Tras detectar graves irregularidades, la IGJ pidió designar veedores oficiales en la AFA

La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la designación de veedores oficiales en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y la conducción de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia y que tiene como principal ladero a Pablo Toviggino.

La presentación fue realizada ante el Ministerio de Justicia de la Nación luego de que la AFA incumpliera el plazo fijado para ampliar documentación contable requerida por el organismo de control.

Según fuentes oficiales, la medida apunta a acceder a información que no fue presentada en tiempo y forma. El pedido, firmado por el titular de la IGJ, Daniel Roque Vítolo, busca establecer una veeduría sobre los estados contables cerrados a mediados de 2025, la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA) y diversas relaciones comerciales de la institución.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que el avance se fundamenta en la “gravedad de las irregularidades detectadas”, aunque Vítolo aclaró públicamente que la intervención “no implica sanción ni prejuzgamiento alguno”, sino el ejercicio de las facultades de fiscalización previstas por la ley. “La única finalidad es contar con información completa y verificable para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”, afirmó.

La iniciativa de la IGJ se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional respecto de la conducción del fútbol argentino. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) promovió a fines del año pasado una denuncia en el fuero penal económico por presunta evasión fiscal. En esa causa fueron citados a indagatoria Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por un monto estimado en $7.593.903.512.

Alcance de la veeduría

De acuerdo con la presentación, los veedores deberán elaborar un informe detallado sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, incluyendo el cumplimiento de obligaciones impositivas, aportes y contribuciones previsionales. También deberán auditar toda la documentación vinculada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la UNAFA, así como las operaciones patrimoniales y financieras relacionadas, entre ellas adquisiciones, contrataciones y convenios con terceros.

El requerimiento se extiende además a las relaciones comerciales con la firma TourProdEnter LLC y con Sur Finanzas S.A., incluyendo sociedades vinculadas y operaciones concertadas. En particular, se solicita un análisis de los montos percibidos por la comercialización de derechos, las rendiciones de cuentas correspondientes y el detalle de remesas enviadas o recibidas desde el exterior.

Para cumplir con esas tareas, los veedores deberán contar con facultades para revisar libros contables, documentación respaldatoria y todo soporte documental vinculado a las operaciones bajo análisis.

La disputa por la jurisdicción

En declaraciones públicas, Vítolo recordó que la IGJ rechazó recientemente la inscripción de un cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires, por considerar que la mudanza invocada no cumplió con las formalidades legales. Según el funcionario, se declaró una sede social “falsa”, dado que la administración de la entidad continúa funcionando en la calle Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la AFA sigue bajo la órbita de control de la IGJ.

El conflicto se remonta a diciembre pasado, cuando la IGJ intimó por primera vez a la entidad a presentar determinada documentación. Tras una primera entrega, el organismo consideró insuficientes las respuestas y exigió precisiones adicionales sobre el destino de aproximadamente 450 millones de dólares consignados en balances desde 2017 a 2024. Las dudas se centran en 111 millones correspondientes a la AFA y 348 millones vinculados a la Superliga, incluyendo composición de deudas e inversiones realizadas.

El último plazo otorgado venció esta semana. Mientras la Superliga presentó la información solicitada, la AFA no cumplió con la ampliación requerida, lo que motivó la decisión de avanzar con la solicitud de veedores.

Fuente: La Nación