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En la jornada de ayer la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por presunto lavado de activos que investiga si la casaquinta de Pilar (Buenos Aires), valuada en U$S 17 millones, fue comprada por supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe salir del fuero en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y volver al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
El máximo tribunal penal federal del país estableció que la investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional, en resguardo de la garantía constitucional del juez natural “y de una buena y pronta administración de justicia”.
Ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, “sin dilaciones”, lo remita otra vez al juzgado federal “de oportuna y previa intervención”, es decir, el de Campana a cargo de González Charvay.
La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña con disidencia de Alejandro Slokar, quien se pronunció por declarar el recurso “inadmisible” por motivos formales (no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal) aunque coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal y resulta ajeno al penal económico.
La investigación por presunto lavado de dinero vinculada a esa propiedad de Pilar y otros bienes de lujo, corresponde así al ámbito de la Justicia Federal, según el fallo de 83 carillas.
