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Un relevamiento comparativo elaborado por la Fundación Libertad sobre los presupuestos provinciales de 2026 volvió a colocar a Tucumán entre las jurisdicciones donde el funcionamiento del Poder Legislativo tiene mayor peso sobre las cuentas públicas. Tras los informes que durante 2025 ya habían ubicado a la Legislatura tucumana entre las más costosas del país, el nuevo estudio revela que este año dispone de $182.504 millones y que esos recursos representan el 3,66% del presupuesto total de la Provincia, la proporción más elevada entre los 24 distritos analizados.
El dato adquiere mayor dimensión al observar el panorama nacional. Las 24 jurisdicciones argentinas destinan en conjunto $1.835.300 millones al funcionamiento de sus poderes legislativos durante 2026. De ese total, casi uno de cada diez pesos corresponde a Tucumán, que cuenta con una Legislatura unicameral integrada por 49 representantes.
En términos absolutos, los $182.504 millones colocan a la Cámara tucumana entre las estructuras legislativas con mayor presupuesto del país. Solamente la provincia de Buenos Aires, con $379.004 millones; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $204.092 millones; y Santa Fe, con $191.813 millones, tienen asignaciones superiores.
La particularidad es que las tres jurisdicciones que anteceden a Tucumán cuentan con estructuras de mayor dimensión. Buenos Aires y Santa Fe, además, mantienen sistemas bicamerales, mientras que la Legislatura tucumana funciona con una sola cámara.

Según el informe, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la diferencia más significativa aparece cuando el gasto legislativo se relaciona con el presupuesto general de cada distrito. En Tucumán, los $182.504 millones asignados a la Legislatura representan el 3,66% de las erogaciones provinciales previstas para este año, según el informe. Se trata del porcentaje más alto entre las 24 jurisdicciones. Detrás aparecen Catamarca, con un 2,64% de su presupuesto destinado al Poder Legislativo, y Chaco, con un 2,22%. El promedio nacional se ubica considerablemente por debajo: las legislaturas representan en conjunto el 1,15% de los presupuestos provinciales.
De esa manera, la participación del Poder Legislativo dentro de las cuentas tucumanas supera en más de tres veces el promedio registrado en el país.
La Fundación Libertad incorpora otra comparación para dimensionar el volumen de esos recursos. Los $182.504 millones presupuestados para la Legislatura equivalen al 43% de todos los gastos de capital contemplados por la Provincia para 2026, calculados en $421.862 millones.
La relación no supone que ambas partidas sean equivalentes ni intercambiables, debido a que corresponden a finalidades presupuestarias diferentes, pero permite establecer una referencia sobre la magnitud de los fondos destinados al funcionamiento legislativo.
La postura de Acevedo sobre el rol de la Legislatura
Frente a los cuestionamientos sobre los recursos destinados al Poder Legislativo, el vicegobernador y presidente de la Cámara, Miguel Acevedo, ha defendido un modelo en el que la actividad de la Legislatura no queda limitada a la sanción de leyes, sino que comprende acciones vinculadas al desarrollo humano, la articulación con el sector privado y el acompañamiento a distintos sectores de la provincia.
“Nosotros desde el comienzo de gestión nos propusimos gobernar para Tucumán, para todos los tucumanos y tucumanas y en ese sentido el acompañamiento de la Legislatura, teniendo y respetando la independencia de poderes, nos pusimos a trabajar en lo que nosotros creemos y queremos que es el desarrollo humano”, sostuvo Acevedo.
En esa línea, el vicegobernador remarcó que el trabajo de la Cámara comprende acciones que exceden la tarea estrictamente parlamentaria: “No tan solo legislando, no tan solo con las leyes, sino con las acciones también que desarrollamos desde la Legislatura”.
Acevedo también puso el acento en la articulación con el sector productivo y privado. “Nosotros, como Estado, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que la industria y las empresas privadas se desarrollen. Desde la Legislatura estamos teniendo una participación activa y como siempre abiertos a escuchar lo que haga falta a las industrias, las empresas, el desarrollo de Tucumán”, señaló.
Panorama nacional
Un gasto de $1,84 billones en todo el país
El trabajo de la Fundación Libertad abarca las estructuras legislativas de las 24 jurisdicciones argentinas. En total existen 32 cámaras, debido a que ocho provincias —Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y San Luis— conservan sistemas bicamerales.
El presupuesto global destinado a su funcionamiento alcanza los $1.835.300 millones durante 2026.
La provincia de Buenos Aires concentra el mayor monto nominal, con $379.004 millones para una estructura integrada por 92 diputados y 46 senadores. CABA aparece a continuación con $204.092 millones y Santa Fe, que cuenta con 50 diputados y 19 senadores, destina $191.813 millones.
Tucumán se ubica inmediatamente después, con $182.504 millones para el funcionamiento de su Cámara.

El estudio también realiza una estimación a partir de la división del presupuesto de cada Legislatura por su cantidad de representantes. Bajo esa metodología, Tucumán aparece en el primer lugar de la comparación nacional. Sin embargo, se trata de un indicador construido para comparar jurisdicciones y no del dinero que percibe o que puede atribuirse individualmente a cada legislador, ya que los presupuestos analizados comprenden el funcionamiento integral de las cámaras.
Respecto al peso presupuestario relativo, el gasto legislativo promedio en la Argentina representa el 1,15% de las erogaciones provinciales. En el desglose de comparaciones por jurisdicción, CABA destina 204.092 millones de pesos a su Legislatura, importe equivalente al 20% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Por su parte, la provincia de Buenos Aires asigna 379.004 millones de pesos a su Poder Legislativo, monto nueve veces mayor al presupuesto del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y 5,3 veces superior al del Ministerio de Economía bonaerense.
En las provincias donde la información pública se encuentra disponible, la participación promedio del gasto en personal alcanza el 84% del presupuesto legislativo total, abarcando dietas, secretarías, asesores y planta permanente y transitoria. Las provincias con mayores porcentajes destinados a salarios y contrataciones son Río Negro con el 95%, Formosa con el 94,2%, y Mendoza junto a Santa Cruz con el 94%. En contraposición, los menores ratios se registran en Santa Fe con el 64,6%, San Luis con el 72,9% y CABA con el 73,2%.
En lo que refiere a la cantidad de empleados por parlamentario, el promedio nacional se ubica en 27 trabajadores por banca. La provincia de Corrientes lidera la nómina con 3.234 trabajadores en total, lo que representa una relación de 72 empleados por cada legislador, seguida por Chaco con 70 y Formosa con 62. En el extremo inferior se posicionan San Luis con 2 empleados por legislador, Santiago del Estero con 5 y Córdoba con 8.

Comparativa internacional
Al contrastar los números locales con las Comunidades Autónomas de España, el reporte expone que el gasto total del conjunto de las legislaturas españolas asciende a 446 millones de euros, equivalentes a 761.166 millones de pesos argentinos al tipo de cambio oficial de cierre de 2025. Esto implica que el gasto legislativo de la Argentina es 2,41 veces superior al del país europeo. De manera individual, un legislador español cuesta un promedio de 628 millones de pesos al año, frente a los 1.531 millones del promedio argentino. Mientras en España el Poder Legislativo insume el 0,15% de los presupuestos regionales, en la Argentina la participación es 7,9 veces mayor. En casos específicos, el costo de un legislador en Tucumán con 3.725 millones de pesos supera en 6,2 veces al de la Región de Murcia en España, fijado en 601 millones de pesos.
Al evaluar las conclusiones generales de la publicación, la Fundación Libertad sostiene que "los resultados del informe vuelven a poner de manifiesto la necesidad de revisar y reducir el gasto de las legislaturas provinciales. Los recursos asignados a esta función resultan elevados tanto al compararlos con otras partidas dentro de los propios presupuestos provinciales como al contrastarlos con parámetros internacionales. Esta desproporción también se advierte cuando el nivel de gasto se relaciona con la cantidad y la calidad de los proyectos legislativos presentados y aprobados".
En el cierre del análisis, la entidad de investigación concluye: "En el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen. Quienes integran las cámaras provinciales tienen la responsabilidad de promover y encabezar esta transformación, dando respuesta a una demanda de mayor austeridad y eficiencia ampliamente extendida en la sociedad".