Por un paro ilegal en el ingenio Concepción, la Justicia suspendió en sus labores al dirigente gremial azucarero Andrés Galván

La justicia de Tucumán, a través de la Oficina de Gestión Asociada del Trabajo N°2, bajo la titularidad de Carlos Alberto Frascarolo, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el "Complejo Azucarero Concepción SA (CAC)" y determinó la suspensión de las funciones llevadas a cabo en el ingenio por parte de una serie de empleados que, en plena campaña de la zafra durante junio del año pasado, concretaron una medida de fuerza paralizando totalmente las actividades productivas en el lugar y poniendo en serio riesgo, tanto las instalaciones, como así también la seguridad del resto del personal dependiente de la empresa.

Los obreros sobre los que recayó la sanción son: Andrés Ceferino Galván, Ramón

Ariel Jiménez, Cecilio Arnaldo Melian, Luis Alberto Moyano, Juan Carlos Medrano

y Franco Martín Galván, siendo el primero de ellos uno de los referentes máximos del Sindicato de Obreros Fábrica y Colonias Ingenio Concepción (nucleado a FOTIA). Vale resaltar que la medida dispuesta no afecta la percepción normal y habitual de

las remuneraciones de los individuos sancionados.

En el fallo en cuestión, el magistrado tomó como válida la postura asumida por el representante legal del CAC, Julio Manuel Argota, quien en la denuncia efectuada sostuvo que los implicados "comenzaron de manera abrupta e ilegítima una medida de fuerza y luego con un paro total en la planta fabril de la empresa, en plena época de zafra, a pesar de que se encontraba vigente la conciliación obligatoria dispuesta por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo".

Daño a la productividad

Asimismo, en los considerandos de la sentencia se asienta que "se encuentra sumariamente acreditado el actuar doloso y violatorio de la ley por parte de los demandados, integrantes del sindicado mencionado, lo que evidencia un peligro para la seguridad de la planta fabril, las personas que trabajan en la empresa y

los usuarios de servicio o bienes de la empresa".

En paralelo, la medida cautelar, que fuera concedida por la justicia, también está motivada porque, de acuerdo a lo esgrimido por el letrado, " existe un peligro potencial de afrontar un nuevo paro de la planta en la próxima zafra azucarera de este año, con el temor fundado de que los demandados vuelvan a actuar con el dolo y la intención de dañar a la productividad del ingenio Concepción, ante una posible y mínima diferencia de opiniones en una nueva paritaria. La paralización total de la

producción azucarera del ingenio Concepción, podría generar nuevamente daños

irreparables o de difícil reparación".

El magistrado, sostuvo en sus fundamentos que encuentra acreditado que, el 4 de junio de 2024, se dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de quince días, en el marco de un conflicto salarial azucarero entre la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA), la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), sus sindicatos adheridos (entre ellos, el Sindicato de Obreros Fábrica y Colonias Ingenio Concepción), y las empresas representadas por el Centro Azucarero Regional del Tucumán (entre ellas, el Ingenio Concepción).

"Asimismo, se encuentra acreditado que el 08/06/2024 se produjo un paro total de la planta fabril del Ingenio Concepción durante la etapa de zafra, lo que habría generado un impacto económico y material en la actividad desarrollada", aseguró Frascarolo.

Sin excusas defensivas

Además, el juez dejó en claro que la protección de la tutela sindical con la que cuenta Galván no impide que se tomen medidas al respecto, debido a la magnitud de los hechos que se sucedieron y las formas en las que se llevaron a cabo las acciones de protesta encaradas por los empleados mencionados, que fueron dirigidos y liderados por el propio Andrés Galván. En este sentido, el juez interviniente indicó que la disposición adoptada "está dirigida para las inconductas que ocurran sin conexión alguna con acciones colectivas y no para suprimir los trastornos y pérdidas que son consecuencia normal del ejercicio de presión sindical".

Relacionado a ello, el magistrado consideró viable la posibilidad de que el empleador peticione la medida cautelar de suspensión de la prestación de servicios, "al momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa (trabajadores, consumidores, proveedores, usuarios, etc.), los bienes ya sean éstos materiales o inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o el eficaz funcionamiento de ésta siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad".