscilaban entre el 20% y el 40%, hoy existen establecimientos donde “el 50% del alumnado tiene deuda”, de acuerdo a lo resaltado en una entrevista para el Ocho TV.

La problemática se concentró especialmente en el tramo transcurrido desde marzo de 2026. Al respecto, el delegado señaló: “Es como decir, bueno, tenemos por lo menos marzo, abril pagado, pero nos falta mayo, junio y julio”. Esta acumulación de meses impagos dificulta la planificación financiera de las entidades educativas, que dependen casi exclusivamente de estos ingresos para su funcionamiento.

Estrategias de cobro y planes de financiación

Frente a este escenario, los colegios intentaron implementar diversas metodologías para facilitar el cumplimiento, aunque con resultados limitados. Nacusse destacó que la prioridad es mantener el contacto con los tutores: “Nos interesa siempre recuperar el diálogo. Nos preocupa mucho la incertidumbre cuando de pronto un papá no solo no cumple, sino no aparece, no te dialoga, no te dice que le está pasando”.

Entre las medidas adoptadas, se gestionó una financiación especial a través de una entidad bancaria local para que los empleados públicos pudieran cancelar deudas mediante tarjeta de crédito en cuotas sin interés. Además, el delegado episcopal subrayó que cada institución maneja con flexibilidad el cobro de moras: “también la posibilidad de no ejercer presión con intereses. Eso lo vamos manejando cada uno de los colegios”.

A pesar de la alta morosidad, las instituciones prevén un nuevo ajuste en los aranceles para finales del trimestre. El mecanismo de cálculo ya está definido y se vinculará directamente con la inflación de los meses de invierno. “Septiembre es recién el otro aumento que tomaría el índice de precio del consumidor, el IPC de junio, julio y agosto. En lo que resultase de eso, va a ser aproximadamente el aumento”, precisó Nacusse.

Esta medida responde a una necesidad de supervivencia administrativa, aunque el delegado reconoció el riesgo que conlleva: “Es como que estamos atrapados. Por un lado, si no lo producimos al aumento, no pago correctamente los sueldos. Y cuando lo haga al aumento, yo sé que voy a generar un poco más de morosidad”.

La crítica a los vouchers nacionales

Finalmente, desde el sector educativo tucumano manifestaron su descontento con el programa de asistencia económica del Gobierno nacional. Nacusse fue tajante al evaluar el impacto de los Vouchers Educativos, señalando que esperan que el sistema mejore no solo en su implementación y carga de información, sino también en los montos otorgados. “Realmente lo que le entregan a los padres es insignificante”, sentenció el referente episcopal.

Cabe recordar que este programa nacional fue diseñado para subvencionar el 50% de la cuota de jornada simple de cada jurisdicción, siempre que las familias acrediten ingresos menores a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, techo que a mayo de 2026 se situó en $2.541.000. A pesar de que la inscripción ya finalizó y los pagos son canalizados a través de ANSES, la falta de información clara sobre los montos promedio para el presente ciclo lectivo y la complejidad burocrática del sistema restaron efectividad a la medida, que en años anteriores promedió cifras cercanas a los $10.000 por alumno, se estima que hoy rondaría los $40.000, montos extraoficiales, resultando insuficientes ante la escalada de costos actual.