
La muerte del joven anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado sin vida en su departamento de la calle Juncal al 600, en el barrio porteño de Palermo, desencadenó una investigación que podría revelar una red de uso ilegal de medicamentos hospitalarios. El médico, de 29 años y oriundo de Mendoza, fue encontrado con una vía conectada en su pierna y frascos de propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso exclusivo en ámbitos médicos que, en altas dosis, pueden resultar mortales.
Zalazar se encontraba realizando su residencia en anestesiología en el Hospital Gutiérrez y también tenía vínculos laborales con otras instituciones de salud, entre ellas el Hospital Rivadavia. La autopsia determinó que el cuerpo llevaba varios días sin vida y reveló signos compatibles con una sobredosis, con cuadros de edema pulmonar y meningoencefálico. En el lugar también se halló una bomba de infusión, dispositivo utilizado para administrar drogas de forma intravenosa.

A partir del hallazgo, la investigación comenzó a centrarse en el posible origen de los medicamentos. Los investigadores sospechan que los anestésicos podrían haber sido sustraídos del Hospital Italiano, institución donde se inició un sumario interno por el presunto robo y comercialización de fármacos. En ese contexto, dos profesionales de la salud, Hernán Boveri y Delfina Lanuse, fueron imputados y quedaron bajo investigación.
La causa también busca determinar si esos medicamentos eran utilizados en encuentros privados conocidos como “Propo Fest”, donde algunos profesionales habrían ofrecido experiencias denominadas “viajes controlados” mediante la administración de estas sustancias. La Justicia intenta establecer si existía una red de desvío y uso recreativo de anestésicos provenientes de hospitales, una práctica que podría extenderse a otros centros de salud.