El futuro de los biocombustibles en debate: entre la desregulación de mercado y la protección de la industria sucroalcoholera del NOA

La discusión sobre los incentivos para la producción de biocombustibles apuesta a volver a ocupar un lugar central en la agenda legislativa, tras casi 20 años de un régimen que consolidó al sector como un eslabón relevante de las cadenas agroindustriales, pero que enfrenta tensiones por sus costos fiscales y la falta de competencia. En la actualidad, el mercado del bioetanol se divide en partes iguales entre la caña de azúcar (6%) y el maíz (6%) para cumplir con el corte obligatorio del 12% en naftas. Sin embargo, un informe de la Fundación Mediterránea-IERAL , al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, advierte sobre trayectorias divergentes: mientras la producción a base de maíz aumentaría un 38% entre 2017 y 2025, la de caña de azúcar cerrará este año con una caída acumulada del 7%, lo que modificó el peso relativo de las materias primas a una relación de 60% para el grano y 40% para la industria sucroalcoholera.

El régimen argentino se asienta hoy sobre la Ley 27.640, que establece un mercado altamente regulado con precios fijados por la Secretaría de Energía y cupos asignados por la autoridad. Para el sector cañero, esto representa un "techo efectivo", ya que la producción prácticamente se restringe al volumen obligatorio debido a que “las exportaciones de bioetanol han sido siempre muy marginales, no mayores al 2-3% de la producción”.

El documento resalta que la estructura territorial del bioetanol de caña tiene su núcleo en la Región del NOA, donde Tucumán lidera con el 56% de la producción, seguido por Salta y Jujuy. En términos de precios, el Estado suele utilizar la fijación administrativa para segmentar el mercado; por ejemplo, “en noviembre de 2025 se reconoce un precio mínimo que es 9,1% mayor para los productores de etanol en base a caña que para los que elaboran el biocombustible en base a maíz”. Según el IERAL, estas herramientas rudimentarias de protección “distorsionan señales económicas, reducen presión competitiva” y terminan encareciendo el precio final de los combustibles.

La principal crítica que recae sobre el marco regulatorio vigente es la ausencia de rivalidad entre firmas, producto de un número fijo de empresas habilitadas y la asignación de cupos "a prorrata" de la capacidad instalada. El informe es tajante al señalar que “el sistema genera baja rivalidad entre productores. Su consecuencia más negativa es que reduce los incentivos para invertir en nueva tecnología, innovar, mejorar procesos y reducir costos”.

Además, se advierte que la industria padece una "dependencia del segmento regulado", sin haber logrado generar un consumo voluntario relevante. En este sentido, el documento reflexiona que, tras dos décadas, la prioridad debe cambiar: “ya no es crear industria, sino inducir aumentos en la eficiencia. Migrar a condiciones de más competencia. Pasar de un régimen promocional tutelado a un régimen competitivo y estable”.

Propuestas legislativas en pugna

Existen dos proyectos principales en el Congreso para reformar este esquema. Por un lado, el proyecto de la "Liga Bioenergética" (impulsado por provincias productoras como Tucumán, Salta y Córdoba) propone elevar el corte al 15% (E15) de forma gradual y “mantiene la segmentación caña-maíz en el volumen obligatorio” mediante un sistema de licitaciones con precios máximos. Su espíritu es “sostener el desarrollo regional cañero y maicero” y evitar la entrada de las petroleras al núcleo del negocio.

Por el otro, el proyecto del oficialismo plantea un régimen más liberalizado. Aunque coincide en el aumento del corte al 15% para 2027, propone que para 2031 el mercado sea completamente libre, eliminando la asignación por cupos históricos y la segmentación caña-maíz. Según el oficialismo, “los precios serán libremente pactados” tras un periodo de transición, habilitando incluso las importaciones si el precio interno supera al internacional.

Desde el punto de vista técnico, elevar el corte al 15% es viable, ya que constituye un nivel “drop-in”, aplicable de manera inmediata en el parque automotor existente sin requerir modificaciones en los motores. Sin embargo, esta medida conlleva un impacto fiscal: “elevar los cortes obligatorios al 15% tanto en bioetanol como en biodiesel implicaría, para 2026, un costo adicional del orden de los $245 mil millones, equivalente al 0,02% del PBI”.

En conclusión, el IERAL recomienda una revisión crítica de la experiencia acumulada para identificar alternativas que balanceen la competencia con la previsibilidad del régimen. Dado el deterioro de la gestión pública, el informe sugiere priorizar “mecanismos simples, transparentes y automáticos” para evitar que la intervención estatal cristalice ineficiencias o discrecionalidad en un sector estratégico para el desarrollo del Norte argentino.