Denuncian persecución policial y censura a trabajadores de publicidad en Tucumán

Las agencias y empresas dedicadas a la publicidad en la vía pública en Tucumán manifestaron su profunda preocupación por el accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia y denunciaron una serie de operativos destinados a amedrentar a los trabajadores del sector. Según advirtieron a través de un comunicado de prensa, esta situación se sostiene desde hace al menos dos meses y atenta directamente contra el libre ejercicio del trabajo y la libertad de expresión.

El reclamo lleva las firmas de Asesores Group, empresa tucumana de comunicación, publicidad y marketing. Según la organización, el personal encargado del pegado de afiches y cartelería está siendo víctima de retenciones arbitrarias e interrogatorios intimidatorios en las calles. Estas acciones policiales afectan tanto el desarrollo de campañas de carácter comercial privado como aquellas de estricta índole política.

Para graficar la gravedad institucional de la situación, la empresa expuso el reciente testimonio de un operario que fue interceptado por efectivos de la Brigada de Investigaciones tras finalizar su jornada laboral. Bajo el pretexto de realizar un control dominial y una averiguación de antecedentes, los agentes le exigieron al trabajador que guardara su teléfono celular dentro del vehículo y lo obligaron a permanecer incomunicado para evitar que tomara contacto con la empresa.

“Lejos de limitarse a la identi cación personal de rutina, los agentes sometieron al operario a un exhaustivo interrogatorio sobre la estructura interna de la firma contratante, exigiendo datos sobre direcciones, modalidades de registro laboral, origen del material y tipo de clientes”, denunció Asesores Group. El episodio alcanzó su punto de mayor gravedad al momento de liberar al trabajador, cuando los efectivos le dieron la "recomendación" explícita de que se abstuviera de realizar fijaciones de contenido político en la vía pública.

Finalmente, la empresa calificó estos episodios como un intento de condicionar el trabajo. “Este accionar, que se reitera de manera sostenida desde hace 60 días, representa un condicionamiento flagrante a la labor comercial de las empresas del sector y un acto inaceptable de censura previa sobre los contenidos publicitarios y políticos”, concluyó.