
El dramático episodio comenzó a gestarse durante la mañana del 5 de abril de 2026 cuando los servicios de emergencia de la ciudad de Comodoro Rivadavia acudieron de urgencia a una vivienda del Barrio Zonas de Quintas tras recibir un alerta sobre un menor con graves dificultades respiratorias. Al arribar al lugar, los uniformados y el personal médico encontraron al pequeño Ángel López, de apenas 4 años, completamente descompensado, momento en el cual su progenitora, Mariela Beatriz Altamirano, procedió a relatar una primera versión de los hechos que buscaba despejar cualquier tipo de sospecha sobre un posible crimen.
Según reconstruyeron los efectivos policiales en aquel momento, la mujer argumentó que se encontraba tomando mates en otro sector de la casa cuando notó que el niño se había orinado, por lo que decidió cambiarlo y acostarlo nuevamente. En su relato a las autoridades, la madre aseguró que minutos después se percató de que su hijo no respiraba con normalidad y, presa de la desesperación, intentó reanimarlo realizando maniobras de compresión y golpes en la espalda durante más de media hora antes de decidirse a solicitar ayuda médica, justificando su accionar al afirmar que la situación la había tomado por sorpresa ya que el menor no presentaba enfermedades previas.
Sin embargo, la fría coartada se derrumbó por completo tras conocerse los escalofriantes resultados de la autopsia practicada por la médica forense Eliana Bévolo, quien dictaminó que la causa de muerte derivó de un gran edema cerebral generalizado. Las pericias oficiales confirmaron la existencia de más de 20 lesiones internas en la cabeza de la víctima generadas de manera voluntaria, un cuadro desgarrador que los investigadores asocian preliminarmente con el letal síndrome del sacudón, a la espera de estudios complementarios en la retina que terminen de ratificar el extremo nivel de violencia física al que fue sometido el pequeño de manera sistemática.
Ante este contundente escenario probatorio que evidencia un claro círculo de violencia doméstica, la Justicia resolvió dictar seis meses de prisión preventiva para Altamirano bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo mediante la modalidad de omisión. Asimismo, su actual pareja, Michel González, quien posee conocimientos en artes marciales y arrastra graves denuncias previas por violencia de género, recibió seis meses de prisión domiciliaria mientras los funcionarios judiciales Facundo Oribones y Diana Guzmán continúan profundizando una investigación que además sacó a la luz que la principal acusada ya había perdido la tenencia de otro de sus hijos en la provincia de Misiones tras repetidos episodios de maltrato.