Contribuyentes tucumanos falsearon su domicilio fiscal y ARCA los intima al pago de más de $162 millones

En un procedimiento de control, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Aduana de Tucumán, puso al descubierto una maniobra de evasión administrativa por parte de numerosos contribuyentes locales. Ante la imposibilidad de localizarlos en las direcciones declaradas, el organismo procedió a la notificación masiva por edicto para exigir el cobro de una suma total que supera los $162.775.000. La medida busca regularizar cargos adeudados por infracciones que, en algunos casos, alcanzan cifras individuales millonarias, bajo la advertencia de aplicar severas sanciones operativas y patrimoniales.

El edicto oficial, que lleva la firma de Osvaldo Javier Acosta, Administrador de Aduana, aclara que la publicación se realiza "de conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero", debido a la "falta de domicilio cierto de los infractores". Esta situación llevó a la Aduana a formular cargos de manera pública, intimando al pago inmediato de los montos adeudados.

La gravedad de la situación radica en que el incumplimiento no solo implica una deuda monetaria, sino que activa mecanismos coercitivos previstos en la normativa vigente. Según el documento oficial, "la no cancelación de la deuda intimada, implicará la aplicación del Art. 1122 del Código Aduanero y sus subsiguientes".

El relevamiento de las deudas arroja una disparidad notable en los montos, reflejando la diversidad de las infracciones cometidas:

• Los cargos más elevados: El podio de las deudas está encabezado por Pablo Daniel Ponce, con una suma de $30.878.075,91, seguido de cerca por Emilce Anahí Verón, a quien se le reclama un pago de $27.910.859,47. En tercer lugar se ubica Gustavo Adolfo Bulau, con una deuda de $14.506.050,72.

• Las sumas de menor valor: En el extremo opuesto de la lista, se encuentran contribuyentes con cargos significativamente menores, como Miguel Ángel Mamani Cruz, con una deuda de $56.078,32, y Noemí Blanca Loza, con un cargo de $127.742,92.

Vale señalar que, en total, son 59 los contribuyentes apercibidos, distribuidos en 84 expedientes, puesto que varios de ellos poseen más de una infracción.

Embargos y suspensiones

Para contextualizar el riesgo que corren los infractores, el Código Aduanero es taxativo en su Artículo 1122. Este establece que, si no se cancelan los tributos y multas dentro de los 15 días de quedar ejecutoriado el acto, el administrador tiene la facultad de avanzar con medidas drásticas:

El administrador procederá: "a) a suspender el libramiento de la mercadería que se encontrare a nombre, por cuenta o que fuere de propiedad de los deudores"; "b) a embargar la mercadería que se hallare en jurisdicción aduanera (...) en cantidad suficiente para cubrir la misma" y "c) a suspender en el registro correspondiente al deudor, garante o responsable que estuviere inscripto en alguna de las matrículas cuyo control se encontrare a cargo del servicio aduanero".

Estas sanciones no solo afectan el patrimonio inmediato del infractor, sino que bloquean por completo su capacidad de operar en el comercio exterior, representando un golpe letal para cualquier actividad productiva o comercial vinculada a la aduana.

Los involucrados cuentan con un plazo de 10 días hábiles para impugnar las liquidaciones ante la sede de la Aduana de nuestra provincia, ubicada en calle San Martín 610, tras lo cual las sanciones previstas por el artículo mencionado comenzarán a ejecutarse de forma efectiva.